El candidato Javier Milei se presenta como el único de entre todos los contrincantes que se manifiesta abierta y públicamente a favor de la apertura comercial, tanto para las exportaciones como también para las importaciones. Así lo constató en reiteradas oportunidades, una de ellas durante el debate presidencial.
Esto implica cortar de lleno con el lobby de los empresarios industriales prebendarios, que hasta ahora disfrutaban de una posición más que privilegiada durante la gestión de Sergio Massa y el secretario José de Mendiguren, ambos favorables a cerrar la economía y limitar la competencia en contra del interés del consumidor.
Y si bien el proceso de apertura tendrá que ser acompañado por otras reformas estructurales, la liberalización será más inmediata para una amplia gama de productos estratégicos. Este es el caso de los fertilizantes, los insumos industriales necesarios para sostener el nivel de actividad, los bienes de capital y los productos electrónicos, entre muchos otros.
El programa de La Libertad Avanza contempla la eliminación de todas las licencias no automáticas y el desarme del sistema SIRA para importaciones en conjunto con la salida del cepo cambiario (lo cual tendrá lugar tras la operación de canje de las Leliq). Pero al margen de esta gran flexibilización regulatoria, se propone la puesta en marcha de un arancel cero para todos los productos estratégicos que necesita el país.
La nomenclatura del Mercosur permite un cierto grado de maniobrabilidad con respecto a la modificación de la estructura arancelaria, como ya quedó demostrado con la quita y posterior reincorporación de las tarifas para las computadoras entre 2017 y 2022. Los productos electrónicos, que son una herramienta de trabajo indispensable para la economía moderna, serán desgravados de aranceles en una eventual presidencia de Javier Milei.
Otra maniobra que podría adoptar el equipo de Milei es la modificación de los impuestos internos con sesgo anti-competitivo. Este es el caso del impuesto a los productos electrónicos, que grava con una tasa diferencial a aquellos producidos en Tierra del Fuego y a los que provienen del exterior. Esta discrimnación penalizante para los consumidores podría ser virtualmente eliminada, revirtiendo así las reformas que impulsó Massa en lo que va del 2023.
La eliminación de las barreras arbitrarias para la entrada de insumos y bienes de capital son noticias extremadamente beneficiosas para el desarrollo del sector industrial, pero no así para aquellos empresarios prebendarios cuyo único negocio consiste en sustituir la competencia ofreciendo bienes de peor calidad a un mayor precio en el mercado local.
Durante la vigencia del sistema SIRA desde octubre del año pasado la producción industrial acumuló una fuerte caída del 3%, principalmente debido a la falta de insumos necesarios para sostener la producción. El sistema creado por Massa asfixia el nivel de actividad, y genera incentivos inconmensurables para la proliferación de la corrupción por parte de los funcionarios de aduana.
Las empresas denuncian que, en muchos casos, las coimas pedidas para la liberación de importaciones detenidas asciende al 10% del valor de los cargamentos. Ni Patricia Bullrich ni Sergio Massa estudian la eliminación de las licencias a las importaciones.
