En el marco de la causa que inició con la denuncia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, luego del descubrimiento de la falsificación de su identidad para contratar cinco líneas de telefonía, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) informó que bajo análisis se encuentran 106.509 comunicaciones.
Las mismas se realizaron durante cuatro meses y varias de ellas fueron cursadas desde los celulares que estaban a nombre del titular del máximo tribunal. Los investigadores no descartan estar frente a una red de espionaje ilegal que hizo foco en jueces federales: ya son cuatro los que fueron víctimas de hackeo.
El caso fue una luz de alerta en Comodoro Py, donde cuatro magistrados ya dieron a conocer que sus celulares fueron hackeados durante el 2022.
El juez Marcelo Martínez De Giorgi, que investiga todas las denuncias, dio intervención a la DAJuDeCO para dar con el responsable detrás de las intervenciones a los celulares, como también de la adquisición de líneas suplantando la identidad de otros magistrados.
Al organismo especializado en delitos complejos se le pidió un informe técnico con el objetivo de individualizar a las “personas que realizaron dicha maniobra; pidiendo que se individualicen los datos de titularidades históricos e información registral de abonados determinados de los informados a su nombre, también el detalle de cómo se obtuvieron las líneas y cuáles fueron los puntos de venta, informe de tráfico de IMEI y estudios de entramados de comunicaciones y de ubicaciones geográficas”.
El primer dato, como ya contó Clarín, arrojó que no eran cuatro las líneas que se habían sacado a nombre del juez Rosatti, sino cinco. Una de esas líneas sumó a la investigación a otro integrante de la Corte, Carlos Rosenkrantz, ya que se determinó que se utilizó para pedir una línea a su nombre.
Ahora bajo análisis hay otro número: 106.509 comunicaciones. Es es el primer resultado del del trabajo de la DAJuDeCO respecto a los lugares y la cantidad de veces que impactaron los teléfonos sacados a nombre de Horacio Rosatti. El estudio reveló que se identificaron un total de 39 abonados, junto a las líneas a nombre del presidente de la Corte, “estos 39 abonados tienen titularidad a nombre de 28 personas distintas, de las 28 personas identificadas, dos pertenecen a funcionarios judiciales: María Verónica Skanata (jueza federal de Posadas con competencia electoral) y Carlos Fernando Rosenkrantz”.
Lo que hizo el organismo técnico es determinar que esos dispositivos con los IMEI especificados corresponden a los celulares que figuraban a nombre de Rosatti. Un dato: al IMEI hay sólo dos manera de conocerlo, “uno mismo, porque tiene el celular y lo puede consultar (y viene escrito en la caja cuando lo compras) y otro a través de la compañía de teléfono si te vendió el celular”, explicaron especialistas en el tema.
Fuentes de la investigación señalaron a Clarín que se aguarda un segundo informe por parte de la oficina judicial de escuchas y análisis en delitos complejos. “Tanto los cinco abonados a nombre de Rosatti como los otros 39 abonados identificados cursaron esos 106.000 llamados en un período de cuatro meses”.
Para los investigadores ese número es por demás llamativo, “y puede exponer que se trataría de una red de espionaje de mayores dimensiones”, indicaron a este medio.
Lo que busca determinar la DAJuDeCO es la relación entre esos contactos, es decir “identificar parámetros de los entramados de interlocutores y de ubicaciones geográficas” y así ver si logran dar con el autor intelectual de la maniobra.
Dentro de la información que se encuentra en el expediente judicial, hay otro dato que comienza a convertirse en un puente de conexión. Las cinco líneas a nombre de Rosatti fueron tramitadas en locales denominados “Electromisiones”, ubicados en Posadas y Garupa de la provincia de Misiones.
La ubicación geográfica de parte de la maniobra, comienza a tender un puente con el expediente radicado hasta ahora en la justicia porteña a cargo de Araceli Martínez, quien investiga a Ezequiel Nuñes Pinheiro, el joven de 22 años que desde la ciudad misionera de Eldorado reconoció haber hackeado quince teléfonos, y “objetivos” como los llamaba él.
Esa confesión aportó algunos nombres, que coinciden con los jueces de Comodoro Py que perdieron el control de sus celulares mayoritariamente en septiembre del año pasado: Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu (integrantes del Tribunal Oral Federal 2) y Mariano Borinsky y Gustavo Hornos (Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal).
En estos casos, donde se trata de jueces que intervinieron en causas vinculadas a Cristina Kirchner, ya se había determinado igual que todo se había concretado desde la provincia de Misiones. Los datos se van uniendo como piezas de lo que en la justicia creen, puede ser un solo rompecabezas.
