De manera categórica, sin rodeos ni eufemismos, los jueces que condenaron a Cristina Kirchner en la causa de Vialidad se encargaron de contestar en el fallo la acusación K de que la vicepresidenta fue víctima del lawfare durante el juicio en su contra. "En una coartada para eludir, ante los poderes judiciales democráticos, la rendición de cuentas por la comisión de delitos de corrupción", sostuvieron Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.
Incluso sostienen que el lawfare no es otra cosa que "una teoría conspirativa" que "no niega ni explica los hechos que fueron comprobados" durante el juicio. "No es otra cosa que un argumento falaz", sostienen.
Los magistrados le dedicaron un apartado a la cuestión del lawfare, la teoría que defiende el kirchnerismo para justificar la inocencia de la vicepresidente y que sostiene que existirían procesos de persecución contra los presuntos líderes populares de parte de los medios, la justicia y los empresarios.
"Hubo un aspecto mencionado que aún no abordamos pues no se vinculaba con el hecho y sus consecuencias penales; y a modo de colofón lo haremos a continuación", arrancan.
Y siguen "Nos referimos a los argumentos defensistas llevados al extremo de calificar a la totalidad de este proceso como una expresión concreta de una 'guerra judicial'-o 'lawfare', según el anglicismo utilizado- llevada adelante contra algunas de las personas aquí imputadas, supuestamente ejecutada por sus opositores políticos, el Poder Judicial y algunos medios masivos de comunicación".
Tras la introducción, empiezan a tirar abajo los argumentos sobre el lawfare que durante el proceso el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, y el de otros acusados intentaron probar.
Los jueces dicen que para las defensas de los condenados existían "pruebas irrefutables" sobre la persecución y recuerdan que durante el juicio los acusados y sus abogados "dirigieron ataques a los medios masivos de comunicación que fueron identificados por los acusados, bajo esta lógica, como operadores aliados e imprescindibles para la formación de opinión de la sociedad". Y que además ellos mismo fueron acusado de ser parte de la operación de lawfare.
Una marcha a favor de Cristina Kirchner antes de que se conociera los argumentos de la condena por corrupción.
Uno de los argumentos que se encargan de desbaratar tiene que ver con la fecha de inicio del juicio, el 21 mayo de 2019. En el escrito recuerdan que desde el kirchnerismo sostuvieron que habia sido fijada a propósito en un año electoral para influir en las elecciones y sostienen que el arranque del proceso no fue producto "de la casualidad, sino del devenir natural del proceso"
"¿Cómo se puede decir años después con total desparpajo que la fecha fue elegida especulando con el calendario electoral? Dicha postura solo se explica en una defensa mediática y extrajudicial disociada de los reproches de naturaleza delictiva que constituyeron el objeto del presente juicio", agregan los magistrado.
Incluso van más lejos y sostienen que es una postura común de cualquier político involucrado en procesos judiciales usar esos argumentos para deslegitimar la investigación. "Ya resulta un cliché de todo ex o actual funcionario público imputado en una causa penal -de cualquier espacio político, por cierto- el vincular el devenir del proceso con la coyuntura política o el calendario electoral. Diríamos que es casi, permanentemente, una defensa anunciada tendiente a influir más en el ámbito de los medios de comunicación que en cualquier otro universo".
"En nuestro país hay elecciones, como mínimo, cada dos años", recuerdan los jueces y agregan que una investigación o juicio penal siempre puede ser usado "maliciosamente" para vincularlo con la político.
Sobre el final del apartado sobre el lawfare despliegan un tono irónico. "Ahora parece más sofisticado hablar de lawfare (como si las cosas al ser descriptas en inglés tuvieran más valor) para definir algo que en la realidad aparece sólo como una nueva teoría conspirativa tan antigua como el propio Estado de Derecho".
