La Legislatura rechazó el pedido de renuncia de la jueza acusada de cobrar coimas y avanza el juicio político

Continúa el escándalo de Norma Abate de Mazzuchelli, la jueza de La Rioja acusada de cobrar 8 millones de pesos por una coima. En la sesión especial de la Cámara de Diputados que se llevó a cabo este viernes, por decisión de la vicegobernadora Teresita Madera, la Legislatura de La Rioja rechazó el pedido de renuncia de la acusada y avanzará con el jury de enjuiciamiento.

La reunión fue convocada con el objetivo de “garantizar una Justicia transparente, y asegurar los derechos de las y los ciudadanos” y para dar “tratamiento a la renuncia presentada” por la magistrada, cuya solicitud ya había sido rechazada por parte del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

Anteriormente, en cuanto Mazzuchelli presentó la renuncia a su cargo, referentes del PRO y la UCR exigieron que se desestime la solicitud. “No aceptamos la renuncia de la jueza Mazzuchelli por las denuncias de coimas. Aceptarla garantizaría una jubilación de privilegio para alguien corrupta. Exigimos el jury de enjuiciamiento para asegurar justicia y transparencia”, expresó el radical Guillermo Galván.

Por otra parte, la referente del PRO Luciana de León advirtió que “el Poder Judicial riojano debe ser saneado con urgencia” y sumó un detalle que hizo crecer la tensión: “Si renuncia, se jubila como jueza. Si la destituyen no se puede jubilar. ¿Se entiende la diferencia? Si le aceptan la renuncia queda claro que otros tienen miedo de que prenda el ventilador”.

De acuerdo a la Constitución provincial, el procedimiento de la remoción de jueces está establecido en los artículos 152, 156 y 157. Allí, se señala que los jueces “se remueven por causales del juicio político” y el procedimiento será ante el jurado de enjuiciamiento que “tendrá a su cargo la remoción de los jueces”.

En este caso, la acusada, que ya fue suspendida de su puesto, continuará sin ejercer hasta 30 días hábiles con la posibilidad de solicitar una prórroga por 15 días más. Si se la declara culpable del delito por el que fue denunciada, será destituida, pero, si la Justicia la encuentra inocente de los cargos imputados, la carta magna prevé que le corresponde la reposición en el cargo.