Desde que el Gobierno habilitó la línea 134 para que beneficiarios de planes sociales denuncien aprietes y amenazas de dirigentes piqueteros, se registró una importante cantidad de denuncias a punteros de numerosas organizaciones y movimientos.
Hasta el momento se contabilizaron 514 acusaciones contra punteros por extorsiones contra beneficiarios de planes sociales. Los dirigentes denunciados pertenecen a distintas organizaciones sociales opositoras como Polo Obrero, Movimiento Evita, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa (CCC), MST, MTE, Tupac Amaru, Frente Popular Darío Santillán, Libres del Sur, FOL y MIJO (Raúl Castells).
Las acusaciones contra estos punteros son diversas. En los llamados, las personas que denuncian aseguran que se quedan con porcentajes de lo que perciben los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo -con “comisiones” que van desde los 1000 hasta los 10.000 pesos- y que presionan para que asistan a marchas y piquetes.
Línea 134: ya se denunciaron a más de 500 punteros políticos y la Justicia avanza con posibles indagatorias
Incluso hay usuarios que sostuvieron que entre las presiones, les piden que difundan mensajes de apoyo en redes sociales a dirigentes del anterior oficialismo, durante la gestión de Alberto Fernández.
Según datos oficiales, hasta el momento se registraron 87.543 llamados, de los que 18.924 fueron atendidos. A su vez, de este número, 4267 corresponden a amenazas o extorsiones.
El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo del caso que investiga las presiones en la primera marcha paquetera del 20 de diciembre pasado, avanza sobre un universo de 40 casos en particular, y se espera que en un lapso de un mes pueda llamar a indagatoria. Para ese entonces ya habrá reunido la prueba suficiente en contra de los acusados.
Las historias que pueden observarse en las denuncias son diversas. A modo de ejemplo, en uno de los llamados se señala un hombre identificado como “Ezequiel”, con domicilio en la calle Hernandarias de la Ciudad de Buenos Aires, al que acusan de tener en su poder 30 tarjetas del Banco Nación de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Según la denuncia, a algunos les “cobra” el 50% del plan y a otros el 100%.
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Otra de las denunciadas fue identificada como María del Carmen, que operaría en la zona de Villa Ballester. La acusación en su contra no solo se remite a que le pide $5000 a los beneficiarios del Potenciar Trabajo bajo su “ala” sino que además les solicita que le limpien la casa. Esta mujer fue acusada de trabajar con el economista K Hernán Letcher.
El Ejecutivo presentó ante el Juzgado Federal N°8 las irregularidades en el manejo del Potenciar Trabajo, cuyo monto es de $78.000 por cada beneficiario.
El 90% de las denuncias relata amenazas por parte de los dirigentes de los movimientos sociales para que los beneficiarios vayan a marchar el día del paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), el 24 de enero. Los hechos señalados van desde la obligación de pagar cuotas de hasta 7 mil pesos a los punteros hasta multas por no participar de las protestas.
Los denunciantes también acusan a los punteros de otros delitos como la venta de mercadería que entrega el Estado en kioscos, la construcción de casas personales con materiales y en territorios que cede el Estado y el uso de beneficiarios para tareas domésticas en sus propiedades.
Otro de los casos que recibió el juzgado es el de la lista semáforo de una agrupación bonaerense. Se trata de una planilla en la que marcan con verde a los beneficiarios que están al día con los pagos, en naranja a los que tienen algunos incumplimientos y en rojo a los que ya dieron de baja.
