Un acusado por delitos de lesa humanidad afirmó durante un juicio el “sentido humanitario” del robo de bebés durante la dictadura y denunció que algunos de los nietos recuperados tienen “la sangre maldita”.
Se trata de Alberto Daniel Rey Pardellas, quien se desempeñó en el Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca y está acusado por 90 casos de secuestros y tormentos, un homicidio y tres casos de lesiones gravísimas, en el marco de una asociación ilícita, delitos cometidos mientras ocupaba un lugar estratégico, con capacidad de mando, como jefe de compañía, con tropas y oficiales a cargo.
En el juicio se juzgan 79 casos de asesinatos, 23 desapariciones, de las cuales cuatro fueron halladas en democracia y tres víctimas que nacieron en cautiverio fueron apropiadas y permanecen desaparecidas.
Según una nota de la periodista Luciana Bertoia, Rey Pardellas describió el delito de la apropiación de hijos de desaparecidos como un acto “humanitario” de los apropiadores.
“Es un estribillo común de la prédica izquierdista de posguerra decir que aquí no hubo guerra sino genocidio, y que la apropiación de hijos de terroristas fue una práctica aberrante”, describió el represor ante el tribunal oral que lo juzga junto a otros imputados.
“Es preciso contestar con toda claridad que cada uno de los llamados ‘nietos recuperados’ demuestra dos cosas. Primero: el sentido humanitario de quienes provocaron (sic) como propios a los hijos de terroristas –que, dicho de paso, eran pavorosos padres–, suponiendo además que de esa forma se evitaría que crecieran odiando como odiaban sus padres”, sostuvo el militar, casi octogenario, actualmente en prisión domiciliaria.
Cuando habló de nietos recuperados, el imputado hizo el típico gesto con sus manos, arqueando los dedos índice y medio, de las comillas, para relativizar el concepto.
Entonces disparó: “se ha comprobado, -no todos-, que muchos de estos, al igual que sus padres, tienen la sangre maldita”.
Sobre esos casos de “sangre maldita”, Rey Pardellas mencionó a los nietos recuperados y ex funcionarios Juan Cabandié, sobre quien recordó una discusión callejera con una policía por un episodio de tránsito, y Eduardo “Wado” De Pedro, hoy diputado nacional, a quien llamó “mentiroso”.
Cuando el discurso del acusado por delitos de lesa humanidad escalaba, los jueces del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca Sebastián Foglia, Marcos Aguerrido y Ernesto Sebastián lo interrumpieron y lo llamaron al orden.
Cómo es el juicio por la Megacausa Zona 5
El juicio a los exintegrantes del Quinto cuerpo del Ejército Ayala se encuentra en etapa de testimoniales y el tribunal oral federal que los juzga en Bahía Blanca está integrado por Ernesto Sebastián, Sebastián Foglia y Marcos Aguerrido.
Se trata del mayor juicio por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura realizado hasta el momento en Bahía Blanca. Se juzgan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y delitos contra la integridad sexual cometidos en el V Cuerpo de Ejército, con sede en Bahía Blanca y jurisdicción sobre toda la Patagonia.
Entre los detenidos, aparecen varios que cumplieron un rol jerárquico en el Batallón. Está el caso de Diego Horacio Landa, ex jefe de personal e imputado por crímenes de lesa humanidad contra 40 víctimas entre enero de 1977 y enero de 1979. El de Eduardo Carlos Videla, también ex jefe de compañía del 181, acusado por su participación en 52 casos de secuestros y torturas y un hecho de violencia sexual contra víctimas de la ciudad de Bahía Blanca y de localidades cercanas.
Además, aparece el represor Alejandro Lawles- quien estaba prófugo desde noviembre de 2013-, imputado por 26 privaciones ilegales de la libertad, y por los delitos de tormentos y homicidio agravado cometidos entre 1976 y 1977, cuando integraba la plana mayor del Batallón de Comunicaciones 181. Allí ocupó sucesivamente las jefaturas de la Compañía de Comunicaciones y Comando y de la Sección Arsenales.
Otro de los cabecillas del Batallón que fue detenido es Vicente Alfredo Flores, imputado como autor mediato en 34 casos de privaciones ilegales de la libertad y tormentos, y en delitos sexuales perpetrados contra, al menos, seis mujeres en varios centros clandestinos de detención de Bahía Blanca. En este sentido, ocupó un lugar estratégico como jefe del Grupo Antiguerrilla en la Compañía Combate, que en 1977 pasó a denominarse “Compañía A”.
Los imputados son ex miembros del Ejército, en su mayoría oficiales de la jefatura del V Cuerpo del Ejército y del Batallón de Comunicaciones 181, ex integrantes de fuerzas de seguridad y agentes penitenciarios.
La causa tiene, en total, 334 víctimas y 37 imputados, entre los que, además de Alberto Daniel Rey Pardellas, Landa, Videla, Lawless y Flores, se encuentran: Héctor Jorge Abelleira, Humberto Luis Fortunato Adalberti, Víctor Raúl Aguirre, Raúl Esteban Andrés, Adalberto Osvaldo Bonini, Bernardo Artemio Cabezón, Gabriel Cañicul, José Marcelino Casanovas, Mario Alberto Casela, Norberto Eduardo Condal García, Enrique José Del Pino, Raúl Artemio Domínguez, Carlos Alberto Ferreyra, Vicente Antonio Forchetti, Ricardo Claudio Gandolfo, Desiderio Andrés González, Guillermo Julio González Chipont, Jorge Horacio Granada, Martín Gutiérrez Velazco, Claudio Alejandro Kussman, Arsenio Lavayén, José Antonio Maidana, Jorge Aníbal Masson, Osvaldo Bernardino Páez, Oscar Lorenzo Reinhold, Jorge Horacio Rojas, Antonio Miguel Seghighi, Héctor Luis Selaya, Osvaldo Lucio Sierra, Enrique Stel, Carlos Alberto Taffarel, Mario Horacio Torres, Carlos Enrique Villanueva.
