Javier Milei siguió a distancia, desde Davos, las negociaciones con la oposición por la ley Ómnibus. Se informaba desde Europa sobre el rumbo que tomaba su iniciativa más importante -junto al DNU- a través de sus colaboradores más cercanos, a quienes encargó tomar las riendas de la puja con el PRO y Hacemos Coalición Federal. Y esta tarde, reinstalado nuevamente en Olivos, se pondrá al tanto de los detalles del encuentro más reciente con los aliados, que se realizó ayer en el Congreso mientras él volaba de regreso.
El jefe de Estado analizará el resultado de esos diálogos. Y, si queda satisfecho, terminará de darle el visto bueno a las modificaciones. En Gobierno están convencidos de que tienen los números para aprobarlo, aunque los opositores deslizan que todavía hay algunos detalles a pulir. El martes, cuando se debata el comisión, será una jornada clave. Pero el día D sería el jueves, cuando esperan obtener media sanción.
Esta mañana se había especulado seriamente en Gobierno con la posibilidad de que Milei recibiera en Olivos a Santiago Caputo, al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y al de Interior, Guillermo Francos; al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, junto a la secretaria General de la Presidencia, su hermana, Karina Milei. Los tres últimos estuvieron en Suiza con él, y analizaron desde lejos el devenir de las conversaciones con la oposición. Mientras que en Buenos Aires, el asesor Santiago Caputo, que adquirió mayor volumen político en los últimos días; el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, terminaban de definir en Buenos Aires los cambios que aceptarían introducir en la ley. El objetivo era acelerar el debate y llevarse una primera victoria la semana que viene, como les había ordenado el Presidente.
Con esa directiva presente, vestidos de traje, los tres se reunieron ayer desde las 17 en el palacio legislativo con los jefes de los bloques de Hacemos Coalición Federal, PRO e Innovación Federal -por separado- y les presentaron una lista con las modificaciones. O, en palabras un alto funcionario, “la última oferta” del Gobierno a la oposición.
Después de las charlas, desde las bancadas aliadas avisaron que apoyarían la iniciativa con los cambios prometidos. Pero deslizaron que aún hay “algunos puntos por rever”. En Gobierno, en cambio, están absolutamente confiados en que ya reunieron los votos suficientes, que hubo acuerdo y el respaldo está cerrado. “Si se votara hoy, saldría”, sostuvo, con firmeza, un alto funcionario del Ejecutivo. Y atribuyó la manifestación de esas dudas de último momento a “especulaciones” de parte de los aliados.
El plan de Milei y algunos de sus colaboradores era debatir en comisión para sacar dictamen hoy mismo e ir al recinto el lunes. Pero esta mañana se impuso la realidad. El Congreso, admitieron, no puede funcionar sin los trabajadores legislativos, que se ocupan de cuestiones técnicas, vitales, y operan de lunes a viernes. Además, muchos diputados tienen compromisos en sus provincias durante el fin de semana y ya avisaron que no estaban dispuestos a suspenderlos para que el Gobierno obtuviera su ansiado primer triunfo político con mayor celeridad.
En Balcarce 50 no descartaron que el documento quede listo esta misma tarde y sea enviado por la noche al Congreso, para obtener un “ok” de las bancadas cercanas antes del lunes, y evitar “sorpresas” o “bravuconadas”, como deslizó un asesor de la órbita íntima del Presidente. En resumen, lo más probable es que los libertarios terminen de redactar entre el sábado y el domingo el “proyecto del dictamen”, como llaman a la contrapropuesta, la envíen al Congreso el lunes, se debata en comisión el martes, y se trate sobre tablas el jueves.
Como adelantó se adelantó ayer, la fórmula de movilidad jubilatoria sigue siendo un misterio; las retenciones a las industrias de las economías regionales -en total son 35- se eliminarán, pero se mantendrán intactas las imposiciones tributarias a la soja y el trigo. Mientras que la reforma política, presentada por Francos y redactada por Caputo, se eliminaría por completo, y quedaría pendiente para tratamiento por separado, más adelante.
El Gobierno les propuso a los opositores, tras escuchar sus quejas por tres semanas, reducir el plazo de vigencia de la emergencia que había pedido Milei. Pasaría de cuatro años, a un año inicialmente, con otro prorrogable por el Poder Ejecutivo. Además, accedieron a eliminar la declaración de emergencia en las áreas de Defensa, Social y Sanitaria. Y en cuanto a la reorganización administrativa, limitaron el ámbito de aplicación al Sector Público establecido en el Artículo 8 de la ley 24.156, excluyendo a las entidades con participación concurrente minoritaria.
Por otro lado, establecieron como requisito para la liquidación de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad por parte del Ejecutivo la obtención de un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones.
En el ámbito de la pesca, dieron marcha atrás y mantendrán la obligación de desembarcar en Argentina, aclarando que el sistema de licitaciones no será internacional, y manteniendo los requisitos actuales en relación con la tripulación local. En el sector de hidrocarburos, introdujeron la inclusión de la aclaración “Nacional o Provincial, según corresponda”, como les habían demandado, para evitar dudas sobre las competencias de las provincias. Y eliminaron la mención a “empresas estatales” y la obligación de vender al “export parity”; entre otros puntos.
En el ámbito de los biocombustibles, fijaron un plazo de 18 años para que las mezclas con combustibles fósiles sean producidas en instalaciones en Argentina, utilizando materias primas nacionales. Además, se establecieron un régimen de porcentajes obligatorios en volumen y cronogramas específicos para biodiesel y bioetanol.
En cuanto a la reorganización económica, eliminaron el capítulo de la Ley de Sociedades e implementaron un régimen de regularización que limita el alcance a las personas que no hayan sido funcionarios en los últimos cinco años.
En el apartado de Seguridad Interior y Defensa, admitieron eliminar el artículo 31, que hacía referencia a la manifestación de tres personas, e incluyeron una pena en el Código Penal para bloqueos a comercio o industrias. Y en el área de Capital Humano aclararon que la participación de egresados de carreras técnicas y de grado como docentes será solo para secundario y nivel superior. Además, adaptaron el artículo 554 en base a las sugerencias de la oposición, y eliminaron el concepto de revalidación de capacidades.
Por último, eliminaron el capítulo de Salud Pública, y modificaron las sanciones en base a la ley de defensa de la competencia vigente: se estableció una barrera umbral para fusiones y se transformó el Tribunal de especialistas en una Comisión ad honorem.
