La aprobación en general de la Ley Ómnibus habilitó a que, a partir de hoy, se traten los artículos en particular. Entre ellos, está el que habilita a la modificación de la Ley de Glaciares y que despertó fuerte rechazo entre organizaciones ambientales y científicos.
La ley 26.639 se sancionó en 2010 para preservar los glaciares y ambientes periglaciares, que son fuentes de recursos hídricos para poblaciones y biodiversidad. Dentro de la normativa se creó el inventario nacional de glaciares, desarrollado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), en coordinación con el entonces Ministerio de Ambiente de la Nación.
La modificación central que quiere introducir el Ejecutivo con la Ley Ómnibus es achicar la definición de glaciares y que los de menor tamaño no ingresen en esta categoría. Tampoco los que no hayan sido incluidos en el inventario, que está incompleto.
“El perjuicio más relevante de la modificación a la ley de glaciares es que una gran extensión de la cordillera dejará de estar protegida. Eso hace que se puedan desarrollar actividades que hoy están prohibidas en zonas donde la nieve se infiltra y después recarga las cuencas de los ríos”, explicó a TN el investigador Lucas Ruiz, que forma parte del Ianigla. Y agregó: “La ley brinda más seguridad para que el agua que nace en esas cuencas no esté contaminada”.
Los glaciares se forman por una combinación de factores. Se trata de nieve que queda convertida en hielo y va acumulándose en capas a través del tiempo gracias a la persistencia de distintas condiciones ambientales, como las bajas temperaturas en altura muy elevadas. Son una reserva de agua dulce vital.
Al derretirse algunas capas de un sector de los glaciares, tanto por el incremento de temperatura a nivel global como por tratarse del extremo que se encuentra más abajo en la montaña, el agua se filtra en el territorio para volver a adoptar su forma congelada bajo tierra. Esto se da, generalmente, en lugares que están por debajo de la zona de glaciares y puede considerarse como hielo subterráneo, que también se va acumulando en capas.
El ambiente periglacial puede considerarse como tierra congelada, en donde puede formarse hielo a partir de la presencia de humedad y una exposición a bajas temperaturas, generalmente cercanas a 0º o menos. El congelamiento puede darse tanto en la superficie como por encima o por debajo de ella, pasando a convertirse en una reserva hídrica ya que, en caso de que se dé un descongelamiento total o parcial, esa masa se transformaría en agua.
Otras variantes son los glaciares de escombros, una combinación entre glaciares subterráneos y piedras sin hielo a la vista; así como también suelos congelados con gran cantidad de hielo pero que no se consideran como glaciares. Ambas alternativas son reservas hídricas y son subterráneas.
Modificaciones del territorio
El foco está sobre la minería y Ruiz reforzó el concepto de que la ley no sólo protege a los glaciares sino también al ambiente periglacial, este último “hielo que está en el subsuelo y no se ve, sobre todo en zonas de cordillera de San Juan, Mendoza, La Rioja o Catamarca”.
El investigador aclaró que, actualmente, no está prohibida la minería en determinadas zonas “si se realizan proyectos viables que no vayan en contra de la ley”, pero advirtió que las modificaciones propuestas en la ley ómnibus “están muy puntualizadas hacia ciertos proyectos que hoy están en conflicto con la ley de glaciares”.
Las etapas de un proyecto minero, según detalló, son muy a largo plazo. Las exploraciones para determinar si un territorio es viable para realizar una explotación de este tipo demandan exploraciones que pueden durar hasta 20 años en los que se modifican los territorios constantemente.
Problemas para la biodiversidad
Estos cambios decantan en otro problema que afecta directamente a la biodiversidad y las poblaciones cercanas. El clima seco de la región en cuestión hace que no exista bosque en la cordillera y que la mayor parte de la fauna y flora coexista en lugares acotados como los humedales de altura, que justamente se recargan a partir del descongelamiento de glaciares y del hielo subterráneo de los ambientes periglaciares.
Afectar las reservas hídricas de estos humedales sería empezar a terminar con estas especies que dependen de esos humedales para vivir.
“Hay que mirar ahí en detalle esos humedales que se generan en zonas hacia abajo de los ambientes periglaciares. En kilómetros a la redonda no crece nada y a esos lugares van todos, todo vive ahí. Si pasa algo aguas arriba y se seca o se daña una vega (valle de inundación), la poca vida que hay a los alrededores, desaparece”, advirtió Ruiz, para agregar que también se debe tener en cuenta que esa misma agua baja hacia lugares donde se desarrollan actividades humanas.
Mayor vulnerabilidad
Para Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), “hay una tendencia a desproteger ecosistemas clave que ya están protegidos”.
Y citó como “punto no menor” a la degradación de rango de Ambiente, que bajó dos niveles y pasó de ministerio a subsecretaría: “Esto hace que la autoridad máxima ambiental de un país federal tenga un desafío extra”.
“A la complejidad adicional en generar protecciones ambientales, se le suma discutir con otras carteras y con las autoridades mineras, energéticas y de agricultura, cómo tener planes transversales que protejan a estos ecosistemas”, señaló.
El investigador del Ianigla, en tanto, resaltó que la ley de glaciares “no es antiminera” sino que se busca “preservar el agua”: “Tenemos que pensar en el largo plazo. Si hoy dañamos el ambiente, hacia el futuro va a ser mucho más difícil adaptarnos al cambio climático. Está comprobado que los países que han destruido o afectado fuertemente sus ambientes naturales, hoy tienen que gastar muchísima más plata que los que no”.