La Justicia argentina dictó la detención internacional y posterior extradición de Nicolás Maduro y Diosdao Cabello en el marco de la causa donde se los acusa por orquestar un plan sistemático de detención y represión en Venezuela con graves delitos contra la humanidad, lo que habilitaría juzgarlo bajo el principio de jurisdicción universal.
El pedido formal está a cargo del juez federal Sebastián Ramos, a quien le correspondía liberar la orden tras la resolución de esta semana de la Sala I de la Cámara Federal porteña. Para que se concrete el arresto, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) tiene que aceptar la solicitud y emitir alertas rojas para que un tercer país lo ejecute.
El magistrado, además, le pidió a Interpol datos de otras 14 personas que están vinculadas al gobierno venezolano y que también se aplique una orden de detención contra ellos.
La formalización de las órdenes de captura por parte del juez Ramos se produce dos días después de que la Sala I de la Cámara Federal lo instruyera a “disponer vía Interpol la captura internacional con fines de extradición a la República Argentina”, para ser juzgados por los delitos que se les imputan.
En su fallo, conocido el lunes, los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens consideraron que la cúpula del régimen venezolano ha ejecutando “un plan sistemático, a lo largo del tiempo y de manera organizada” en contra de la población civil en Venezuela, mediante prácticas de “persecución, secuestro, tortura y asesinato”. Este plan se habría aplicado desde 2014 hasta la fecha.
Esta causa fue abierta tras la denuncia penal presentada en enero del año pasado por Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) en base al principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad de los perpetradores o sus víctimas.
Según se pudo saber, la querella en la causa está recogiendo nuevos testimonios para ampliar la denuncia y lograr que este pedido tenga un impacto mayor en el plano internacional.
En el fallo al que tuvo acceso este medio, el juez Ramos solicitó una declaración indagatoria de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello. “A fin de cumplir lo ordenado por el Superior en el punto II y, a raíz de lo encomendado a este Tribunal por la Sala I en el punto III del resolutorio referido, líbrense órdenes de detención de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, de quienes se carece de otros datos personales de identidad”, reza el despacho.
Esta decisión judicial busca tener más un efecto político y de presión internacional que un impacto concretó en sí. La detención de un presidente en ejercicio es muy compleja y difícilmente interpol acceda a emitir alerta roja contra un mandatario en ejercicio.
Además, esto podría impulsar a Nicolás Maduro a moverse aún más entre sus principales aliados, como Rusia o Irán, entre los que sabe que no ejecutarían una orden de detención contra él o sus principales funcionarios.
La Corte Penal Internacional (CPI), el máximo órgano judicial que puede enjuiciar a personas físicas y no a Estados en el ámbito internacional, tramita una denuncia muy similar contra Nicolás Maduro y la principal cúpula chavista.
