La Justicia intenta desentrañar un negociado millonario que tiene como protagonistas a una de las principales cajas del Estado y a intermediarios sospechosos que tenían acceso directo al expresidente Alberto Fernández.
Esa “caja” es la de la Anses, la oficina que administra el dinero de los jubilados y pensionados -entre otros- en la Argentina. Y su primer titular durante el gobierno de Javier Milei, Osvaldo Giordano, detalló algunos datos que sirven para empezar a entender en términos pecuniarios hasta dónde escalan los hechos que se encuentran siendo analizados.
Giordano ya no forma parte de la gestión pública. Luego del traspié parlamentario de la Ley Ómnibus, Milei decidió removerlo del cargo porque su esposa, la diputada cordobesa Alejandra Torres, votó en contra del paquete de reformas impulsado por la Casa Rosada. No obstante, en las últimas horas dio información relevante para la causa.
La maniobra investigada por la Justicia gira en torno a los créditos que Anses le otorgaba a los jubilados casi sin requisitos. Quienes accedían a esos préstamos estaban obligados a contratar un seguro con la compañía Nación Seguros y, a partir de allí, se disparaban negocios con intermediarios que recaudaban millones de pesos. Uno de esos intermediarios es Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero.
Según explicó Giordano, en declaraciones a La Voz y el Doce TV, cuando asumió el control de la Anses, en diciembre de 2023, se pagaban $1.700 millones por mes a Nación Seguros. En menos de 60 días, ordenó no renovar ese contrato porque otro sistema le permitía ahorrarse un 40% del presupuesto.
“Anses da créditos a los jubilados. Siempre está la posibilidad de que el jubilado fallezca y ese crédito no se pueda cobrar, y ante eso hay dos alternativas: cobrarles a todos los tomadores de créditos un pequeño porcentaje, hacer un fondo y cubrir las pérdidas, o contratar un seguro de manera directa como se hizo luego del decreto de Alberto Fernández”, explicó el ahora exfuncionario nacional.
La investigación
La causa judicial de estas maniobras sospechosas la tiene el juez Julián Ercolini. El magistrado está a cargo del expediente que se inició por una denuncia cuyos principales acusados son el expresidente, el mencionado Martínez Sosa, el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y el broker Pablo Torres García, entre otros. Son algunos de nombres que aparecieron en la nota que publicó Ricardo Roa en Clarín, el domingo pasado, que destapó una nueva “caja negra de la política”.
Según lo que se sabe hasta ahora, en la administración de Alberto Fernández, el Gobierno ordenó por decreto que todas las reparticiones oficiales y dependencias de la administración central contraten sus coberturas con Nación Seguros. Allí estaba Pagliano, que acompañó al expresidente desde que, en los 90, fueron juntos a la Superintendencia de Seguros de la Nación, durante el gobierno de Carlos Menem, y luego armaron desde cero Provincia Seguros.
Ese decreto creó un mercado cautivo, se habilitó que participaran compañías privadas como productoras o coaseguradoras. Allí aparecen empresarios como Martínez Sosa, a quien Fernández también conoce desde los 90 y con quien tiene tanta familiaridad como para deberle por año 20 mil dólares. Entre los contratos y los intermediarios aparece la trama del pago y el cobro de comisiones permanentes y multimillonarias.
Además, este fin de semana se confirmó que Ercolini también fue designado por sorteo para seguir otra denuncia, que Infobae anticipó el jueves. Es la que presentó el gobierno de Javier Milei contra el ex director operativo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, Federico D’Angelo Campos. El Gobierno lo acusa de haber permitido, presuntamente, la aplicación de “comisiones y costos de intermediación en pólizas de seguro contratadas en Nación Seguros”.
La denuncia es importante porque la presentaron conjuntamente la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el nuevo titular de la ANSES, Mariano de los Heros, y el director de Nación Seguros, Alfonso José Torres, las tres áreas involucradas en las presuntas irregularidades de la administración anterior. En la acusación, los denunciantes pidieron que se determine si D’Angelo -que siendo concejal mantenía su puesto- “contrató coberturas de seguros utilizando intermediarios injustificados y abonando comisiones en perjuicio del erario público”.
