Una fuerte polémica se había desatado en agosto del año pasado, cuando el gobierno porteño informaba que iba a quitarle el plan social a las familias que tuvieran el beneficio y no mandaran a sus hijos a la escuela.
Para eso, anunciaron entonces, habían aprobado una resolución que modificaba el régimen de alumnos regulares. Esa condición ya no la tendrían todos los estudiantes que se hayan anotado en una escuela (como fue históricamente), sino solo aquellos que digan presente el 85% de los días de clase en cada bimestre. Y esa condición de alumno regular se revalidaría bimestre tras bimestre.
Desde la Ciudad afirmaron que cuentan con un sistema informático que les permite conocer cuantos días falta cada alumno. Y que por eso pueden saber qué familias que reciben el plan Ciudadanía Porteña -un programa de transferencia directa de ingresos a los hogares pobres e indigentes de la Ciudad- no están cumpliendo con el requisito de escolaridad de chicos y adolescentes.
La noticia ahora es que la Ciudad avanzó con la medida y, efectivamente, le quitó el componente educativo del plan social a las familias de 1.445 estudiantes que no cumplieron con las nuevas exigencias de alumnos regulares en los últimos dos bimestres de 2022. La quita fue a partir de enero. Si no regularizan la situación, esas familias perderán el plan completo tres meses después de haber perdido el componente educativo.
Hoy el plan Ciudadanía Digital entrega a los beneficiaros $21.818 en promedio (en enero), más el componente educativo que está en $ 7.561,32 por hijo (en caso de pobreza) y $ 11.341,97 por hijo (indigencia).
Los 1.455 planes que cayeron representan el 8% de los 17.798 estudiantes porteños cuyos padres o madres recibían el beneficio. Esas familias pueden recuperar la percepción durante este mismo bimestre si los chicos vuelven a su condición alumnos regulares (faltan menos del 15% de los días de clase) y cumplen con las instancias de recuperación de aprendizajes que se establezcan entre el docente, la familia y el alumno. Por ejemplo, las clases de los sábados, contraturno o las actividades de apoyo escolar que se crea conveniente.
El nuevo régimen de alumno regular rige para alumnos de jardín, primaria y secundaria, de escuelas públicas y privadas.
Desde el Ministerio de Educación porteño afirman que la medida se tomó tras constatar que, tras la vuelta a clases post pandemia, la Ciudad estaba registrando -en su sistema informático- un aumento considerable del ausentismo escolar. “En 2022, se constató que había un 30% de estudiantes que faltaban a clases al menos una semana al mes”, explican.
“Al cambiar el sistema de incentivos, logramos que 8.998 alumnos de inicial y primaria que faltaban de forma reiterada, mejoraran su conducta y lograran recuperar del tercer al cuarto bimestre del año pasado su condición de regularidad”, afirman.
El drama del ausentismo
La cuestión del presentismo (o bien, ausentismo) de los alumnos preocupa desde hace años a autoridades y expertos preocupados por la educación, quienes señalan que la continuidad pedagógica es clave para lograr buenos aprendizajes. Pero el problema se profundizó tras la pandemia.
Desde el Ministerio de Educación porteño informan que al finalizar el ciclo lectivo 2022 eran 26.383 los estudiantes que habían perdido su condición de alumno regular, lo que representa el 15% de la matrícula total de inicial y primaria de escuelas de gestión estatal.
De ese universo, 21.970 faltaron entre 7 y 10 días por bimestre. Además, detectaron una situación crítica de 4.413 alumnos de nivel primario que habían faltado por lo menos 30 días en 4 meses. “Sobre este grupo, se activó una estrategia personalizada. Un equipo técnico del Ministerio salió a buscarlos casa por casa para ofrecerles”, afirman.
La controversia
El año pasado la decisión del gobierno porteño de ir contra los planes sociales de quienes no cumplan con la escolaridad había generado una fuerte controversia ente el gobierno porteño y el nacional. Desde la Ciudad le sugirieron a Nación que implementen una medida similar con los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que también tiene como contraprestación obligatoria la escolaridad de chicos y adolescentes.
Dirigentes del oficialismo nacional salieron a responder. Como la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien a través de Twitter, escribió que la medida es “un castigo, una doble estigmatización, una herramienta fiscal para bajar la ayuda”.
“Una familia en situación de vulnerabilidad necesita que el Estado la acompañe, ayude e incentive a volver a una situación de regularidad escolar, de trabajo y de salud y no que la castigue por no hacerlo”, afirmó Cerruti entonces.
