Lázaro Báez, el ex socio comercial de Cristina Kirchner seguirá bajo arresto domiciliario. La Sala IV de la Cámara de Casación, con un acuerdo mayoritario, rechazó concederle la libertad tal como su defensa había requerido.
Además, los camaristas instaron al Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), que debe juzgarlo por operaciones de lavado de dinero a través de la compra del campo El Entrevero en Uruguay, a que acelere los plazos para que ese juicio inicie lo antes posible, ya que es el único caso por el cual está preso Lázaro Báez.
Con una condena de doce años por haber lavado 55 millones de dólares utilizando su firma insignia, Austral Construcciones, Báez esperaba recuperar su libertad. En la Ruta del Dinero K, el caso que lo condujo a prisión en abril de 2016, ya había sido excarcelado. Recibió la condena en febrero del año pasado tras la lectura del veredicto del TOF 4.
Sin embargo, continúa bajo arresto domiciliario porque se le dictó prisión preventiva en un expediente conexo a la Ruta del Dinero K, donde se investiga la incorporación al mercado de dinero de origen ilícito, a través de la compra del campo El Entrevero, valuado en 14 millones de dólares, y un terreno en la localidad Faro de José Ignacio, cotizado en 320.000 dólares. La propiedad habría quedado en cabeza de una sociedad uruguaya controlada por Daniel Pérez Gadín, ex contador de Báez.
El caso fue elevado a juicio, pero según consignaron fuentes judiciales a Clarín, no hay posibilidades operativas de iniciar el debate oral en el corto plazo. En primer término, porque el TOF 4 se encuentra realizando otros juicios con agenda completa. Por otro lado, el Tribunal no se encuentra completo con magistrados titulares, la subrogancia a cargo de Jorge Gorini (titular del TOF 2) concluye a fin de año y deberá integrarse nuevamente.
Frente a este escenario, el fiscal ante el TOF 4, Abel Córdoba, consideró que dada la circunstancia era conveniente que se dicte el cese del arresto domiciliario de Lázaro Báez.
Al fundamentar su planteo, el fiscal indicó que si bien el trámite de la causa avanzó con la producción de las medidas de instrucción suplementaria, "todavía no se encuentra completa y —a raíz del caudal de trabajo y de los juicios que se están desarrollando en paralelo en este momento— no se ha fijado fecha para la realización del debate ni se está en condiciones de celebrarlo en lo inmediato y menos aún de finalizarlo prontamente".
Este criterio fue avalado por el fiscal ante la Casación, Javier De Luca. Al analizar el caso, los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo confirmaron la resolución del TOF 4 de mantener el arresto domiciliario de Báez. Hay que recordar que dejó el Penal de Ezeiza en 2020 y desde entonces se encuentra en una propiedad en el Gran Buenos Aires que le prestaron después después de que en el barrio cerrado de Pilar, donde cuenta con una propiedad, los vecinos rechazaron su ingreso.
Para los camaristas Hornos y Carbajo, Báez debe esperar el inicio del juicio bajo la misma modalidad en la que se encuentra ahora. Por ese motivo instaron al TOF 4 que acelere los plazos para que ese debate no continúe retrasándose.
"Se estima necesario y conducente la pronta fijación de fecha para la realización del debate; debiéndose, en caso de ser necesario, reajustar la agenda del Tribunal a tal efecto”, señalaron los jueces. El camarista Hornos agregó que en todos los casos, y "en particular los de gran gravedad y trascendencia, la justicia debe procurar la resolución de los conflictos dentro de un plazo prudencial".
El Tribunal a cargo del juicio había explicado la imposibilidad de que esto ocurra, además, "por la voluminosidad del caso, las medidas de prueba que se hallan pendientes y los inconvenientes de agenda para fijar días de audiencias". También se planteó como un problema la "composición concreta del tribunal -que cuenta con un solo juez titular y dos jueces subrogantes-, y la situación de “colapso” existente en el fuero, entre otros".
Por esta situación y el tiempo que Lázaro Báez lleva detenidos -6 ños y 3 meses-, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia, pidiendo que como señaló la fiscalía, se dicte el cese de la prisión preventiva.
