La Unidad de Información Financiera (UIF) inició este lunes su alegato en en el juicio donde la principal acusada es Cristina Kirchner, como presunta jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado en 46.000 de pesos millones al favorecer a Lázaro Báez con contratos viales.
Al iniciar su exposición, el abogado del organismo oficial sostuvo que “la UIF debió desistir como querellante en la presente causa porque no se investigan en esta causa delitos de lavado de activos“. Después, puso en duda la pericia ordenada por el Tribunal que arrojó sobreprecios, para los peritos oficiales, de entre 170 y 220 millones de dólares detectados en cinco obras testigo. El representante del organismo oficial pidió absolver a Cristina respecto del delito de defraudación al Estado. Como consecuencia de ese razonamiento, minutos después consideró que tampoco podría haber dirigido una asociación ilícita.
Con la presencia de Cristina, quien sigue los alegatos del organismo de su gobierno de manera virtual, el único juicio que tiene en desarrollo por presunta corrupción en la obra pública vial transita su etapa final.
“El coloquio profundizó las dudas y debilitó la certeza, dejando huérfana la acusación en este sentido”, dijo la UIF sobre una de las pruebas que arrojaron en sus conclusiones sobreprecios y así, el posible delito de defraudación.
Cuando pidió la absolución para Cristina respecto del delito de defraudación a la administración pública, el abogado del organismo antilavado consideró que “las dudas alegadas respecto a las conclusiones de las que se partieron y a las que llegaron en el debate le quitan entidad y aptitud como prueba para asegurar las acusaciones“.
Siguiendo esa línea argumentativa, el abogado de la UIF afirmó luego que “si no puede corroborarse la existencia del fraude, la figura de la asociación ilícita no podría configurarse”. Así, pidió la absolución de Cristina, Julio De Vido, José López, Lázaro Báez y el resto de los acusados.
A lo largo de estos meses de audiencias hubo varias movidas K para desestimar el debate oral. De hecho, la Oficina Anticorrupción (OA) hace veinte días renunció a su rol de querellante. La controla Félix Crous, integrante de la agrupación ultra K Justicia Legítima. A eso se sumaron los doce recursos presentados ante la Corte Suprema vinculados a este expediente (siete de ellos de la defensa de la vice) con el único fin de evitar su continuidad.
Pero todos esos recursos extraordinarios fueron rechazados por el máximo tribunal, que allanó el camino para la continuidad del juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
Tras la renuncia de la OA a la instancia de acusación, el TOF 2 ordenó que los alegatos de este lunes sean iniciados por la UIF. En el arranque de la exposición de los abogados del organismo estatal, se anticipó la postura a adoptar: “La UIF debió desistir como querellante en la presente causa porque no se investigan en esta causa delitos de lavado de activos”.
Los delitos atribuidos a la vicepresidenta son los de defraudación de la administración pública, y se la señala como jefa de una asociación ilícita. Para los abogados de la UIF no corresponde que dicha Unidad intervenga en un expediente que tiene bajo investigación tales ilícitos. “Este organismo se especializa en la persecución de delitos de lavado de dinero”, reiteró al sustentar su postura el representante letrado.
El organismo del Gobierno fue, durante la gestión del macrismo, uno de los principales acusadores en el caso. La UIF aportó importante información sobre los movimientos de fondos sospechosos y como se sacaron del país e incluso pidió la detención de los cuatro hijos de Lázaro Báez. Además, la UIF impulsó durante la instrucción una gran cantidad de medidas de prueba.
Después de la aclaración formulada, la UIF se concentró en la pericia que ordenó el TOF 2 sobre cinco casos testigo de las 51 licitaciones que recibió el Grupo Austral, holding de Lázaro Báez.
Esta medida de prueba fue pedida por Cristina Kirchner, aunque originalmente sobre la totalidad de las licitaciones. El Tribunal autorizó un peritaje sobre cinco casos. Las conclusiones de los peritos de parte arrojaron sobreprecios de entre 170 y 200 millones de dólares, determinaron que el empresario K no contaba con capacidad técnica para ganar los contratos y que esas obras no se concluyeron. La perito por parte de la vicepresidenta dictaminó lo contrario en todos los puntos.
La vice buscó que la Corte Suprema rechace ese informe pericial, planteo que fue desestimado. La UIF este lunes, durante su alegato, cuestionó la pericia y las conclusiones de la misma. “Durante el debate quedó expuesto que los peritos oficiales fortalecieron las dudas y fortalecieron las certezas del informe”, indicó el abogado.
Al momento de indicar en base a qué desestiman esa medida, la UIF indicó que los peritos “no se pudieron poner de acuerdo en la metodología. Observamos inconsistencias del informe pericial, valores que no son tales. Realizaron un cálculo inentendible que dejaron más dudas que certezas y se expuso una metodología incomprensible. Resulta evidente que no responde de un trabajo conjunto, de conclusiones de peritos especializados”, sentenciaron.
De esta manera, indicaron que el informe pericial no logra “explicar válidamente ni fundamentar las conclusiones” que hablaban de sobreprecios, direccionamiento de los pliegos y falta de capacidad técnica por parte del Grupo Austral para ganar tantas obras. “Observamos la carencia de una fundamentación lógica sobre los resultados que evidenciaran un perjuicio económico o no, y es un elemento fundamental para sostener la acusación de la defraudación”, razonaron antes de renunciar a la acusación.
