La Justicia Federal Electoral procesó por defraudación a la administración pública a un grupo de apoderados de cuatro partidos políticos que compitieron en las elecciones PASO 2023. El motivo: la falsificación de candidaturas y avales para cobrar financiamiento del estado.
Un relevamiento del juzgado a cargo del juez Alejo Ramos Padilla detectó que hubo 170 precandidatos que desconocían haberlo sido. Además, se postularon candidatos que habían muerto hace 10 años y figuraban seis personas fallecidas que eran postulantes en las boletas.
El juez le trabó embargo a las personas procesadas por mil millones de pesos luego de constatar que algunos llegaron a cobrar 480 millones de pesos del Estado. El juez ordenó congelamiento de las cuentas y la prohibición de salida del país para los imputados en la causa.
Listas truchas y candidatos fallecidos: investigan una multimillonaria estafa al Estado en las PASO 2023
En la causa figuran cuatro partidos políticos desconocidos cuyos apoderados fueron procesados por la Justicia. Se trata de “Justicia y Dignidad Patriótica”, “Proyecto Joven”, “Esperanza del Pueblo” y “Encuentro Republicano Federal”.
Sus apoderados, ahora con una imputación por “maniobras fraudulentas”, se llaman Ernesto Raúl Habra, Sergio Jesús Medrano, Yamil Eloy Salerno y Matías Mauricio Burgos. Ramos Padilla los acusa de haberse quedado con miles de millones de pesos provistos por la Dirección Nacional Electoral (DINE) para la impresión de las boletas reglamentarias.
De acuerdo con el expediente, estas personas habrían enviado los fondos a una imprenta santafesina vinculada con uno de los apoderados para financiar el negocio. Un arreglo evidentemente ilegal que le habría significado importantes ganancias a la empresa.
Las boletas en cuestión incluirían entre sus numerosos postulantes a personas que nada tenían que ver con la política e incluso ni siquiera sabían que su nombre figuraba en las listas.
De hecho, a través de fuentes judiciales, la investigación fue impulsada a partir de la denuncia de una persona llamada Alejandro Puebla, vecino de la localidad de Zárate, que se enteró de que había sido incluido como precandidato a concejal y afirmó que jamás dio el conocimiento para ello, además de desconocer la maniobra.
Pero hay más: en la causa consta que otros precandidatos se encontraban muertos, en algunos casos, hace más de 10 años.
La resolución de 187 páginas menciona que “un grupo de apoderados y autoridades partidarias utilizaba datos de ciudadanos para conformar el cuerpo de afiliados y los órganos partidarios, y así constituir agrupaciones políticas”.
La estafa le habría permitido a los presuntos titulares “acceder a las herramientas de financiamiento que legítimamente corresponden a las agrupaciones para su funcionamiento y participación en la contienda electoral”.
Según el documento judicial, Proyecto Joven recibió unos $428 millones para aportes de campaña y por internas y para la impresión de boletas para diputados nacionales, senadores nacionales y parlamentarios del Mercosur. Por las mismas categorías, Justicia y Dignidad Patriótica, Esperanza del Pueblo y Encuentro Republicano Federal percibieron más de $124 millones cada uno.
En todos los casos, el dinero habría sido remitido a Santa Fe para financiar la mencionada imprenta de uno de los apoderados.
