La defensa de Cristina Kirchner iniciará este lunes su alegato en el juicio que se investiga el direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez, un proceso que sigue su marcha normal pese a la insistencia de sectores del kirchnerismo por relacionarlo con el atentado que sufrió la Vicepresidenta el 1 de septiembre y reclamar en consecuencia su suspensión como supuesta garantía de "paz social".
El planteo del defensor Carlos Beraldi concluirá con un pedido de absolución y una posible intervención personal de la ex presidenta el próximo viernes con una réplica a la acusación de la Fiscalía, que pidió una condena de 12 años en su contra, y al desempeño del Tribunal que la juzga durante estos tres años de debate.
Este domingo la propia Cristina Kirchner aprovechó las redes sociales para recordar el inicio del alegato de su defensa y pidió seguir "atentamente" la presentación de Beraldi desde las 8 de la mañana para mostrar "cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales (Diego) Luciani y (Sergio) Mola". Además, tras compartir el canal de YouTube oficial del tribunal que la juzga por corrupción y apuntó a los medios con una pregunta retórica: "¿Lo transmitirá Clarín y La Nación?".
En su exposición ante el Tribunal el abogado de la Vicepresidenta buscará refutar todos los planteos, sosteniendo que no puede acusarse como jefa de una asociación ilícita a quien ejercía la máxima autoridad del país, ya que se trataron de políticas de Estado: los lineamientos en materia de obra pública como las leyes de presupuesto que avalaron esas inversiones. Para dar fuerza a dicha tesis, se apoyará en los procesos administrativos como también en el rol del Congreso frente a los presupuestos aprobados de 2003 a 2015.
La audiencia de forma virtual iniciará a las 8 y Beraldi ya anticipó que hará uso de las tres jornadas dispuestas por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
La semana podría concluir con la palabra de la propia Vicepresidenta ante el Tribunal. Para que eso ocurra deberá constituirse en su propia defensa tal como lo estipula el Código Procesal Penal. Sólo los abogados pueden pronunciarse en esta etapa, y su título le permite ejercer la autodefensa. Hay un antecedente al respecto: Fernando De la Rúa lo hizo para hablar durante los alegatos en el juicio por las coimas del Senado.
Posiblemente, sea la primera vez en la que Cristina Kirchner haga referencia a la prueba incorporada en este caso, dejando de lado los descargos políticos que pronunció cuando fue indagada en diciembre de 2019 y la exposición que realizó, fuera de sede judicial, al día siguiente del pedido de condena de la fiscalía.
El punto de encuentro en esas dos instancias fue la tesis del lawfare, es decir, se considera víctima de una persecución política y descree del proceso judicial al que fue sometida. Asimismo, reiteró que a su entender el Tribunal -como parte de ese mecanismo-, ya cuenta con una condena escrita.
La Vicepresidenta ya había cargado duramente contra los argumentos del fiscal Luciani, rechazando las acusaciones que pesan sobre ella. Insistió que no hay ninguna prueba jurídica real y volvió a plantear que Lázaro Báez a quien definió como un simple inquilino, no fue el empresario más favorecido durante su gestión, con contratos viales en el sur.
En el juicio que comenzó en mayo de 2019 y condujo a Cristina Kirchner a estar sentada por primera vez en el banquillo de los acusados, se analizaron los 51 contratos viales que ganó el Grupo Austral por un total de 46.000 millones de pesos. Se trató del 80% de los contratos viales que se licitaron en Santa Cruz entre 2003 y 2015 y que representaron el 11% del presupuesto general de Vialidad Nacional.
Hay dos números que desentrañó la Fiscalía al respecto: el patrimonio de Báez creció entre 2004 y 2015 un 12.000%, y el de Austral Construcciones su firma insignia, un 46.000%. Dos datos rodean esas exorbitantes cifras: la empresa tuvo como único cliente al Estado, y mientras crecía como empresario de la construcción celebró dieciocho acuerdos comerciales con los ex presidentes desde el ámbito privado.
Toda la maniobra, para la fiscalía, constituyó "la matriz de corrupción más extraordinaria que existió", y los responsables de "instalar la misma fueron Néstor y Cristina Kirchner". Fueron las palabras de Diego Luciani cuando inició su alegato el 2 de agosto.
Durante nueve audiencias el Ministerio Público Fiscal buscó corroborar la acusación central. Cuando se refirió a la responsabilidad de la Vicepresidenta y al fundamentar su pedido de doce años de prisión, Luciani sostuvo: "Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad, se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país, en la cual los imputados -en una estricta división de roles- sustrajeron fondos del erario, adoptando todas las medidas para efectuarlas en total impunidad".
Su reclamo fue al considerar reprochable la conducta de los trece imputados de haber "trastocado el orden público a través de una asociación ilícita conformada por las más altas autoridades del país, dirigida por Cristina Kirchner como jefa y sus principales ministros como organizadores".
Como agravante del funcionario de la asociación ilícita, el Ministerio Público Fiscal demostró y cuantificó el perjuicio al Estado, como resultado de la administración infiel. Se determinó que por los montos erogados en las 24 obras abandonadas, las modificaciones de costos y plazos sobre 39 contratos y la cartelización en la obra pública "el daño ocasionado asciende a 5.321 millones de pesos, un equivalente 1.000 millones de dólares".
