El proyecto que reforma la Ley de Seguridad Interior para ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico finalmente ingresó al Congreso este lunes y busca fundamentalmente facultar al cuerpo de seguridad para intervenir ante la presencia de actos terroristas vinculados al narcotráfico, con una eminente participación de los gobernadores. Incluye una garantía para los militares: "Su accionar será calificado en cumplimiento del deber y, por consiguiente, no punible".
La medida fue adelantada por BAE Negocios, luego de que tanto el ministro de Defensa, Luis Petri, y la titular de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaran que venían trabajando en un paquete de leyes destinado a revertir la imposibilidad legal para que las FFAA combatan contra el narcotráfico. Esto fue en medio de la escalada de violencia narco en Rosario y el gobernador Maximiliano Pullaro respaldó públicamente las iniciativas: todos reclamaban por la presencia del Ejército.
Lo cierto es que las disposiciones legales en el marco del rol de las Fuerzas Armadas es limitado y esto es lo que se busca modificar con la reforma. La ley vigente establece que las FFAA no pueden accionar al menos que se declare Estado de Sitio o actúen en defensa de un ataque exterior: el narcotráfico representa un gris que no está puntualizado.
Así lo dispone el decreto reglamentario del kirchnerismo, revalidado en 2020 por el expresidente Alberto Fernández, destinado a limitar el rol activo de las Fuerzas. Asimismo, la Ley de Seguridad Interior contempla la creación de un Comité de Crisis que cuente con apoyo logístico de las FFAA y, como contó este medio, la idea era que puedan cumplir también con un papel operativo ante conflictos terroristas, en el cual se contemplará la narcocriminalidad.
Comité de Crisis
Este Comité, según el proyecto de Petri, estaría conformado por él y los gobernadores de las provincias afectadas -en calidad de copresidentes-, así como también representantes de las FFAA y demás fuerzas de seguridad nacionales. En cada provincia que se adhiera al régimen, además, se crearía un Consejo provincial de Complementación para la Seguridad Interior.
"Se propone una alternativa intermedia con el fin de que las FFAA puedan intervenir en actividades de Seguridad Interior en apoyo a las Fuerzas de Seguridad, sin que se requiera acudir a la opción extrema de la declaración del estado de sitio, que implica la suspensión de derechos y garantías de los ciudadanos", explica la presentación del proyecto de Petri, enviado a la Cámara que preside Martín Menem.
En esencia, el reparo que presenta la actual legislación es que las FFAA no pueden actuar ante un conflicto interno. El proyecto lo reescribe para que "cuando se lo considere necesario, se constituya un Comité de Crisis cuya misión será ejercer la conducción política y supervisión operacional de los cuerpos policiales y las fuerzas de Seguridad federales y provinciales que se encuentren empeñados en el restablecimiento de la Seguridad Interior en cualquier lugar del territorio nacional y estará compuesto por el ministro de Seguridad y el Gobernador cuyo ámbito territorial dichas fuerzas se desplieguen, en calidad de copresidentes, y los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal".
"Los efectivos de cualesquiera de las instituciones policiales y fuerzas de seguridad del Estado Nacional podrán actuar en jurisdicción atribuida a otras en persecución de delincuentes, sospechosos de delitos e infractores o para la realización de diligencias urgentes relacionadas con su función, cuando esté comprometido el éxito de la investigación, debiendo darse inmediato conocimiento, y dentro de un plazo no mayor a cuatro horas, al Ministerio de Seguridad y a la institución policial o de seguridad titular de la jurisdicción", agrega el proyecto.
Además, suscribe que "será obligatoria la cooperación y actuación supletoria entre Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Servicio Penitenciario Federal" y agrega que, cuando el Comité de Crisis lo requiera, el ministerio de Defensa "dispondrá el apoyo de las FFAA a las operaciones de Seguridad Interior, mediante la afectación a solicitud del mismo".
El rol de las Fuerzas Armadas
En medio del conflicto por la visita de diputados libertarios a condenados por delitos de lesa humanidad en Ezeiza, el proyecto reabre el debate del rol de las milicias. "El uso de la fuerza se regirá en los mismos términos y condiciones vigentes para las Fuerzas de Seguridad nacionales, quedando expresamente habilitadas a la realización de operaciones de Seguridad Interior. En los casos en que el personal militar designado para las acciones definidas se viera obligado a utilizar medios materiales de coacción, deberá hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance, según cada caso", aclara el proyecto.
Y sigue: "Su accionar será calificado en cumplimiento del deber, y por consiguiente, no punible en términos del artículo 34 del Código Penal. Las FFAA deberán contar con la capacitación técnico legal correspondiente, así como también el equipamiento deberá ajustarse a las necesidades operativas de la misión".
Se agrega también que las Fuerzas podrán realizar patrullaje, control de personas y vehículos, operaciones de control en puestos fijos o móviles, control y vigilancia de instalaciones inmuebles y aprehensión en flagrancia, en el área geográfica específica de actuación -que tendrá también un tiempo de duración-. "En caso de detectar un presunto delito, las FFAA deberán adoptar las acciones necesarias para hacer cesar sus efectos y comunicarán su actuación de forma inmediata al fiscal o juez competente".
