El Gobierno quiere abrir el debate en torno a un proyecto de ley contra el odio. Lo que pareció siendo una propuesta marginal, de algunos sectores del kirchnerismo duro y de referentes con escaso peso específico en la mesa de decisiones del Frente de Todos, ante el impacto que generó el atentado contra Cristina Kirchner, parece empezar a tomar impulso.
Este lunes, desde la Casa Rosada indicaron a Clarín que "es un debate que hay que dar" como ocurre "en todos los países del mundo", pero admitieron que todavía no está definido si presentará un proyecto propio. "Mañana tal vez se decida algo distinto, estamos viendo cómo avanzar, pero todavía no hay nadie trabajando en eso, no hay ningún borrador, ese (texto) que se filtró no es nuestro", aseguraron.
La definición desde Balcarce 50 no es un asunto menor. En los casi tres años de la gestión de Fernández hubo diversas propuestas altisonantes de sectores ultrakirchneristas que no tuvieron eco en la Casa Rosada. Incluso durante la pandemia impulsaron propuestas similares para debatir sobre el odio.
La creación de NODIO, un observatorio de la Defensoría del Público -bajo la órbita del Congreso- propuesto para analizar "la violencia simbólica y las noticias maliciosas ya emitidas" fue el caso emblemático.
Pero, ante la polémica, en un momento en el que Fernández todavía gozaba de altos índices de aprobación y pretendía imponer un liderazgo diferente al de Cristina, el Ejecutivo se despegó y hasta trabajó en las sombras para desinflar su influencia.
El ataque a Cristina cambió el escenario y cerró filas en el oficialismo. Y Alberto F Fernández no sólo ya no opone resistencia, sino que lideró la decisión del Frente de Todos de dictaminar que al atacante de Cristina, el brasileño Fernando André Sabag Montiel, lo movilizó el “odio” contra la Vicepresidenta; y responsabilizó a opositores, magistrados y medios y periodistas críticos. Una teoría por demás polémica si te tiene en cuenta que no habían pasado ni 24 horas del hecho y, por supuesto, la Justicia recién avanzaba con las primeras medidas de prueba en la investigación.
El nuevo escenario
"Es un debate que hay que dar, que se da en todos los países del mundo, que en Alemania encabezó (Angela) Merkel. Y Argentina, que tiene un proceso de fortalecimiento de la democracia inédito, con su construcción de convivencia, repudio a los golpes de estado, no violencia, búsqueda de verdad y justicia sin revancha, tiene que ser capaz de dar ese debate con madurez y responsabilidad para seguir profundizando y garantizando la convivencia democrática", sostienen desde Presidencia.
Incluso entre los funcionarios que lo rodean hay mayoría de voces que lo ven con buenos ojos. Como ejemplo de esta situación, en el albertismo recuerdan que el canciller Santiago Cafiero, en septiembre de 2020, durante su primera visita como jefe de Gabinete al Congreso, ya había pedido terminar con "los discursos de odio".
Desde el Gobierno, de todos modos, aclararon que el debate está en etapa embrionaria. "Por ahora no hay nada redactado, sólo voluntad de trabajarlo", dijo uno de los dirigentes incondicionales del Presidente; y admitió dudas respecto a cómo avanzar.
El debate, según estimó, “se llevará adelante con la oposición, los medios, con todos los sectores sociales, ya que el odio afecta a todos".
“Mañana -aportó otra voz con trato diario con el mandatario- tal vez se decida algo distinto, estamos viendo cómo avanzar, pero todavía no hay nadie trabajando en eso, no hay ningún borrador, ese (texto) que se filtró no es nuestro". Se refería a un proyecto que circuló entre las redes sociales, luego de que la titular del INADI, Victoria Donda, dijera que "urge como sociedad tener una herramienta legal que sancione" las construcciones discursivas de odio.
Es curioso: en esa columna de Infobae, titulada “La política del gatillo", la funcionaria sostuvo que "las armas de los odiadores las cargan los Macri, las Bullrich, los Milei, las Granata y los López Murphy". Esa contradicción se advierte en buena parte de los discursos de los dirigentes oficialistas que dicen querer combatir "al odio".
Sin embargo, remarcaron que "es un debate que ya se está dando". "Lo están dando las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de periodistas. Hay que ver cómo encauzarlo, porque este tipo de temas profundos, sociales y culturales, no se resuelven con una ley, pero hay que resolverlo", agregaron desde el entorno presidencial. La idea que pregonan algunos es que no haya proyecto oficial sino que surja desde ámbitos académicos y luego sea trabajado en el Congreso.
Palabra de asesor
El sábado, el antropólogo y coordinador del programa Argentina Futura -y asesor presidencial- Alejandro Grimson sostuvo que "la Argentina tiene que avanzar en la limitación de los discursos del odio para lograr convivencia democrática sin violencia" y precisó que eso debería "plasmarse en una ley o en un conjunto de leyes".
Ese mismo día, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, acusó: “Hay periodistas con nombre y apellido que son partícipes necesarios muy centrales de la construcción del odio en Argentina y que hagan una autocrítica y que ese discurso que les genera uno o dos puntos más de rating tiene profundas consecuencias sociales, discursos que generan otros discursos de persecución, de expulsión y de exterminio". Fue al cabo de la sesión en la que todas las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados se reunieron para repudiar el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta.
En esa misma nota, en LN+, la funcionaria diferenció la postura del PRO de la del resto de Juntos por el Cambio. Es en esos matices, que reavivaron la interna opositora, que desde el Gobierno ven una posibilidad de conseguir apoyo por fuera del oficialismo.
Sin embargo, en JxC parece haber unanimidad en el rechazo. A la negativa que desde el PRO dejó saber el presidente del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, quien consideró que "no es la ley contra el odio sino la ley mordaza", se sumó la bancada radical de esa cámara.
Mario Negri, ante la consulta de Clarín, fue contudente y anunció que están "absolutamente en contra". "No es el odio, (al Gobierno) le preocupa la Justicia. Esta nueva causa épica que quieren construir y llevarla a una ley no tiene otro significado que no sea ir por la libertad de expresión y opinión de los ciudadanos y de la prensa. No pasarán".
En el mismo sentido se pronunció el titular del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López. "Estamos totalmente en contra. Con el kirchnerismo esos temas no se pueden ni mencionar porque son capaces de cualquier cosa", dijo ante este diario.
Negri consideró que el kirchnerismo “quiere pavimentar el camino a una autocracia” y alertó que la iniciativa se trata de “la construcción de un relato que tiene origen en otros países del mundo donde el populismo lo usó para dividir a la sociedad y concentrar poder y restringir libertades individuales”.
En la oposición comparan la propuesta del Gobierno con los avances a la libertad de expresión que se da en otros países con los que se alinea el kirchnerismo, como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sobre este último, destacan la sugerencia que hizo el presidente Nicolás Maduro, quien planteó como ejemplo la ley contra el odio que hizo aprobar su administración, que establece penas de hasta 20 años de cárcel para quien incite al odio, la discriminación o la violencia, y habilita al Ejecutivo a bloquear portales y sitios de noticias.
