El senador Oscar Parrilli, mano derecha y uno de los principales ejecutores de las órdenes con las que Cristina Kirchner controla sin interferencias el interbloque del Frente de Todos, intentó sumar a su equipo, desde el 1 de enero próximo, a la exministra de Economía Felisa Miceli, condenada en la causa por la bolsa con $100.000 y USD 31.670 encontrada en el baño de su despacho del Palacio de Hacienda, en junio de 2007.
Quien bloqueó la contratación fue la vicepresidenta, Victoria Villarruel, tras un informe jurídico y de Recursos Humanos de la Cámara alta que derivó, luego, en un intento del legislador neuquino para retirar la solicitud en cuestión y evitar un papelón.
Se pudo averiguar, a inicios del corriente mes apareció un dictamen ante el pedido de Parrilli para activar un contrato de servicios a favor de Miceli desde el 1 de enero de 2025, situación que fue direccionada a los departamentos jurídico y de Recursos Humanos del Senado. Allí es donde se revisan, entre otras cuestiones, el documento de la persona propuesta, certificado de antecedentes penales, constancia del registro de deudores alimentarios morosos y declaración jurada de cuenta bancaria.
El semáforo pasó de verde a rojo de manera automática cuando se detectó, en el certificado de antecedentes penales de Miceli, que registra historia judicial abierta. Lo curioso es que el testimonio de sentencia condenatoria contra la ex ministra de Economía deja en claro que se le impuso a la ex funcionaria kirchnerista “la pena de tres años de prisión de ejecución condicional” y la “inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de seis años”. Allí mismo se agrega que “la condena recaída en autos caducará, a todos sus efectos legales, el 13 de abril de 2025″.
La situación no choca de frente contra la propia ley 24.600 de empleados legislativos, que determina en su artículo 7, inciso “c”, que no pueden ingresar en la Cámara alta quienes tengan proceso penal pendiente. ¿El motivo? Los contratos de locación no se encuentran incluidos en esta norma rectora para el personal del Congreso. No obstante, el dictamen de los departamentos jurídicos y de Recursos Humanos consideró que resultaba procedente extender por analogía los alcances de la misma.
Días atrás, Parrilli fue uno de los que cantó victoria por dos en la Cámara alta no sólo por la expulsión del ex legislador del peronismo disidente Edgardo Kueider, detenido en Paraguay tras haber sido encontrado junto a su secretaria, en un paso fronterizo, con más de USD 200.000 sin declarar. El neuquino también celebró ese día la frustrada jugada -con resultado cantado- del oficialismo y un sector de la oposición dialoguista para debatir su suspensión por tener expedientes judiciales en curso. Eso precisaba 44 votos -dos tercios- y obtuvo 34, diez menos de lo necesario. Él estuvo en el recinto y se abstuvo. Fue el único.
Parrilli integra tres comisiones en el Senado. Es vocal en las de Justicia y Asuntos Penales; y de Minería, Energía y Combustibles; y tiene el cargo de secretario en la bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Días atrás, el neuquino expresó en declaraciones a CNN Radio que “lo de Kueider y mi intento de suspensión son dos cosas distintas”. En ese sentido, agregó: “El pedido de mi suspensión estuvo metido de los pelos”.
“Intentaron suspenderme por una causa anterior a mi mandato”, sentenció Parrilli, que se prepara junto a su interbloque para efectuar un nuevo embate en febrero próximo, cuando se realice la sesión preparatoria en el Senado para ratificar o modificar autoridades. El kirchnerismo pretende un cargo importante, aunque por ahora no existen señales de acompañamiento de parte de la oposición dialoguista. Como quedó demostrado en la Cámara alta con los serpenteantes radicales y el Pro, esto podría variar.
