Decidido a darle épica al Pacto de Mayo que anunció con toda pompa en la Asamblea Legislativa, Javier Milei explora mecanismos para modificar la ley que rige la significativa condecoración de la Orden de Mayo que sólo se entrega a extranjeros para poder entregársela a los gobernadores que se plieguen a su convocatoria. Busca darle mayor institucionalidad a la ceremonia y premiar a los que se plieguen, pero también presionar o castigar a los dirigentes que están decididos a darle la espalda o dudan sobre la conveniencia de aceptar la invitación a formar parte de su gesta.
A medida que el ajuste se siente con más fuerza, aunque no crea en la política ni en el Estado, Milei ansía posicionarse como garante de la firma de un gran acuerdo nacional más allá de los colores políticos y los partidos. La cita, como reveló en su discurso del 1ro de marzo, será en Córdoba (la locación exacta aún no se consensuó), el 25 de mayo, con los gobernadores que se plieguen y la presencia de invitados de los niveles más altos de la dirigencia nacional.
Aún faltan siete semanas, ni siquiera se inició el debate en el Congreso de la nueva Ley Bases, que condiciona el “pacto”, y nadie en el espectro político confirmó participación con todas las letras. Sin embargo, en la Casa Rosada preparan los detalles del evento. La principal encargada es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se encuentra de viaje oficial con su hermano en Estados Unidos pero enviará en los próximos días una comitiva de colaboradores de su área en un viaje de avanzada a Córdoba para coordinar con el gobernador peronista anti-k, Martín Llaryora, que bajó el tono a las recriminaciones al oficialismo desde que lo designaron como anfitrión del acto.
La Orden de Mayo -inicialmente llamada Orden al Mérito- tiene un peso institucional sólo comparable con la Orden del Libertador San Martín. Se otorga a “ciudadanos civiles o militares extranjeros que se hayan distinguido por sus servicios y obras personales y merezcan la gratitud de la Nación”.
Fue creada, fue creada durante el primer gobierno de Perón, y luego, en 1957, modificada por Pedro Eugenio Aramburu para que se otorgue a aquellos que “con su esfuerzo contribuyen al progreso, al bienestar, a la cultura y al buen entendimiento y solidaridad internacionales (cuyos) fines coinciden con los ideales de los hombres de Mayo, iniciadores de la grandeza argentina (y) forjadores de nuestra nacionalidad”. La ley indica que es sólo para funcionarios extranjeros, por lo que preparan un proyecto para modificarla. Julio Cobos había presentado un proyecto en 2021 para exigir requisitos más específicos y evitar que la lista de condecorados, principalmente formada por diplomáticos extranjeros, se entregue con liviandad.
Los mecanismos para la entrega de la Orden están previstos en la misma ley, donde se determina que los encargados de decidir a quién se homenajea son los miembros del “Consejo de la Orden”: el Presidente, en calidad de “Gran Maestre de la Orden”; el ministro de Relaciones Exteriores o ”Gran Canciller” (sería Diana Mondino) y su par de Defensa, Luis Petri. Cobos había pedido que, una vez tomada la decisión, el Consejo estuviera obligado a remitir a todos los senadores y diputados una copia de la Orden para poner a su disposición los antecedentes e información en su poder. Y que los legisladores tuvieran un plazo de diez días para observar “las calidades y méritos” de la persona propuesta, y luego remitirlos a la autoridad de aplicación correspondiente, quien sería la encargada de realizar el descargo y de continuar o no con dicha postulación.
Los diplomas se distinguen entre “Al Mérito”, “Al Mérito Militar”, “Al Mérito Naval” y “Al Mérito Aeronáutico”, y tiene varios títulos y grados: “Collar”, “Gran Cruz”, “Gran Oficial”, “Comendador”, “Oficial” y “Caballero”. Y los miembros del Consejo también pueden retirarla. Por caso, Alberto Fernández se la había quitado, el año pasado, a Augusto Pinochet, como gesto por el 50 aniversario del golpe militar chileno contra Salvador Allende.
No hay una fecha prevista para avanzar con los cambios en el decreto 16.629, pero Balcarce 50 estaban entusiasmados con la iniciativa. Creen que servirá para imprimirle más formalidad al Pacto de Mayo, pero sobre todo para forzar a los gobernadores más críticos del Presidente, Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Isfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Zilliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
En cambio, no dudan del acompañamiento de los aliados de Juntos por el Cambio, que estuvieron en la Casa Rosada con el ministro del Interior, Guillermo Francos, la semana pasada para ajustar la letra fina de la ley Ómnibus recortada y probablemente instruyan a los legisladores que les responden directamente para que levanten la mano. Los líderes de fuerzas provinciales, como el misionero Hugo Passalacqua o el neuquino Rolando Figueroa están aún en una zona gris.
En definitiva, con la condecoración de la Orden de Mayo modificada, el Gobierno buscará marcar una línea divisoria basada en el clivaje del relato relato que construye ante la opinión pública, entre los “argentinos de bien” (funcionarios libertarios y la parte de la dirigencia que opte por respaldarlos), y la “casta” (aquellos que los resistan o muestren disidencias).
