El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió este lunes el envío a juicio oral del líder del Partido Obrero, Eduardo Belliboni, por presunta "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas y extorsión" en la causa que investiga delitos con el programa Potenciar Trabajo, al firmar el requerimiento para el pase del caso a un Tribunal.
Lo hizo a pedido del juez federal Sebastián Casanello, quien dio por concluida una parte de la investigación en la que están procesados Belliboni y otros acusados y dio vista a las partes para que formulen su postura respecto al envío del caso a juicio oral, informaron fuentes judiciales.
El fiscal formuló su requerimiento de elevación a juicio y acusó a Belliboni de montar un sistema extorsivo para "controlar y manejar -en lo que públicamente se denominó “gerenciamiento”- a miles de personas a lo largo y ancho del país”, según el dictamen.
El objetivo de "esta organización criminal", definió, fue "obtener un lucro indebido y consolidar un esquema de poder".
Para ello se habrían abusado de la "vulnerabilidad" de quienes necesitaban los planes "para torcer su voluntad bajo amenazas e intimidaciones" como privarlos de un "plato de comida o de su único medio de subsistencia".
La investigación se inició por denuncia del Gobierno de Javier Milei, a raíz de llamados anónimos donde se denunciaban presiones para asistir a marchas o piquetes. Además, al apropiarse de fondos destinados a beneficiarios de planes sociales, se simulaban gastos con facturación apócrifa.
La fiscalía aludió a un "esquema extorsivo-coactivo" mediante el cual los beneficiarios del programa debían "entregar" una parte de la ayuda estatal y también estaban obligados a participar y contribuir a las "actividades políticas" del PO, detalla el dictamen de más de 279 carillas.
Además de Belliboni, Casanello procesó a otros 16 imputados en decisiones ya confirmadas por la Cámara Federal porteña y sigue bajo investigación en su Juzgado el rol que tuvieron en lo ocurrido funcionarios nacionales.
"En el caso hubo una matriz delictiva que se valió de las necesidades de un amplio sector social de carácter vulnerable de nuestro país, lo que les permitió ejercer ilegítimamente poder sobre aquéllos con miras a manejarlos según sus designios y obtener dinero, utilizado en provecho propio y de terceros, privando a las víctimas de un mejor porvenir”, advirtió la fiscalía desde por lo menos junio de 2020 a marzo de 2024.
"Los acusados defraudaron al Estado mediante la apropiación ilegítima de millonarios fondos públicos que le eran entregados como subsidios a la agrupación Polo Obrero”, dio por probado la Fiscalía en el requerimiento que será leído cuando comience el futuro juicio oral.
