La fiscalía pidió condenar a cinco años de prisión a la extitular de la Casa de Moneda Katya Daura en el marco de un juicio oral que se le sigue por supuesto peculado de servicios, a raíz de contratar con fondos del organismo un servicio de seguridad privada para su familia, pese a que disponía de la custodia de la Policía Federal.
Daura, una ex colaboradora del ex vicepresidente Amado Boudou, está acusada de supuestamente haber malversado fondos públicos entre el 2012 y 2015, por un monto que hoy asciende a los $98 millones. Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone que fue la compra ilegal de esa imprenta privada, la única habilitada para imprimir billetes y luego estatizada por Cristina Kirchner.
El fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva formuló su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 7 y pidió condenas por los hechos ocurridos durante la segunda presidencia de Cristina.
El fiscal requirió cinco años para Daura, como presunta autora de "peculado de servicios" y tres años de prisión en suspenso para otros dos exfuncionarios de la Casa de Moneda, Mario Enrici y Raúl Desmarás como partícipes necesarios.
En relación a estos dos últimos, al pedir la pena en suspenso requirió al Tribunal que se les fije la obligación de realizar tareas comunitarias tres horas por semana en alguna institución pública.
En el juicio se debate la contratación de seguridad privada para la entonces funcionaria y su familia, algo que según la acusación fiscal habría "excedido" las necesidades de su cargo.
Según la fiscalía hubo "una maniobra que fue perpetrada en conjunto para tratar de justificar, de manera artificiosa e indebida, un gasto desproporcionado, que no estaban habilitados a hacer, todo esto en perjuicio del erario público".
En el alegato se evaluó que el gasto alcanzó "los $5.511.166,51, cuyo valor actualizado asciende a la suma de $98.090.716,24" por "pagos que se hicieron a la empresa, los sueldos de los vigiladores y el sistema de vigilancia satelital"
La contratación incluyó vigiladores en turnos rotativos, choferes para traslados de la entonces funcionaria y familiares y un sistema de rastreo satelital de sus vehículos, pese a que contaba con la custodia de la Policía Federal, según la imputación.
Además, el fiscal general pidió para los tres la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso por la suma ilícita sustraída y actualizada.
Con respecto a Enrici y Desmarás también requirió que se los obligue a realizar tareas comunitarias no remuneradas, a razón de tres horas semanales, en la institución pública que designe el tribunal y la obligación de mantener el domicilio actualizado.
Según la fiscalía, la operación generó un perjuicio patrimonial al Estado de una suma que, por aquél entonces y según el peritaje que se realizó, rondaba los $5.511.166,51, cuyo valor actualizado asciende a la suma de $98.090.716,24 y que comprende los pagos que se hicieron a la empresa, los sueldos de los vigiladores y el sistema de vigilancia satelital.
Alegato Según la fiscalía, la maniobra delictiva, que se realizó entre el 13 de marzo de 2012 y el 23 de diciembre de 2015, consistió en la contratación de un plan de seguridad que estaba conformado por cuatro agentes de custodia que rotaban en horario diurno y nocturno en su residencia particular ubicada en la provincia de Buenos Aires y dos choferes-custodios para traslado de ella y su familia. Asimismo comprendía la contratación de un sistema de seguimiento satelital a seis rodados, como también, la instalación de cámaras de monitoreo en el domicilio personal de la imputada.
Con respecto a los descargos realizados por los imputados, González Da Silva concluyó que no guardaban respaldo con la documentación que surge de la causa, "la que ya era suficiente para tener por probados los hechos".
En ese sentido, sostuvo que "se logró demostrar que Daura, en su calidad de presidenta de la entidad, junto con la colaboración de Desmarás -asesor y luego, gerente de seguridad- y Enrici -gerente general-, emplearon caprichosamente en provecho de Daura, sin justificación expresa para el caso concreto y sin agotar la posibilidad de acudir a otros recursos estatales, servicios de seguridad pagados con fondos de la Casa de la Moneda".
Asimismo, indicó que, mediante el análisis de algunos testimonios y de las disposiciones efectuadas, no había habido quejas respecto de la actuación de ningún efectivo policial y que la Policía Federal Argentina (PFA) podía cubrir no sólo la seguridad de Daura sino también la edilicia.
En este aspecto, el fiscal remarcó que no hubo ningún atentado que pudiera dar pie para decir que había fallado la seguridad y concluyó que los imputados "sobreactuaron, exageraron y contrataron a cuatro custodios más para prestar un servicio que, en lo formal, era análogo al que ya hacía la policía".
Por último, cuestionó el procedimiento irregular de urgencia que se empleó para efectuar la contratación de un sistema de seguridad privada y el monitoreo satelital de vehículos.
De esta manera, concluyó que no había fundamentos para la urgencia ni el aval científico para su implementación e indicó que hubo tiempo suficiente para iniciar una licitación o contratación de los servicios que se creían necesarios.
La causa se originó en el 2015 a raíz de una denuncia formulada por Marcelo Pose, quien era entonces presidente de la Sociedad del Estado Casa de la Moneda. Y la investigaron el juez Sebastián Ramos y el fiscal Gerardo Pollicita.
