Entre cruces, denuncias y testimonios, el juicio político contra la Corte Suprema continua su trámite en el Congreso. Como novedad, en la última reunión de comisión en Diputados, Juntos por el Cambio denunció públicamente la ilegalidad del debate y se retiró. Sin embargo, un grupo de legisladores regresó más tarde a confrontar con el oficialismo.
La oposición define ahora cómo se parará frente al proceso contra el máximo tribunal, que durará meses, y evalúa dejar solo una “guardia mínima” de control que choque con el Frente de Todos.
La comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, que preside la oficialista Carolina Gaillard, ya comenzó con la etapa de citación de testigos. La semana pasada declararon jueces federales y funcionarios judiciales de la Corte Suprema. Además, el oficialismo hizo valer su mayoría y aprobó convocar al fiscal Carlos Stornelli, quien fue el fiscal del caso de los Cuadernos de las coimas durante el Gobierno K.
Pero antes, apenas iniciada la última reunión, Juntos por el Cambio, a través del jefe de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López presentó un escrito y denunció la ilegalidad de todo el proceso. La oposición acusó al oficialismo de violar garantías de acusados y testigos y de haber convertido a la comisión de Juicio Político en “una comisión de espionaje ilegal”.
Entre otras cosas, el Frente de Todos pretendía, sin requerir la autorización de un juez, darle intervención a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) -que depende de la Corte Suprema y está a cargo de las escuchas telefónicas dispuestas por la Justicia-para acceder al registro de llamadas telefónicas de un grupo de funcionarios, incluidos Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Horacio Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad porteño, hoy de licencia.
