El fiscal federal Diego Luciani volvió a hablar hoy en el juicio oral por la obra pública en Santa Cruz en el que pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner. En el inicio de su exposición, Luciani rechazó el pedido de nulidad de las defensas de los acusados y dijo que “el alegato se sostiene por sí mismo”.
“No tenemos nada que replicar, nada que contestar”, aseguró el funcionario judicial y así despegó la duda de si iba a habilitar esa etapa del proceso. Tal como adelantó ayer Infobae, Luciani dijo que no usará esa etapa por lo que se acelera la fecha del veredicto que deberá fijar el Tribunal Oral Federal 2. Previamente los 13 acusados tendrán la posibilidad de hacer sus últimas palabras.
“No advertimos argumentos jurídicos que ameriten una replica a lo que se escuchó en los alegatos de las defensas. Aquí no hay argumentos jurídicos novedosos o que en nuestros alegatos no se hayan discutido. Estamos tan seguros del trabajo profesional que sinceramente no tenemos nada que replicar”, dijo Luciani al comienzo de su exposición ante el Tribunal Oral y las defensas.
El fiscal explicó que durante sus alegatos, que se extendieron en nueve audiencias durante tres tres meses, habló más de 70 horas: “Nuestro alegato se mantiene incólume”. Y cerró: “Tampoco vamos a contestar las valoraciones de tinte político que hicieron algunas defensas”.
La decisión del fiscal tiene impacto en el cronograma del juicio. Si aceptaba la etapa de réplicas y dúplicas se debían destinar algunas audiencias a ese momento. Pero así se pasa directamente a las últimas palabras de los acusados. La expectativa es que los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso armen el cronograma de esa etapa porque cuando hable el último acusado deberán dar el veredicto. Los magistrados tiene la idea de darlo antes de fin de año.
Tras el anuncio de que no habrá réplicas y dúplicas, Luciani comenzó a contestar las nulidades que hicieron las defensas durante sus alegatos. Son cinco y corresponden a las defensas del empresario Lázaro Báez, del ex secretario de Obras Públicas José López y del ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner.
“No se ha vulnerado el derecho de defensa de ninguno de los imputados. Vamos a pedir que se rechacen todos los planteos de nulidad. Jámas este Ministerio Público Fiscal hubiese permitido que se avasallen derechos”, dijo Luciani. Al cierre de su presentación dos defensas dijeron que en rigor la Fiscalía si hizo réplicas y pidieron poder contestar. Fueron el abogado del empresario Lázaro Báez, Martín Villanueva, y el ex funcionario de Vialidad Héctor Garro, Mariano Fragueiro Frías. El tribunal resolverá esta tarde.
Primero fue el turno de la querella de la Unidad de Información Financiera que debía contestar una nulidad que había hecho la defensa de Báez. Pero el abogado Alejandro Irachet dijo que como ellos no pidieron condena para Báez no iban a contestar la nulidad.
Luego comenzó Luciani. Primero lo hizo sobre la objeción del uso de los mensajes del celular de López que le permitieron sostener lo que la Fiscalía llamó el “plan limpiar todo”: que antes de que Cristina Kirchner deje el gobierno se le intentó pagar a Báez todas las obras a pesar que no estaban terminadas. La defensa de Báez y la de López objetaron que se haya utilizado esa prueba porque no la tenían todas las partes.
Cristina Kirchner (Luciano González)
Luciani rechazó el planteo. Dijo que la prueba la tienen todas las partes desde 2018. “El planteo es improcedente e infundado por las constancias de la causa”, sostuvo. Explicó que el 5 de julio de 2018 la Fiscalía pidió acceder a la causa de López por enriquecimiento ilícito, en la que se le secuestró el teléfono, y que el pedido fue aceptado por el tribunal el 3 de septiembre de ese año y habilitó a todas las partes a su acceso. Y agregó que en noviembre del año pasado la Fiscalía le dio un DVD a todas las partes con la prueba importante de ese expediente.
“Lo único que se pretende con este tipo de planteos es desorientar a la sociedad, generar un clima de supuesta ilegalidad sobre una prueba que está incorporada al expediente”, sostuvo Luciani que también rechazó que con el uso de esa prueba se haya violado la privacidad de López.
El fiscal dijo que en junio pasado en una resolución el tribunal oral avaló el uso de los mensajes de López. “Se ha respetado la privacidad del impugnante”, dijeron los juceces. Y sobre eso el fiscal agregó que “fuimos muy cuidados y solo hicimos mención de los mensajes que guardan relación con esta causa”.
Otra nulidad que planteó la defensa de Báez fue que cuando estuvo detenido en la cárcel de Ezeiza se intervinieron los teléfonos de su pabellón -en una causa que se tramitaba en la justicia federal de Lomas de Zamora- y que parte de sus comunicaciones se hicieron públicas. La defensa del empresario señaló que eso se dio de manera contemporánea con la elevación a juicio de la obra pública.
El fiscal Sergio Mola pidió que el planteo se rechace. Mola dijo que el mismo planteo ya había sido rechazado por el tribunal oral y que en esa resolución dijo que “los hechos son ajenos a esta causa” y que la difusión de esas escuchas no generaron un perjuicio a Báez en el juicio oral. En la misma línea se pronunció Mola: “Nada de esos supuestos delitos se utilizó en este juicio. La afectación es una mera invocación procesal”.
Luego también rechazó el planteo de la defensa de López de que en sus alegatos utilizó su declaración como arrepentido en la causa de los cuadernos cuando eso había sido rechazado por el tribunal oral. “Esta parte no citó la declaración como arrepentido sino el auto de procesamiento. Lo hicimos porque el tribunal lo habilitó expresamente”, respondió.
En el juicio se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz. “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, dijo el fiscal Luciani en sus alegatos en los que consideró probadas las irregularidades y pidió condena para los 13 acusados.
Para la Vicepresidenta pidió 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta. Lo mismo para Báez. Y 10 años de prisión para López, para el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y para el ex titular de la Dirección Nacional de Vilidad Nelson Periotti, entre los principales acusados.
