El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, ratificó que irán a la Justicia para que determine cuál es el organismo que debe auditar a las universidades nacionales. La decisión surge como respuesta a la intención del Gobierno de que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sea la encargada de realizar el control.
“Como todos saben, mediante un comunicado, el Poder Ejecutivo informó que por disposición unilateral las universidades nacionales serán auditadas por la Sindicatura General de la Nación. Nosotros entendemos que no posee las competencias para auditar a las universidades por distintas razones jurídicas de peso, pero eso no significa de ningún modo que nos oponemos a las auditorías”, introdujo Gelpi en un encuentro con periodistas organizado en la sede del Rectorado ubicado en la calle Viamonte.
“Esto es muy importante y lo voy a repetir: de ningún modo nos oponemos a las auditorías. Todo lo contrario. Queremos ser auditados todo lo que sea necesario dentro del marco de las leyes y las instituciones. Y es por esto que hemos decidido presentarnos ante la Justicia para que ella sea la que decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el gobierno nacional se encuentra dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no, pero acataremos de manera irrestricta lo que el Poder Judicial decida”, aclaró.
Ante las consultas, Gelpi dijo que de ninguna manera temen una intervención.
A la par, la UBA publicó en su página web un comunicado en el que señaló que es uno de los entes más controlados y auditados en el sector público a través de la Auditoría General de la Nación, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo (con informes mensuales de gastos a la Subsecretaría de Políticas Universitarias) y la Auditoría General de la Universidad. Además, puso a disposición los últimos trabajos de control realizados por estos organismos, a los que se puede acceder en este link.
Leonora Colombo, integrante del Claustro de Graduados del Consejo Superior, explicó el alcance de la presentación judicial que principalmente objeta la participación de la SIGEN en el proceso de control porque violaría la autonomía universitaria.
“Es una acción declarativa de certeza que fue iniciada el día viernes. ¿Cuál es el objetivo de la acción declarativa de certeza? Acá hay una discusión o un debate respecto a la interpretación del sistema jurídico vigente. La Universidad sostiene que la SIGEN no tiene competencias para auditarla y el Poder Ejecutivo sostiene que sí. En nuestra República, el órgano constitucional que está llamado a resolver este tipo de conflictos es el Poder Judicial, con lo cual la Universidad ha elegido encausar institucionalmente este debate para lograr un pronunciamiento del único órgano que es el último intérprete de la Constitución y las leyes”, especificó.
Y desarrolló: “La SIGEN puede ejercer sus actividades de control respecto a los entes y organismos que dependen del Poder Ejecutivo Nacional. No es una opinión de la UBA. Esa es la letra de la ley. En el año 1994, se modificó la Constitución y se incorporó en el artículo 75, inciso 19, de la autonomía universitaria. La Corte Suprema precisó en el año 2003, o sea hace 20 años que está saldada esta discusión, que la autonomía implica que las universidades no dependen del Poder Ejecutivo y que están exentas de cualquier tipo de interferencia o control del Ejecutivo sobre todas sus actividades, incluyendo las económico financieras”.
La discusión técnica surge en medio de una fuerte polémica pública entre el gobierno nacional y las universidades públicas, que reclaman por un fuerte ajuste en el presupuesto educativo y ya han realizado importantes movilizaciones en todo el país con fuertes críticas a la gestión de Javier Milei. El Presidente dice, en cambio, que lo único que pretenden es auditar a las universidades y el financiamiento está garantizado.
Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la UBA, precisó en la conferencia de prensa de este lunes que todos los decanos están trabajando para que el cuatrimestre termine de la mejor manera posible. Recordó que la discusión “operativa”, que implica que la luz esté prendida, los baños limpios y las facultades en condiciones para abrir sus puertas, se saldó después de la primera marcha realizada el 23 de abril.
“Sí hay un escenario de público conocimiento de conflictividad vinculado a los salarios docentes que han perdido su capacidad de adquisitiva un 35% a la fecha y y estamos todo el tiempo trabajando para poder garantizar que se completen los calendarios académicos y que finalice un cuatrimestre, al mismo tiempo que trabajamos a los efectos de que se incorporen en el Presupuesto para lo que queda del año las partidas necesarias para la recomposición de salarios”, agregó.
A la par, buscan que el Congreso pueda establecer en el Presupuesto 2025 las partidas necesarias para que la UBA funcione con normalidad.
