La oposición dialoguista que convocó la sesión especial para rechazar el veto presidencial a la movilidad jubilatoria este miércoles no tiene garantizada las mayorías necesarias para oponerse a la determinación del presidente Javier Milei en el Congreso. Además, Rodrigo de Loredo (UCR), Miguel Pichetto (Encuentro Federal) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) buscan alternativas para la programada reunión.
Las intenciones de la última semana fueron las del rechazo total al veto, pero esa insistencia total, que necesita los dos tercios de los diputados presentes, naufragó en el inicio de esta semana. El oficialismo logró articular mayorías que alcanzan los 84 diputados nacionales, de un variopinto de bloques parlamentarios. Esa mayoría bloquea cualquier intento opositor.
El rechazo al veto presidencial necesita los dos tercios de los diputados presentes en la sesión para concretarlo. Es decir que, si concurrieran los 257 diputados, esos dos tercios serían 171.
El oficialismo, junto a los bloques del PRO, el MID y bloques menores, suman los números como para bloquear esa construcción de mayorías. Ya que, a esa sumatoria, los libertarios agregan representantes del radicalismo, presentes o ausentes en la sesión.
Otra alternativa que trabajan los convocantes del debate es impulsar una insistencia parcial al veto. Una tercera opción es emplazar desde el recinto las comisiones de Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda para que dictaminen, en un pronto despacho, la resolución parlamentaria sobre el veto presidencial y luego llevar el tema al recinto.
La diputada radical Soledad Carrizo dijo que ella insiste con el veto parcial: “Es lo que vengo proponiendo y conversando con diputados de otros bloques, para poder sostener la recomposición del 8,1% en los haberes de los jubilados”. Y agregó: “Trabajamos para que el Gobierno logre un veto parcial, que era lo más lógico y sobre todo porque fue el dictamen de los senadores del oficialismo que trabajaron sobre eso”.
La crisis radical
En la víspera de la trascendental sesión, cinco diputados fueron a Casa Rosada para ser recibidos por el presidente Javier Milei. Del encuentro también participaron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Los legisladores adelantaron su respaldo a la decisión presidencial del veto.
La reunión no fue una sorpresa para el radicalismo: se organizó hace una semana, y esa coordinación estuvo a cargo de una ministra del Poder Ejecutivo y, de la cual, Rodrigo de Loredo estaba al tanto. Para el jefe de la bancada era una reunión inoportuna por las fechas, pero no fue escuchado por todos. Las invitaciones se ampliaron a otros legisladores, pero faltaron a la cita los diputados Francisco Monti y Roxana Reyes.
Estos diputados podrían estar ausentes en el recinto este miércoles, lo mismo podrían hacer los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay, que responden al gobernador Alfredo Cornejo.
Julio Cobos y Karina Banfi fueron, entre los diputados radicales, los que solicitaron tener coherencia con lo propuesto por el bloque y aprobado el pasado 5 de junio: Ese día el bloque de la UCR bajó en pleno al recinto y votó a favor del proyecto de movilidad jubilatoria que defendió, en la comisión de Previsión Social, que encabeza la radical Gabriela Brouwer de Koning, y luego en la de Presupuesto, de José Luis Espert. El partido llevó la misma postura al recinto de Diputados y luego al Senado.
El posterior veto presidencial impactó fuertemente en la interna del bloque radical. Además, se sumó la presión de la Organización de Trabajadores Radicales (OTR), cuyo secretario general, Luis Cerini, exigió a sus legisladores que hagan lo necesario para anular el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. “Es vergonzoso lo del Presidente una vez más, pero más vergonzoso es lo de los radicales que lo quieren acompañar”.
Mientras que la Convención partidaria expresó: “La ley vetada se trataba de una mínima compensación a la brusca devaluación y salto inflacionario del comienzo de su mandato”. Y agregó que la Convención rechaza el veto presidencial y hace un llamado a los diputados para que sean coherentes con la iniciativa el partido había presentado y con sus propios votos había apoyado.
El documento de la Convención fue firmado por Gastón Manes y Hernán Rossi, presidente y secretario general de la Convención radical. Por otro lado, desde las redes sociales el senador y titular de la UCR, Martín Lousteau, posteó: “Esta semana tenemos una oportunidad histórica, que es ratificar la ley de aumento a los jubilados para garantizar un haber mínimo y que dejen de ser una de las principales variables de ajuste de este Gobierno”.
Con todas estas presiones, Rodrigo de Loredo encabezó la reunión del bloque partidario, donde se cruzaron pedidos de explicaciones, rechazos y el riesgo a futuro de una nueva fractura legislativa, como la ocurrida en épocas del exdiputado Mario Negri, entre UCR y Evolución Radical.
La renuncia de un diputado
El radicalismo, además, sufre la merma de un integrante que, 24 horas antes de la sesión por jubilaciones, presentó la renuncia a su banca. El legislador era Pedro Galimberti, que será remplazado por la dirigente del PRO, Nancy Ballejos. De esta manera, la bancada de Rodrigo de Loredo quedó con 33 integrantes.
Galimberti expresó: “Hoy se publicó en el Boletín Oficial el decreto de mi nombramiento como Delegado de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. Asumo este desafío con compromiso, entusiasmo y responsabilidad, en representación de Entre Ríos, a propuesta del Gobernador Rogelio Frigerio. Se trata de una decisión meditada y acordada con los dirigentes con quienes compartimos proyectos en común y, en particular, con los de la región de Salto Grande, donde la construcción de la represa modificó sustancialmente la vida de la población”.
La tranquilidad libertaria
El bloque libertario que encabeza Gabriel Bornoroni hizo números y confía en la construcción de mayorías para bloquear cualquier intento de rechazo al veto presidencial.
La Libertad Avanza, el PRO y el MID irán de la mano al recinto: juntos alcanzan la suma de 77 diputados nacionales, aunque consideran que podrían perder a Álvaro González, que responde a Horacio Rodríguez Larreta.
Sin embargo, para consolidar ese número, juntan a los ausentes del PRO en la sesión de junio, cuando la Cámara aprobó el proyecto de la reforma jubilatoria. A esos números se agregan los diputados que integran bloques menores: Carolina Píparo y Lorena Macyszyn, de Buenos Aires Libre; Paula Omodeo, del bloque Creo de Tucumán; los tres legisladores del bloque Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo y el economista de Encuentro Federal Ricardo López Murphy.
El diputado libertario Santiago Santurio espera confiado la sesión de este miércoles:“Entendemos que gran parte de los diputados de la oposición y cercanos al oficialismo entienden que el rumbo económico y el esfuerzo que hicieron todos los argentinos hasta este mes se pone en riesgo aumentando un gasto sin decir de donde se lo va a financiar. El Congreso fue irresponsable en la aprobación de ese aumento. Por eso esperamos que el veto se mantenga vigente”.
La liberal Lourdes Arrieta, del bloque Fuerzas del Cielo le aseguró a TN que está definiendo su voto: “La causa de los jubilados es un tema que trabajo en el territorio, estoy resolviendo si me abstengo o me ausento de la sesión”. Aclaró que acompaña al presidente Javier Milei, pero la causa de los jubilados sería una excepción. Sus declaraciones se dan luego de ser expulsada del bloque de LLA.
Otro bloque que tendrá una postura diferente a la realizada en la sesión del pasado mes de junio es el bloque de Innovación Federal, presidido por Pamela Calletti y conformado con representantes de fuerzas provinciales con terminales en los gobiernos de Salta, Misiones y Río Negro. “Estamos resolviendo nuestra postura, pero de ninguna manera vamos a rechazar el veto”, señaló un integrante de esta bancada. El cambio de postura los podría llevar a estar ausentes de la sesión especial.
La votación del Congreso
La sanción aprobada por la Cámara Baja a comienzos de junio, y en agosto fue ratificada por el Senado, estableció un aumento del 8,1% para los jubilados y una modificación en la fórmula de movilidad. Además, el proyecto adaptó la fórmula al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para su actualización mensual, y en su artículo 2º indicó un aumento adicional una vez al año (en marzo) por el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en un mismo período de tiempo.
En sus articulados, acordó que la ANSES tendrá la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales y pagar las sentencias firmes a favor de jubilados con asignaciones específicas de los recursos tributarios del organismo previsional, como son los impuestos al Cheque, País e IVA.
