Volvieron los enfrentamientos a Diputados. Este jueves, el oficialismo consiguió poner en marcha la comisión de Juicio Político y abrió el proceso contra la Corte Suprema. La oposición se sumó a la reunión para manifestar su rechazo, en lo que fue un anticipo de lo que se vivirá en el Congreso en los próximos meses. Posiblemente, a costa del resto de los proyectos que duermen en la Cámara Baja, el Frente de Todos prepara un debate prolongado.
En la reunión no faltaron cruces, chicanas e insultos, como una secuela “light” de la escandalosa sesión del 1 de diciembre pasado. El oficialismo defendió la investigación contra los integrantes de la Corte y acusó a los jueces de mafiosos y a la oposición de ser cómplices.
Juntos por el Cambio volvió a denunciar que el proceso no es más que un “show” sin posibilidades de prosperar luego en el recinto y un intento del Frente de Todos para “tapar” los problemas económicos y las causas judiciales de Cristina Kirchner. Y el Interbloque Federal -tercer espacio que integra la comisión- acusó al Gobierno de intentar paralizar la Justicia y de avanzar hacia un golpe institucional.
En ese clima, el debate continuará. Más allá de los enfrentamientos, el encuentro de este jueves fue convocado para dar vista a los 14 proyectos que fueron presentados contra los magistrados y definir un cronograma de trabajo.
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El jueves de la semana que viene expondrán los autores de las iniciativas -que incluye dos de la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti- y el jueves 9 de febrero el oficialismo declarará la admisibilidad de las denuncias. A partir de ahí, iniciará la etapa “probatoria”.
Con 16 diputados, el Frente de Todos es mayoría en la comisión. Juntos por el Cambio tiene 14 miembros y el Interbloque Federal, uno. Es decir, el oficialismo manejará no solo los tiempos de la comisión, sino también las medidas: por ejemplo, para citar testigos se requiere de la votación del cuerpo: “Vamos a perder 16 a 15 todas las votaciones, más que como mensaje político no parece tener mucho sentido realizar planteos”, anticipan en Juntos por el Cambio.
“Recién empezamos, voy a garantizar que la comisión tenga un trabajo serio, que vayamos de a poco, paso a paso. No hay un límite temporal para producir la prueba, vamos a producir toda la prueba que sea necesaria. Eso va a llevar unos meses, porque queremos hacerlo bien”, dijo la diputada oficialista Carolina Gaillard, que preside la comisión de Juicio Político, al cierre de la reunión.
En Juntos por el Cambio advierten que el oficialismo buscará extender todo lo posible el debate, bien avanzada la campaña electoral, en un intento por desgastar a los miembros de la Corte para que alguno de ellos renuncie. Parece difícil que eso termine sucediendo considerando que, fuera de la comisión, el Frente de Todos no tiene ni tendrá los números necesarios para aprobar luego la acusación en el recinto.
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Con los principales bloques de la oposición decididos a no dar quorum para ninguna sesión mientras continúe la ofensiva contra el máximo tribunal, un tratamiento prolongado podría implicar que no haya sesiones por otros temas en los próximos meses. El año electoral y la campaña agravarán la probable parálisis parlamentaria y podrían quedar trabados un importante número de proyectos económicos.
La etapa de prueba y la citación de testigos
El principal proyecto contra la Corte, impulsado por un grupo de diputados encabezados por Eduardo Valdés y que toma como base el documento elaborado por Alberto Fernández y una decena de gobernadores contra la Corte Suprema, incluye una extensa lista de testigos. Entre ellos, funcionarios nacionales como Eduardo “Wado” de Pedro -el ministro más cercano a Cristina Kirchner-; Carlos Zannini (Procurador del Tesoro) y Horacio Pietragalla (Secretario de Derechos Humanos).
La lista podría ampliarse durante el debate. De hecho, la diputada Gaillard afirmó que “no se puede descartar” una convocatoria a Cristina Kirchner o al jefe de gobierno porteño y presidenciable del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, aunque no estaba previsto de antemano. La señal, en cualquier caso, es que en las próximas semanas podrían sumarse citaciones de testigos “inesperados”.
En el mismo sentido, algunos diputados de JxC barajaban la posibilidad de pedir que sea convocado el ministro de Economía, Sergio Massa, que, aunque sus diputados acompañan el proceso en la comisión, no se pronunció públicamente sobre el juicio a la Corte Suprema ni sobre las consecuencias económicas que genera o podría generar.
El oficialismo, como se dijo, tiene mayoría para bloquear cualquier planteo.
Según indicaron tanto en el Frente de Todos como en la oposición, los testigos que sean citados están obligados a concurrir a la comisión. En caso contrario, el cuerpo podría solicitarse a un juez que utilice a las fuerzas federales para asegurar su declaración (aunque algunos diputados oficialistas consideran que ni siquiera es necesaria la intervención de un juez).
Diferente es la cuestión para los acusados, en este caso, los miembros del máximo tribunal. Pasada la etapa probatoria, antes de que se elabore un dictamen de acusación para enviar al recinto, la comisión notificará a los jueces de la Corte para que puedan realizar un descargo, ya sea escrito o de forma presencial. Pero no tienen obligación de hacerlo y es probable que no lo hagan.
