La justicia federal puso en la mira a Juan Grabois tras una denuncia presentada por el abogado Jeremías Rodríguez, quien lo acusa de liderar una supuesta asociación ilícita para la malversación de fondos en el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). La jueza federal María Servini y el fiscal Carlos Stornelli comenzaron la investigación en torno al dirigente social, que esta semana podría derivarse al juez Ariel Lijo, quien lleva adelante otras causas contra Grabois.
La denuncia, mediatizada por Noticias Argentinas, sostiene que Grabois habría usado su influencia política para gestionar un esquema similar al de la Causa Vialidad, en la que fue condenada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El denunciante asegura que el ex candidato presidencial habría favorecido a sus allegados sin dejar evidencia documental directa, replicando el modelo por el cual se cuestionó a la ex mandataria.
Qué es el FISU
La relación de Grabois con el FISU se remonta a octubre de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se promulgó la ley 27.453 de “Régimen de Regulación Dominial para la Integración Socio Urbana”. Esta ley autorizaba la creación de un fideicomiso para financiar la urbanización de barrios populares. En 2020, ya bajo el gobierno de Alberto Fernández, se asignó un porcentaje del impuesto PAÍS al FISU, aumentando así sus recursos para las obras de infraestructura en asentamientos.
Rodríguez señala que, tras esta reestructuración del FISU, se designó a Fernanda Ramona Miño, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos y vinculada a Grabois, para administrar los recursos del fondo, cuyo presupuesto supera los mil millones de dólares. En este contexto, surgieron varios programas, como el Plan Nacional de Suelo Urbano, que captaron importantes partidas presupuestarias.
Ejes de la denuncia
En su denuncia, Jeremías Rodríguez detalla un supuesto esquema de desvío de fondos públicos con el objetivo de consolidar una red de organizaciones afines a Juan Grabois, al tiempo que enriquece a sus integrantes. Para Rodríguez, Grabois se habría beneficiado de la falta de control institucional sobre el FISU, facilitando la discrecionalidad en la asignación de recursos y promoviendo una estructura destinada a afianzar su base política.
Uno de los casos presentados en el escrito de 84 páginas se centra en Diego Motto, referente de Grabois en la ciudad de Luján, quien gestionó el Programa de Lotes con Servicios para el acceso a tierras de vivienda social. Según la denuncia, el proyecto se paralizó, y los fondos asignados para obras nunca fueron justificados ni devueltos al Estado. Asimismo, en el domicilio particular de Motto, ubicado en la calle Rawson 1337, figuran registradas dos cooperativas que recibieron contratos del FISU: "Vencedores Vencidos Ltda" y la "Cooperativa de Provisión de Servicios para Artesanos A.CCA.SO." Estas organizaciones, según Rodríguez, no habrían cumplido con las tareas para las cuales recibieron fondos públicos.
La denuncia también incluye la compra por parte de Motto, junto a su hermana, de un terreno de casi 17.000 metros cuadrados en Carlos Keen, una localidad de Luján, por un valor presuntamente bajo de cinco millones de pesos. Rodríguez señala que esta compra se realizó a fines de 2021, a partir de la supuesta venta de una propiedad heredada. Sin embargo, el abogado cuestiona cómo, con el dinero de la herencia familiar compartida entre cinco miembros, los hermanos Motto lograron adquirir el campo y poco después obtener del concejo deliberante local un cambio de zonificación de rural a urbana. Esta modificación permitiría parcelar el terreno en 25 lotes urbanos, aumentando su valor a más de un millón de dólares, según el denunciante.
Además, el documento alude a la “falta de transparencia” en las relaciones entre el FISU y diversas cooperativas, asociaciones civiles y federaciones de trabajo. Varias de estas entidades, con sede en un domicilio registrado en Pedro Echague 1265 de la Ciudad de Buenos Aires, están vinculadas a Grabois y recibieron fondos de programas como Potenciar Trabajo y del Ministerio de Desarrollo Social durante la administración de Alberto Fernández. Rodríguez denuncia que estos fondos habrían sido utilizados para “garantizar el sostenimiento político” de las organizaciones ligadas a Grabois y, en menor medida, para beneficiar económicamente a sus integrantes a través de la creación de empleos, capacitaciones y contratos de obra sin mecanismos de rendición de cuentas.
Finalmente, el denunciante argumenta que este “modus operandi” no es aislado y que se repitió en proyectos de integración social en distintas provincias, implicando lo que Rodríguez califica como “una de las mayores maniobras de corrupción con fondos públicos en la historia reciente de Argentina”.
Con este contexto, la justicia deberá evaluar si da curso a la denuncia o la deriva a la jurisdicción de Lijo. Rodríguez asegura que la denuncia se basa en la “vocación de servicio” y que “no está embanderado con ningún partido”. Cree que “el verdadero cambio debe ser en serio” pues “las denuncias en redes no alcanzan, Grabois debe explicar cómo financió sus campañas”.
