Unos 20 integrantes de la Policía Federal allanaron en los últimos días la sede del PAMI de Morón en busca de documentación que avale las transferencias de dinero a centros de jubilados de Hurlingham, ya que se sospecha que algunos de esos lugares son inexistentes y que los fondos son parte de una caja política para financiar a la agrupación La Cámpora.
La orden de presentación -con allanamiento en subsidio en caso de que las autoridades no entreguen la documentación- fue firmada por el juez federal de Morón Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, luego de que el fiscal federal Santiago Marquevich pidió la realización de una serie de medidas de prueba.
La denuncia que motivó estos procedimientos fue realizada por la diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña, a la que sumó un informe televisivo del programa de televisión PPT y una investigación preliminar realizada por la UFI-PAMI, que derivó en estas actuaciones judiciales.
La justicia sospecha que la maniobra puede estar vinculada con el financiamiento de La Cámpora, dado que el intendente interino de Hurlingham, Damián Selci, pertenece a esa agrupación al igual que la titular del PAMI, Luana Volnovich, y su segundo, Martín Rodríguez, que está siendo investigado, dijeron fuentes judiciales a LA NACION. Selci reporta políticamente a Rodríguez, jefe de la agrupación de Máximo Kirchner en Hurlingham.
El fiscal federal de la UFI-PAMI, Javier Arzubi Calvo, en 46 carillas, reunió la evidencia que justificaron estos procedimientos. De su investigación resulta que hay sospechas de fraude con fondos del PAMI en los convenios celebrados con la Asociación Civil Centro de Jubilados y Pensionados San Javier, la Asociación Civil Centro de Jubilados y Pensionados Güemes y la Municipalidad de Hurlingham, según las actuaciones a las que accedió LA NACION.
Por eso, Arzubi Calvo pidió investigar a los titulares de los centros de jubilados, a funcionarios del PAMI en nivel central, y en Morón, que “han formado o tomado parte de una asociación destinada a cometer delitos indeterminados, en especial, aquellos cometidos a través de desvíos de fondos públicos mediante la celebración de los Convenios de Colaboración”.
El fiscal habla de una asociación ilícita, que implica un amplio circuito administrativo, en el que participaron tanto funcionarios públicos nacionales como integrantes de los asociaciones civiles y funcionarios y/o empleados municipales.
La denuncia de Ocaña
Lo que denunció Ocaña es que se cambió el organigrama del PAMI para autorizar a la pareja de Volnovich, Martín Rodríguez, a dar subsidios bajo el Programa de Promoción y Prevención Socio Comunitaria. En ese marco, en marzo de 2021 se canalizaron en favor de los centros Güemes y San Javier $12.240.000 y $8.175.000, respectivamente. Los autorizados a cobrar fueron personas jóvenes, empleados del Municipio de Hurlingham.
A mediados del 2021 se ampliaron los giros de caudales, cuando Selci, aliado político del subdirector Ejecutivo de PAMI asumió como intendente interino de Hurlingham: empezaron los proyectos de plazas. En estos siete proyectos se le giraron al municipio al menos $13.027.000. En octubre de 2021, PAMI le otorgó al municipio $5.531.000 para la realización del festejo por el Día del Jubilado y la Jubilada.
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Luana Volnovich y Martín Rodríguez, en un acto de gestión en el PAMI
A principios del año 2022, tuvo lugar el proyecto Colonia de vacaciones Boca Juniors, destinado a personas mayores a realizarse en la la ciudad de Buenos Aires, y se entregaron a Hurlingham $842.400. Finalmente, en mayo de 2022, el PAMI le concedió dos subsidios al municipio por $7.300.500.
El total de dinero de los jubilados entregado al Municipio por parte del PAMI entre 2021 y 2022 es de $47.115.900.
El fiscal Arzubi Calvo investigó que tres personas que constituyeron la Asociación Civil centro de jubilados San Javier, eran a la vez empleados del municipio de Hurlingham, en planta permanente: Juan Manuel Lovillo, Gonzalo Nicolás García y Mesile Gisel González.
Por otro lado, dos personas que constituyeron el centro de Jubilados Güemes eran al mismo tiempo empleados de la planta permanente de la Municipalidad de Hurlingham. Ellos son Facundo Torres Acuña y Jennifer Ieracitano.
El fiscal estableció que “una circunstancia que cimienta la presunción de la existencia de conductas ilícitas en la administración del patrimonio” del PAMI es que “a dos centros de jubilados se les otorgó subsidios para la misma tarea, igual jurisdicción y en el similar período (junio a diciembre), tal el caso de las Asociaciones Civiles Centro de Jubilados y Pensionados Güemes y San Javier”. Con el agravante de no tenían aún terminados sus papeles de constitución.
“Las autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados han llevado a cabo maniobras defraudatorias en perjuicio de las arcas de la Obra Social Nacional, mediante el engañoso uso de la Resolución 585/DE/08, por la cual se aprobó el Programa Nacional de Promoción Socio comunitaria “Prevenir para seguir creciendo”, y firmar convenios de colaboración con la Asociación Civil Centro de Jubilados y Pensionados San Javier, la Asociación Civil Centro de Jubilados y Pensionados Güemes y el Intendente y la Municipalidad de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, lográndose de esta forma desviar una suma cercana a pesos cuarenta y siete millones ($47.000.000)”, escribió el fiscal.
