El exministro de Obras Públicas del gobierno de Carlos Menem, Roberto Dromi, murió este sábado en su casa. Tenía 79 años y seguía asesorando sobre privatizaciones.
Dromi fue un funcionario clave durante la década menemista. Fue quien diseñó el esquema del traspaso del manejo de las empresas de servicios públicos bajo concesiones privadas.
Dromi fue el hombre que diseñó los cambios en la estructura estatal que llevó adelante Menem durante la década del 90. Fue una de las piezas fundamentales de la gestión del riojano. Junto a Carlos Corach, las dos más importantes.
Es el autor de una célebre frase que quedó grabada en la política argentina: “Nada de lo que deba ser del Estado seguirá en manos del Estado”.
Dromi y su rol de asesor
Tras el triunfo de Javier Milei, Dromi se acercó al Gobierno para asesorarlo en el proceso de privatizaciones. Mantuvo encuentros también con la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Si bien -a diferencia del menemismo en la que Dromi diseñó que el proceso de privatizaciones se encaró a través de una norma especial, con una delegación legislativa, es decir, que el Congreso le delegó el diseño de las reformas al Poder Ejecutivo- Milei logró incluir algunas privatizaciones de empresas públicas en la Ley Bases, el manejo de los decretos y las facultades delegadas que le otorgó el Parlamento se asemejan y tienen la impronta de los 90.
Tras formar parte del Gobierno de Menem, Dromi asesoró a todos las administraciones siguientes, incluso a Néstor y Cristina Kirchner, siempre sobre temas vinculados con las privatizaciones o sobre regulaciones y desregulaciones del Estado.
En su experiencia al frente de cargos públicos suma el haber sido designado intendente de la Ciudad de Mendoza, durante la última dictadura miliar. Además, fue asesor jurídico de la Cámara de Diputados y del Senado.
La Justicia lo investigó por presuntas irregularidades en las privatizaciones y otros hechos de corrupción, pero nunca fue condenado. Además, su estudio jurídico fue allanado por la Justicia en el marco de una causa contra el exministro kirchnerista Julio De Vido por presunta asociación ilícita por la compra de gas licuado.
