Dirigentes y militantes piqueteros están siendo investigados por la Justicia Federal, acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales para que participen en manifestaciones de la izquierda, a partir de testimonios brindados por las víctimas a la línea 134, habilitada por el Gobierno de Milei.
En la causa se han llevado a cabo hasta el momento unos 27 allanamientos. Entre los acusados se encuentran Jeremías Canteros, Elizabeth Palma y otros tres punteros de apellidos Puppo, Delgado y Vásquez, quienes forman parte de la alta dirigencia del Polo Obrero y otros grupos piqueteros que administraban comedores populares.
El caso más polémico es el de Cantero, integrante de la conducción nacional del Polo Obrero, quien fue funcionario del ex Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández. A su vez, Cantero, que es la mano derecha de Belliboni, ocupó el séptimo lugar entre los diputados nacionales de la lista 502 del Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad del 23 de octubre pasado.
La documentación accesoria revela que el dirigente de izquierda cobraba entre más de 800 mil pesos, como integrante del Ministerio que conducía Victoria Tolosa Paz, mientras Eduardo Belliboni, líder del Partido Obrero y su socio político, se manifestaba frente al edificio del histórico edificio de 9 de Julio y Moreno, para solicitar alimentos y más planes sociales.
A su vez, este jueves se descubrió que la mayoría de estos piqueteros cobran un plan social por parte del Estado Nacional. Son diecinueve de los veintiocho acusados que pertenecen al Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
Los datos surgen del llamado a indagatoria, allanamientos y pedidos de detención que el fiscal federal Gerardo Pollicita le realizó al juez Sebastián Casanello. Ante una consulta de este medio, la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anticipó que “los vamos a dar de baja de inmediato”.
Según los registros de la ANSES, Cantero ingresó a la Secretaría Nacional de Niñez en enero de 2020 y continuó cobrando del Estado hasta el mes de abril de 2023, es decir, hasta ocho meses antes que el kirchnerismo dejara el poder.
En los últimos seis meses, sus honorarios oscilaron entre los $535.122 y los $852.946. Según esa misma documentación, la fluctuación de los importes se debieron la las “horas extras” que realizaba el piquetero acusado por el fiscal Pollicita estar en “un escalón superior a los referentes de cada comedor”.
En el expediente se afirma que el ex funcionario “coordinaba el funcionamiento de varios comedores en la Ciudad de Buenos Aires e intervenía desde esa posición en la toma de decisiones acerca de las exigencias coactivas y extorsivas a las víctimas”.
