El fiscal federal Franco Picardi imputó al expresidente Mauricio Macri como presunto responsable del armado de un “plan sistemático” de espionaje ilegal durante su gobierno. De acuerdo a la causa algunas de las víctimas de esas maniobras habrían sido la entonces senadora Cristina Kirchner y la hermana del fundador del PRO Florencia Macri.
Picardi hizo la acusación al expresidente al pedir la elevación a juicio oral y público de la causa en el que se investiga el supuesto espionaje ilegal en 2018 sobre el domicilio de la actual vicepresidenta y el Instituto Patria. En este expediente están procesados los exjefes de Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que estuvieron a cargo del organismo durante el gobierno de Macri.
El fiscal le presentó un dictamen al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el que planteó que a su criterio está terminada la investigación sobre la participación de Arribas, Majdalani y otras dos personas de la AFI en los hechos investigados. Pidió la elevación a juicio y avanzar con la investigación de la posible responsabilidad de Macri.
Un fiscal pidió investigar si Macri fue responsable de un presunto “plan sistemático” de espionaje ilegal
Picardi dijo que en función de las causas abiertas por supuesto espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos “se impone indagar sobre el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados Arribas y Majdalani, el entonces Presidente de la Nación ingeniero Mauricio Macri”.
Los ejes del dictamen de Franco Picardi en la causa por presunto espionaje ilegal
- “Las maniobras reveladas en este caso no han sido excepcionales ni aisladas; antes bien, integran un conjunto de muchas otras causas criminales -varias de las cuales se encuentran radicadas ante el Juzgado a su cargo por razones de conexidad- cuyos objetos se ciñen a la investigación de acciones de inteligencia desplegadas”.
- “Lo que tienen en común, a priori, es la sospecha de intervención de las máximas autoridades de la Agencia, en el marco de la planificación, coordinación y ejecución de tareas prohibidas por ley 25.520, con puntos de contacto que se refieren a las víctimas u objetivos de dichas acciones de inteligencia ilegal”.
- “Esos extremos podrían ser demostrativos del uso ilegal de herramientas de inteligencia como parte de planes sistemáticos orquestados desde el propio aparato estatal”.
- “Dichas circunstancias imponen profundizar las investigaciones desarrolladas hasta aquí en la dirección apuntada, mediante el análisis global y apropiado de las múltiples intervenciones judiciales existentes por hechos de las mismas características, reconducibles a la misma gestión de la AFI”.
Las claves de la causa
De acuerdo a la investigación las supuestas actividades de inteligencia ilegal “se realizaron bajo dos modalidades en particular: por un lado, durante el día, los agentes de la AFI se apersonaban en los domicilios mencionados para realizar las observaciones, vigilancias, registros y almacenamientos y, por otro lado, durante la noche, se estacionaban autos de técnica (vehículos con cámaras no visibles que filman de modo continuado) en las inmediaciones de los domicilios en cuestión”.
- Arribas, Majdalani y el exfuncionario de la AFI Alan Ruiz están procesados por supuesto espionaje ilegal y por falsedad ideológica por haber producido documentos con contenido presuntamente falso para intentar dotar de legalidad las maniobras de inteligencia prohibida. Mientras que Coste, que también integraba la AFI, fue acusado por la producción de esos documentos.
- Picardi mencionó que Arribas y Majdalani “crearon una Dirección de Operaciones Especiales inorgánica a la que le asignaron recursos, autos, oficina y nombraron como director allí a Alan Ruiz”. El fiscal dijo que los exjefes de la AFI tenían una relación “directa y sin intermediarios” con Ruiz y que “no existían reglas escalafonarias en esta relación dentro de la AFI”.
- El fiscal planteó que Ruiz actuó “como nexo entre la decisión de las máximas autoridades de la AFI de realizar tareas de inteligencia ilegal en contra de Cristina Kirchner -Arribas y Majdalani- y la concreción de dichas tareas desplegadas por agentes de calle de la AFI de cargos jerárquicos inferiores”. Dijo que Ruiz “era una persona de confianza de ambos, por sus vinculaciones previas” ya que “provenía del Ministerio de Seguridad de la Nación, en ese momento a cargo de Patricia Bullrich”.
- Picardi mencionó que durante el gobierno de Macri se les devolvió el carácter de reservados a los fondos de la AFI y que eso dotó de “opacidad” a ese organismo para, eventualmente, desplegar las maniobras investigadas.
