El Gobierno ya envió al Congreso el proyecto denominado Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, en la que se incluye una amplia reforma del Estado, la eliminación de las PASO, cambios en materia penal, límites a los piquetes, medidas para avanzar con la desregulación de la economía y un nuevo blanqueo de capitales.
El proyecto de ley, que cuenta con 664 artículos y en 183 páginas, fue firmado por el presidente Javier Milei a las 13.18 de este miércoles y también rubricado por su Gabinete.
En una amplia diversidad de ejes, el proyecto contiene límites a las marchas y piquetes, la derogación de las PASO, el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad, la implementación del Juicio por Jurados; declara la emergencia pública y económica hasta el 31 de diciembre de 2025 y habilita al Ejecutivo a privatizar las empresas estatales. También modifica la Oficina Anticorrupción, la composición de la Cámara de Diputados e introduce cambios en el financiamiento de los partidos políticos.
Tal como había adelantado el Gobierno, en su capítulo II del Título I, el texto declara "la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025" y establece que "dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años".
En el Título II, referido a la "Emergencia y reorganización administrativa", el proyecto le otorgar al Ejecutivo la potestad de "implementar la mejora de la profesionalización de la carrera administrativa de los agentes de la Administración pública nacional".
Y también lo habilita a "centralizar, fusionar o suprimir entidades descentralizadas creados por norma con rango de ley; así como transferirlos a las provincias".
Asimismo, el Ejecutivo también podrá "intervenir todos los órganos y entidades descentralizadas que componen la Administración Pública nacional, con la sola exclusión de las universidades nacionales".
A su vez, el personal que integrara la planta de organismos que resultaran eliminados, serán pasados a disponibilidad por un plazo máximo de doce meses en el que podrán ser capacitados para desarrollar otras tareas. Un ejemplo: en el artículo 348, el proyecto deroga la ley que rige el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.
En el capítulo II de ese título, el proyecto declara "sujeta a privatización" a "las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal".
En el capítulo III, relativo a los "Trámites a distancia y digitalización" se fija que "todos los trámites y gestiones que deban realizarse en el Sector Público Nacional deberán realizarse como principio general a través de medios electrónicos".
En materia penal, la ley omnibús introduce varios cambios. Por un lado, agrava la pena por participar de un piquete de hasta 3 años y 6 meses de prisión y, con hasta 4 años o se causaran daños. Mientras, para los líderes piqueteros que bajo la amenaza de quitas de planes o subsidios obligaran a terceros a participar, la pena puede llegar a seis años.
Para las manifestaciones, además, en el artículo 333 la ley establece que deberán ser notificadas "ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, con una antelación no menor de 48 horas".
Por otro lado, en un guiño a las fuerzas de seguridad, agrava las penas para el delito de resistencia a la autoridad y extiende la figura de legítima defensa.
El envío había sido confirmado este miércoles por la mañana por el vocero Manuel Adorni. "Incluye reformas profundas, necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral", había precisado en conferencia de prensa.
Lo hizo en la habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada, donde sostuvo que "el norte" de estas reformas "está puesto en la libertad de cada uno de los argentinos".
A las 14.28, la Oficina de Presidencia publicó una foto del proyecto de ley, con la caja que usarán para presentarlo en el Congreso.
Antes, el portavoz añadió que "esto va a quedar en manos del Poder Legislativo" y apuntó que "los diputados y senadores deberán elegir entre la libertad, a terminar con esta decadencia que no es responsabilidad solo de un gobierno y son décadas de frustración y fracaso, o si colaboran con volver al camino de la libertad".
Adorni volvió a poner el foco en la decisión de los legisladores. Ya lo había hecho al referirse al inicio de las sesiones extradordinarios en el Congreso. En esa oportunidad, sostuvo que los diputados "deberán elegir entre acompañar lo que ha votado la gente o seguir obstruyendo este cambio y poner palos en la rueda".
"Esta semana se inicia el proceso legislativo. El proyecto de ley de reforma del Estado va a iniciar su proceso legislativo en lo inmediato, y tiene que como objetivo liberar a los argentinos del peso del Estado que tanto daño nos ha hecho a todos. Esto atañe a la responsabilidad de diputados y senadores, que esperamos que acompañen lo que votó la gente", había advertido Adorni.
En esa misma conferencia dijo que en el Gobierno apelaban "a la buena voluntad (de los legisladores) y que estén a la altura de las circunstancias".
El mensaje a los legisladores se sumó al cuestionamiento que había hecho Milei en la noche del martes, cuando acusó a diputados de demorar el tratamiento en el Congreso para buscar "coimas".
En medio de los cuestionamientos que esas declaraciones encendieron en la oposición, Adorni intentó bajarle el tono a la polémica y dijo que "el Presidente no hacía referencia a nadie en particular sino que hablaba de una situación general" en la que, según precisó, intentan "evitar que la ley o el propio DNU entre en una senda donde se negocien beneficios particulares o a sectores particulares".
"Cuando haya alguna identificación de algún pedido de soborno o coima, obviamente es una obligación legal de todos los funcionarios denunciar cualquier acto de corrupción y así lo hará el Presidente en caso de que eso ocurra", dijo Adorni.
La propuesta radical y la negativa del Gobierno de modificar el DNU
Al vocero también le preguntaron por la iniciativa de dirigentes del radicalismo para que el Presidente presente en el Congreso proyectos de ley con las mismas reformas que incluye el DNU y así pueda debatirse cada uno de los temas.
"Es parte de la atribución de los legisladores y está muy bien que así sea. Creo que tu pregunta es si va a haber alguna modificación o reformulación del DNU, la respuesta es no", contestó, sin vacilar, el portavoz.
En esa misma línea, agregó: "Lo que los diputados o senadores busquen hacer en el ámbito legislativo en algún punto también lo celebramos porque es parte de la división de poderes".
La consulta apuntaba principalmente al proyecto de ley que presentó la senadora de la UCR Carolina Losada. La propuesta de hacer una ley espejo con todo lo que detallan las 83 páginas del mega DNU de Milei busca sortear la polémica que se generó no solo por el método optado por el jefe de Estado, sino también la posible ola de amparos y reclamos de constitucionalidad sobre el plan que se denominó “Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina”.
La marcha de la CGT y las "más de 20.000 denuncias"
Adorni habló este miércoles en una jornada marcada por una nueva protesta contra el Gobierno de Milei que esta vez encabezan la CGT, las dos CTA, la Unidad Piquetera y partidos de izquierda frente a Tribunales.
El vocero presidencial dijo en la conferencia de prensa que la CGT pidió permiso "para realizar la movilización". "Consideramos que estamos viviendo un cambio de época en materia de marchas y de las organizaciones que participan en manifestaciones en la calle", celebró.
En la misma conferencia, confirmó que el Gobierno aplicará, de ser necesario, el protocolo antipiquete en esa movilización y contó que en la línea 134 para realizar denuncias de extorsión para ir a las movilizaciones recibieron "más de 20.000 llamadas".
"Ya recibimos más de 20.000 llamadas de las cuales 1.500 aportan datos relevantes de los extorsionadores", dijo.
