Entre las distintas reformas económicas y del Estado que busca impulsar el gobierno de Javier Milei, el ministro del Interior, Guillermo Francos, anunció esta semana que promoverá una reforma electoral que incluya el sistema de boleta única.
“Es increíble que en 40 años de democracia no hayamos sido capaces de cambiar este sistema donde un elector llega a un cuarto oscuro y se encuentra con 500 boletas de partidos. El sistema de boleta única no solamente termina con este gasto de dinero, sino también con la confusión que muchas veces se genera”, sostuvo Francos el miércoles pasado en un acto que la Cámara Nacional Electoral organizó por los 40 años de democracia. Se refirió así al actual mecanismo de votación que prevé que cada partido financie la impresión de sus boletas con un subsidio que le da el Estado, más fondos que recaude en forma privada, en un operativo de logística y distribución de gran magnitud para que estén en las mesas el día de la votación.
La Boleta Única de Papel (BUP) es una sola por cada votante y la impresión la realiza el Estado, sin la participación de los partidos políticos. Su principal diferencia con el sistema actual de múltiple boletas partidarias es que el votante marca en una única papeleta, con una cruz, los candidatos que desee elegir en cada categoría. Mientras que con el sistema actual el elector puede tomar una boleta completa o cortarla y elegir el candidato a presidente de un partido y a diputado de otro, con la boleta única también se puede votar a distintas agrupaciones por categoría, pero usando un lápiz, en lugar de la tijera.
Según sus defensores, además de ponerle fin a picardías políticas como su robo o rotura, el sistema permitiría ahorrar fondos estatales y privados. Entre las PASO, las elecciones generales y la segunda vuelta, el Estado desembolsó un total de $13.208 millones en subsidiar a las agrupaciones políticas para que puedan imprimir sus boletas partidarias, según la información a la que accedió Infobae de la Dirección Nacional Electoral (DINE), a cargo de Marcos Schiavi en la anterior gestión. El dato no es menor en un momento en el que Milei y sus funcionarios vienen insistiendo en que “no hay plata” en las arcas públicas, y en el que se pusieron bajo la lupa “los gastos de la política”.
La ley prevé este aporte público que busca garantizar que la oferta electoral esté presente en el cuarto oscuro de los 17.000 establecimientos de votación que hubo en estas elecciones en el país. Los partidos chicos o los nuevos suelen depender de este subsidio para garantizar la impresión de un número de boletas que les alcance para cubrir las más de 100.000 mesas para emitir el voto que hubo en todo el territorio nacional.
No así los más grandes, que suelen imprimir por su lado dos o tres padrones más para el reparto previo de boletas entre la ciudadanía. “El sistema actual es muy costoso para el Estado, que financia gran parte de la impresión de boletas, y para los partidos políticos. Ese adicional de boletas los partidos más grandes lo pagan con dinero que pueden recaudar, ya sea de manera legal por los aportes que pueden recibir de particulares y empresas con un tope, pero también puede venir de distintos lugares y no estar declarados, o tener un origen incluso ilegal”, advirtió Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica (CC).
Por un fallo de la Corte Suprema del 2015 luego ratificado en 2020, en las PASO, la DINE debe solventar la impresión de una boleta por elector a cada lista de precandidatos oficializada dentro de cada alianza que participe en las elecciones primarias. Esto dispara el gasto público, ya que como sucedió en estas PASO, hubo un número récord de listas - 380 en total para presidentes y cargos legislativos y parlamentarios -, en una época donde los recursos estatales, además, son escasos. Muchos de esos partidos sacaron muy pocos votos en las últimas elecciones, o son casi ignotos, y compitieron por primera vez con hasta 7 listas para las PASO de agosto.
