La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió un pedido de amparo del gobernador kirchnerista de La Rioja Ricardo Quintela contra el DNU del presidente Javier Mieli que desregula la economía.
En una resolución, la Corte solicitó la opinión del fiscal general provisional de la Nación, Eduardo Casal, en consecuencia, antes de decidir si acepta discutir el tema. También resolvió que tomará posición luego de la feria judicial de enero, es decir, en febrero.
Le dio este trámite al asunto porque sería un tema originario, es decir, un conflicto entre las provincias y el Gobierno nacional, mientras Más de 25 pedidos de suspensión del DNU se tramitan en juzgados de instrucción pero presentado por sindicatos, abogados u ONG.
Los pedidos de protección tardarán meses en definirse en las instancias judiciales inferiores. Esta es la primera que llega directamente a la Corte por ser una provincia.
Además, durante las sesiones extraordinarias del Congreso de febrero podría haber apoyo o rechazo al DNU 70, lo que dejaría otro escenario jurídico para la Corte.
La Rioja pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare la «inconstitucionalidad manifiesta» del DNU 70/2023 sobre desregulación económica, que dicta una medida cautelar que suspende inmediatamente su aplicación y asume “competencia originaria” para conocer del asunto. Pero el máximo tribunal dio audiencia al abogado interino y se negó a abrir la feria, que técnicamente comienza el lunes y se prolongará durante todo febrero.
La provincia de La Rioja hizo su presentación a través de una «acción declarativa de certeza» presentado por el gobernador Quintela, con el patrocinio como abogados del ex ministro de la Corte y asesor de Cristina Kirchner, Raúl Zaffaroni y Raúl Ferreyra. Paradójicamente, Quintela ahora recurre a la Corte cuando a mediados de año fue uno de los gobernadores que apoyó la iniciativa de la expresidenta Cristina Kirchner de abrir un juicio político contra los cuatro miembros del máximo tribunal.
Como primera medida, el Tribunal dio vista al procurador interino, Eduardo Casal, para determinar si el conflicto es competencia del máximo tribunal, al tiempo que se negó a abrir la feria, aclarando que «los asuntos sometidos a decisión serán estudiados después del receso correspondiente a la próxima feria judicial en el mes de enero». dice la resolución.
En la “acción declarativa de certeza” de La Rioja se solicitó declarar «la nulidad absoluta e incurable del decreto n°70/2023 porque es manifiestamente contrario a la Constitución» y que de inmediato «se dicte una medida cautelar que disponga la suspensión total de los efectos» del DNU.
También se solicita a la Corte que ordene al Poder Ejecutivo «No apliques de sus disposiciones hasta la resolución final del presente caso».
La competencia original del tribunal superior estaría justificada por el hecho de que una provincia que demanda al gobierno nacional es parte en el caso.
“Se ha definido que la instancia de origen también corresponde a las causas que surgen entre una provincia y el Estado federal, en todo tipo de materias”, argumentaron los abogados del gobernador Quintela.
El DNU «tiene malignidad hacer crujir los cimientos del Estado. Por ello, en el entendido de que existe un ámbito para la concordia del federalismo y la paz, la competencia originaria para interponer esta demanda queda debidamente establecida debido a la naturaleza del actor y al objeto netamente federal de la cuestión que se problematiza y deduce. . con expectativa de reparación inmediata», se argumentó.
El DNU firmado el pasado 21 de diciembre y entró en vigor hoy»produce daños irreparables porque es contrario a los arts. 1, 5, 14, 14 bis, 17, 19, 28, 29, 31, 36, 75, 99, 121 y siguientes de la Constitución Federal y los artículos 26 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)», Zaffaroni y Ferreyra estaban listados».
Por lo tanto, «se pide resolver la incertidumbre» en torno a su aplicación y dada la «gravedad institucional, en la inteligencia que afecta fuertemente las bases republicanas y democráticas de la Argentina y por tanto trasciende los márgenes del caso», advirtieron.
El abogado Raúl Ferreyra, uno de los patrocinadores de Quintela, dijo a la agencia Télam que «a los jueces se les pide defender el federalismo y mantener la democracia y la concordia pacífica de todos los argentinos», según afirmó en declaraciones al canal C5N.
El abogado destacó principalmente que esta acción fue presentada «en la jurisdicción originaria de la Corte» que es la jurisdicción jurisdiccional «más importante de toda la Argentina».
«Es una gran decisión del gobernador porque el problema jurídico ya está planteado en los despachos de los jueces de la Corte Suprema. Ya no hay que esperar a primera y segunda instancia para que llegue a la Corte«El lo notó.
Y explicó que ahora el máximo tribunal debe decidir si «habilita la feria judicial de enero como solicitamos» así como si dicta la medida cautelar tal como se solicitó en la presentación realizada para «suspender los efectos de la medida».
«La competencia originaria de la Corte no es una jurisdicción cualquiera. Estaba pensada como la de la concordia y la paz federal. Estaba destinada a que las provincias resolvieran sus problemas jurisdiccionales con el Estado nacional a través de un tercero imparcial que es la Corte Suprema . «, destacó.
El Gobierno de La Rioja pidió habilitar la feria judicial para tramitar el caso principal y también para el dictado, notificación y cumplimiento de la medida cautelar solicitada.
“Con la vigencia del DNU N° 70/2023, el federalismo, la institucionalidad de nuestra república, queda gravemente lesionada, y toda la sociedad argentina se coloca en un estado de vulnerabilidad en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales”, publicó . Así lo comentó el gobernador Quintela en su cuenta en la red social X (antes Twitter).
El reclamo, dijo, se hace «en nombre de la provincia» y para obtener del Poder Judicial de la Nación un «pronunciamiento que garantice la vigencia del Estado de derecho y consolide los valores de nuestra Democracia», explicó el mandatario. .
Contra la validez del DNU de liberalización económica se han presentado una treintena de recursos entre los fueros Administrativo Federal y Contencioso Laboral, pero hasta el momento ningún tribunal ha dictado medida cautelar para suspender su vigencia.
