Santa Cruz se convirtió en una suerte de “cementerio de rutas”, si se contabilizan los 24 caminos que Lázaro Báez dejó inconclusos. Se trata de la mitad de los contratos que le fueron adjudicados durante los gobiernos kirchneristas, y que por el presunto direccionamiento y el esquema de beneficios que se montó a favor de Austral Construcciones -sostiene la acusación- derivó en el primer juicio por posibles hechos de corrupción contra Cristina Kirchner. Algunas de esas rutas se licitaron hace dieciséis años y aún están sin terminar.
Un conjunto de obras en suelo santacruceño que estuvieron por más de una década en manos de Lázaro Báez se encuentran bajo un estado de completo abandono. Un muestrario a cielo abierto de contratos millonarios inconclusos. Se trata del 50% de los contratos que le adjudicó el gobierno kirchnerista al Grupo Austral y que según la denuncia judicial se pagaron con sobreprecios promedio del 65%.
Cristina Kirchner y Lázaro Báez tienen muchos negocios en común: 18 operaciones inmobiliarias, contratos de locación, un terreno en condominio en El Calafate valuado en 17,4 millones de pesos. También tuvieron una relación comercial a través de la cual el dueño del Grupo Austral alquiló tres de los hoteles de la vicepresidenta hasta julio de 2013; Báez además contrató con siete de sus firmas habitaciones de esos hoteles que nunca utilizó, sumando 27 millones de pesos en los bolsillos de la familia Kirchner. No es todo: el contratista K construyó departamentos que pertenecen a Los Sauces -la inmobiliaria de los Kirchner investigada por lavado de dinero- y que después terminó alquilando con su constructora.
A la vicepresidenta y al dueño del Grupo Austral también los unen las sospechas sobre la obra pública vial que Báez ganó desde 2005 a 2015. Fueron 51 licitaciones por 46.000 millones de pesos, que según la acusación fiscal que los envió a juicio oral tuvieron diversas irregularidades: direccionamiento de los contratos, sobreprecios que promediaron el 65%, falsedad de las declaraciones de la capacidad técnica y operativa requerida para poder recibir esos contratos y certificaciones pagadas sin constatar los avances de obra, entre otros aspectos.
Ese universo de contratos son parte del juicio por presunta corrupción en la obra pública que desde 2019 afrontan Cristina, los ex funcionarios del ministerio de Planificación Federal y el dueño de Austral Construcciones, y que concluirá este martes con la lectura del veredicto por parte del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2).
Muchos de los caminos cuestionados por la justicia federal habían sido adjudicados en 2006 y desde entonces se encuentran inconclusos, pero con partidas presupuestarias que ya fueron asignadas. Justamente, una de las acusaciones que recaen sobre Báez es que percibió fondos del Estado pero que no los usó para hacer esos trabajos. Por eso, a la vicepresidenta se la procesó como jefa de una asociación ilícita que “defraudó al Estado al favorecer con contratos viales” al Grupo Austral.
El listado de contratos que acumulan más de una década desde su licitación incluye una importante obra sobre la Ruta Nacional 3, el tramo entre el límite Chubut/Santa Cruz y la ciudad de Caleta Olivia, desde el kilómetro 1.855,91 al 1.871,10 y del 1.876,30 al 1908.
Se trata de dos tramos de una licitación lanzada en 2006 y que se había concebido en tres tramos. Todos ellos fueron adjudicados al Grupo Austral hasta 2015, cuando contaban con un avance del 36% promedio y estipularon los sobreprecios en un 300%.
La parte desde el kilómetro 1.867 al 1.908 se adjudicó a Austral Construcciones por 313.6 millones de pesos. Pero el gobierno kirchnerista le pagó 1.309 millones (231% más), con un avance de obra del 24%. La otra licitación fue ganada por Kank & Costilla, de Martín Báez, por 215 millones de pesos. Sólo construyó el 27% y terminó cobrando 872,9 millones, es decir 305% más.
Ese conjunto de contratos fue rescindido por el gobierno de Mauricio Macri y licitados nuevamente. En aquel momento la mejor oferta la realizó CPC, propiedad de Cristóbal López, pero con un avance del 3% y denunciando abandono de obra, le quitaron la obra un año después.
La obra sobre la Ruta Provincial 47 empalme con la Ruta 3 había contado con la firma de dos contratos durante la gestión kirchnerista. El primero se adjudicó a Kank y Costilla (propiedad de Báez) el 10 de junio de 2011 por 618 millones de pesos, pero se terminó pagando 1.298 millones. El avance sólo fue del 28%. Tres días después, se le entregó sobre ese mismo camino otra obra a Austral Construcciones. El presupuesto era de 613 millones de pesos, pero se abonaron 1.047 millones con un avance del 25%.
Sobre Ruta Nacional 3 también se encuentra la obra por un tramo entre Tres Cerros y Caleta Olivia, que estaba relacionada a la gran obra que conecta Santa Cruz con Chubut y que lleva inconclusa más de diez años.
El otro corredor nacional es la Ruta 40. El 8 de septiembre de 2009, Báez fue adjudicatario de la obra de empalme entre Lago Cardiel y Tres Lagos. En aquel momento el presupuesto fue de 254.668.521 pesos, pero con sólo el 32% realizado se terminó pagando a Austral Construcciones 800.782.691 pesos.
Otra obra que debía realizarse sobre Ruta 40 expone la imagen reiterada: un trabajo incompleto que obligó a que muchos santacruceños dejen de utilizar esa ruta. Algunos la califican como la ruta “fantasma”. Salió del radar de opciones para llegar desde la zona de Río Gallegos a Río Turbio, porque se convirtió en un recorrido riesgoso. Unir con un camino asfaltado ambos puntos hacia el oeste de la provincia era el proyecto original que se licitó en 2007.
El Grupo Austral tuvo durante quince años esa ruta que terminó abandonando. Al momento de realizar la publicidad de la oferta de este contrato para obras básicas y pavimento de este tramo sobre Ruta Nacional 40, el presupuesto oficial era de 177 millones de pesos, pero la cifra fue sólo anecdótica.
Cuando se publicó el llamado a licitación, se presentaron tres empresas del Grupo Austral: Kank y Costilla, Gotti y Austral Construcciones. También la firma Petersen, pero su oferta fue desechada. Así fue que quedó Lázaro Báez compitiendo contra él mismo. “No sólo no sugirió su rechazo ni la pérdida de su garantía, ni la imposición de sanción alguna o comunicación al Registro de Constructores, como hubiese correspondido, sino que inclusive la comisión evaluadora aconsejó preadjudicar la obra a Austral como terminó ocurriendo”, explicó el fiscal Diego Luciani durante su alegato.
Los trabajos se iniciaron el 22 de marzo de 2007. Esa ruta que prácticamente ya no se transita, debía realizarse en 36 meses, pero la empresa de Báez “con la anuencia de la agencia vial provincial y nacional, elevó el plazo original a 120 meses”, sostiene la acusación. Esto tuvo un impacto inmediato en el costo de obra, que pasó de $ 203.656.370,71 pesos a los 383.711.280,12 pesos que terminó pagándole el gobierno de Cristina Kirchner. “Un 88,41% más del valor oficial, con un grado de avance de 59%”.
