La oposición se anotó una importante victoria política la semana pasada con la media sanción de la implementación de la Boleta Única de Papel, a pesar del rechazo del kirchnerismo. El próximo miércoles volverá a poner en juego su nuevo esquema de alianzas para intentar marcarle otra vez la agenda al Gobierno con su propia reforma de la ley de Alquileres.
Con algunas semanas de demora -y tras varias quejas de Juntos por el Cambio-, este miércoles se realizará un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda. Allí los bloques opositores avanzarán con un dictamen unificado de minoría, ya que el Frente de Todos tiene los números para imponer el de mayoría. La firma del dictamen es el paso previo para poder tratar un proyecto en el recinto.
Sin embargo, si se convoca a una sesión, el oficialismo no tendrá los números para aprobar su proyecto. En cambio, los diferentes bloques opositores podrán recrear casi la misma mayoría que aprobó la Boleta Única para darle media sanción al dictamen de la minoría. De hecho, ya se habla de que intentarán llevar el debate al recinto antes del receso de julio por las vacaciones de invierno.
Sería otra dura derrota para el Gobierno, que nuevamente estará obligado a “cajonear” el proyecto en el Senado y a pagar un inevitable costo político, dado que es un tema que afecta a cientos de miles de personas y ha quedado en el centro del debate público por el contexto inflacionario.
Meses atrás, oficialismo y oposición coincidieron en que la ley de Alquileres vigente había generado distorsiones en el mercado inmobiliario que perjudicaron tanto a inquilinos como a propietarios. “Necesitamos reconocer que hay problemas con el valor de los alquileres. Pensando en todos los argentinos y argentinas que hoy son inquilinos, le pido al Congreso de la Nación que asuma la tarea de avanzar en los cambios que sean necesarios”, dijo Alberto Fernández durante la apertura de sesiones ordinarias en marzo.
Parecía existir cierto acuerdo en que era necesario dar marcha atrás con la extensión de los contratos de 2 a 3 años y con la actualización anual de los alquileres. Sin embargo, durante las reuniones informativas en las comisiones de Diputados la mayoría de las agrupaciones de inquilinos respaldaron los dos puntos más conflictivos.
Dentro del bloque oficialista hubo un cambio de postura. Finalmente el Frente de Todos avanzó con un dictamen que no altera la duración de tres años y estipula que sólo pueden aplicarse “ajustes anuales” utilizando un promedio del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central.
Por su parte, Juntos por el Cambio firmó un dictamen propio. Y lo mismo hizo Graciela Camaño, del Interbloque Federal. Como tanto el proyecto del Frente de Todos como el Camaño contenían incentivos fiscales para que los propietarios pongan sus departamentos y casas en alquiler, la comisión de Presupuesto pidió el giro de los proyectos. Este miércoles volverá a debatirse el tema en una reunión conjunta de Presupuesto y Legislación General.
El oficialismo tiene mayoría en ambas comisiones y podría avanzar nuevamente con su dictamen, que se tratará primero cuando llegue al recinto. Sin embargo, la oposición unificada ahora tiene votos suficientes para rechazar el proyecto del Frente de Todos y votar luego el propio.
Juntos por el Cambio proponía que los contratos de alquiler vuelvan a ser de dos años, y que la actualización se haga cada seis meses en base a un mecanismo acordado por las partes. El proyecto de Camaño, que sumó el apoyo del rionegrino Agustín Domingo, coincidía en la reducción del plazo pero estipulaba un tope (la inflación acumulada) para los aumentos. Además, proponía todo un capítulo de incentivos fiscales para fomentar que más viviendas sean puestas en alquiler.
El acuerdo al que llegó la oposición incluye volver al plazo de dos años, las actualizaciones semestrales sin ningún techo y la inclusión de los incentivos fiscales. Entre ellos, la exención del pago del impuesto a los Bienes Personales para los que declaren los contratos de alquiler, una reforma del régimen del monotributo para que las personas con hasta 10 propiedades en alquiler no tengan que pasar al régimen general y una modificación para que el pago de alquileres no se vea afectado por el impuesto al cheque.
Esta iniciativa entonces contaría con los votos de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y los dos diputados rionegrinos. Además, hay que sumar a los cuatro diputados libertarios, que cuestionan cualquier tipo de intervención estatal en el mercado inmobiliario. Un total de 130 escaños, que supera el mínimo de 129.
Más allá de los proyectos en pugna, sí hay una coincidencia entre oficialismo y oposición: ninguna ley podrá el problema de fondo, que se relaciona directamente con la inflación y los desequilibrios macroeconómicos.
