La Justicia Federal realizó 27 allanamientos a dirigentes de Polo Obrero y otras organizaciones en el marco de una causa que investiga extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales a partir de las denuncias que el Gobierno recibió en la línea 134.
"Cuando hay decisión política para terminar con los extorsionadores, las cosas se pueden hacer", apuntó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
A pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, la sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó los allanamientos a las casas y algunos de los comedores de los dirigentes sociales de Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
Según explicó la ministra de Seguridad a través de su cuenta de X (antes Twiter), la investigación inició a partir de "las miles y miles de denuncias" que el Gobierno recibió desde que habilitó la línea 134. "Las obligaban a ir a la marcha porque si no les sacaban el plan. Les sacaban dinero y una parte iba a las organizaciones. Les decían que si no iban a la marcha, le daban el plan a otro", aseguró Bullrich.
Tras la denuncia radicada por la cartera de Bullrich, la Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo la investigación, a partir de la cual se encontraron “los elementos de convicción suficientes para convocar a 28 personas y efectuar 27 allanamientos", según indicó el Gobierno en un comunicado.
"Miles de ciudadanos saben que van a vivir en libertad y no bajo el yugo de estas organizaciones, que no son organizaciones sociales, son organizaciones para que el dinero vaya a sus propios bolsillos", aseguró Bullrich.
CUANDO HAY DECISIÓN POLÍTICA, LAS COSAS SE PUEDEN HACER pic.twitter.com/KsbA1ICWSq
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 13, 2024
Entre los acusados se encuentran Jeremías Canteros, Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello.
Los denunciantes presentaros chats y mensajes como evidencia de que eran "extorsionados para concurrir a las marchas", y según detalló el Gobierno, los denunciados "desviaban los recursos para los comedores" y "la comida que daba el Estado la vendían".
De esta forma, la Justicia también ordenó el secuestro de los celulares de los imputados "ya que la mayoría de coacciones y extorsiones se realizaban por esos medios". Asimismo, se secuestró documentos, planillas y cuadernos con registro de asistencia a movilizaciones o registros de pago.
"Las pruebas también concluyen que la gente que no podía ir tenía que acreditarlo con certificados médicos. Se secuestraron millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios de relevancia", completó el Gobierno.
La Justicia investiga al Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha
Belliboni apuntó contra el Gobierno
Tras los allanamientos, las organizaciones aseguraron que hubo amenazas e intimidaciones durante los operativos. “Son mentirosos, unos ajustadores, a los que vamos a combatir en todos los terrenos”, sostuvo el titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
Los referentes de diversas organizaciones sociales brindaron una conferencia de prensa frente al Congreso donde negaron irregularidades en sus agrupaciones. Sostuvieron que se trata de una “persecución política” del Gobierno.
“Están limpiando el territorio para que se desarrollen las redes narcos. Hoy fue un amedrentamiento más, rompieron nuestras puertas, amenazaron a nuestras familias, pero las organizaciones sociales hemos aprendido", sostuvo el secretario general de UTEP, Alejandro Gramajo.
