El nuevo gabinete nacional, con el desembarco de Sergio Massa como nuevo ministro empoderado del área económica, deberá - entre otros varios desafíos - desactivar el nivel de conflicto creciente con las agrupaciones sociales y piqueteras, agudizado por el recrudecimiento de la crisis económica. Así lo dejó expresado Juan Grabois, representante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), a poco de que se confirmara la designación del líder del Frente Renovador al frente del nuevo Ministerio de Economía ampliado.
“Igual que a Batakis y Guzman, le exigimos a Massa medidas urgentes para frenar la pobreza y la indigencia: Salario Básico Universal para informales y aumento general de sueldos y jubilaciones. Seguimos luchando porque si no cinco vivos se la van a seguir llevando. No aflojamos”, posteó el referente social, uno de los más cercanos a Cristina Kirchner y alto perfil mediático, que hace dos semanas agitó el fantasma del estallido social.
No es el único. Desde las distintas organizaciones sociales y piqueteras vienen advirtiendo sobre la suba en los niveles pobreza e indigencia, a partir del aumento de los precios de los alimentos básicos, y el descontento social por la escalada inflacionaria. Se suma el 40% de informalidad de la economía, y la dificultad para llegar a fin de mes aún, para los que tienen ingresos por algún tipo de trabajo. Este panorama se contrapone con los pronósticos de la necesidad de algún tipo de ajuste en el gasto social del Estado, para cumplir con las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional, lo que amenazaría con agravar esas demandas y reclamos.
En lo que va de la gestión de Alberto Fernández, el aumento en la cantidad de planes sociales y la masa de recursos asignados a programas sociales, sin una reconversión visible en empleos genuinos, se volvió un esquema muy difícil de desarticular. Tanto el número de beneficiarios como los recursos asignados se duplicaron en los dos años y medio que lleva su mandato.
El último reclamo en las calles que recalentó el clima político fue el jueves pasado, el día más frenético de cambios de funcionarios y rearmado del frágil tablero del gobierno del Frente de Todos. Las organizaciones sociales que conforman la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), y agrupaciones de Unidad Piquetera volvieron a marchar contra el Gobierno nacional exigiendo más cupos en los planes sociales y un aumento en sus montos. El ministro de Desarrollo Social, Juan Zavaleta, uno de los que sobrevivió a los cambios, ratificó más de una vez que no se ampliarán los cupos de planes sociales. El reciente anuncio del gobierno de un pago de $11.000 por única vez a los beneficiarios del Potenciar Trabajo a cobrar en agosto, no llegó a satisfacer el rosario de demandas, que incluían la implementación de un bono urgente de $20.000, un salarió mínimo universal y la declaración de la emergencia alimentaria. Este bono le significará un desembolso cercano a $14,3 millones de las arcas del estado.
Actualmente, los dos principales programas sociales de los 85 que funcionan bajo la órbita de Desarrollo Social son el Potenciar Trabajo y la Prestación Alimentar. Entre ambos se llevan casi la totalidad del presupuesto de esa cartera: $56.000 millones de pesos mensuales. Al año, suman $672.000 millones, de un total de $685.774 millones previstos para este año para un Ministerio clave en la contención del conflicto social. De ese total, se ejecutaron, en los primeros siete meses del año, $430.760 millones, el 63%.
Más allá del rol de Zavaleta como ministro, en el manejo de estos fondos millonarios destinados a planes sociales pisa fuerte Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y actual secretario de Economía Social, y, Daniel Menéndez, dirigente de Somos Barrios de Pie y subsecretario de Políticas de Integración y Formación, que funciona bajo esa Secretaría. Esta agrupación - afín al Gobierno - se movilizó ayer sábado frente al Congreso “contra un proceso de especulación” atribuido al sector rural. Tenían previsto hacerlo a La Rural, en coincidencia con acto inaugural, pero finalmente decidieron dar marcha atrás para reducir la posibilidad de una escalada en el conflicto con posibles incidentes.
En agosto de 2021, los beneficiarios del Potenciar Trabajo eran 1.131.977. Al día de hoy, suman casi 1,3 millones de personas que reciben este plan social de empleo, que unificó a los anteriores programas Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios, de la gestión anterior. En dos años y medio, esa cantidad de beneficiarios es más del doble que los 556.908 beneficiarios que había a finales del gobierno de Mauricio Macri. Diez años atrás, habían solo 141.638 personas alcanzadas por un programa de este tipo.
El mayor salto en el aumento de beneficiarios de los planes de este tipo se dio en 2010, durante el primer mandato de Cristina Kirchner, cuando hubo un aumento de más del 200% en el Argentina Trabaja (pasaron de 48.945 en 2009 a 148.637 el año siguiente). En 2013, a mediados del segundo período de la entonces presidenta, se produjo otro aumento importante del 62%: crecieron a 213.492. Y en 2017, el año de los comicios de medio término de Cambiemos, crecieron de 219.245 a 421.416, un 92% más que el año anterior. Ese aumento se dio en el marco de una estrategia de la entonces ministra Carolina Stanley de contener la conflictividad social en un año electoral, en una política de concesiones a las organizaciones sociales que fue criticada dentro de su propio espacio.
Ya en la gestión de Alberto Fernández, a finales del 2021 aumentaron a 1.271.215 beneficiarios, un 67% más que en el 2020, cuando eran 761.457, según datos oficiales de Desarrollo Social.
Los que reciben hoy el Potenciar Trabajo cobran la mitad de un salario mínimo vital y móvil (SMVM), y deben cumplir una contraprestación de 4 horas diarias en proyectos productivos, de mantenimiento barrial en municipios y provincias, o la terminación de los estudios. La mayoría de los beneficiarios del programa, realizan esas tareas para cooperativas, ya que los planes son administrados en gran parte por los movimientos sociales. Los rubros de las actividades son construcción, mantenimiento y limpieza, agricultura familiar y producción de alimentos, producción de indumentaria, cuidados y servicios comunitarios, y reciclado. Si el beneficiario no cumple la prestación, a los 60 días se le da de baja el plan.
Como la asignación del Potenciar Trabajo está atada a la actualización del SMV, desde el 1 de junio, pasó a ser de $22.770 por mes y, a partir del 1 de agosto, aumentará a $23.925. Esos 1,3 millones de beneficiarios implican una erogación de unos $28.000 millones por mes.
En fondos, el actual Gobierno nacional destina al Potenciar Trabajo recursos que duplican la partida de esos planes sociales en 2019, considerando la inflación. Durante el último año de Macri, fueron $171.000 millones, equivalentes al 0,22% del PBI. En 2021, se destinaron $215.269 millones que, a valores constantes, equivalen a $370.000 de hoy (el 0,47% del PBI), más del doble que al final del gobierno de Cambiemos.
Para este año, el Potenciar tiene previstos $271.472 millones, que ajustados a una inflación anualizada del 72%, equivalen a una cifra similar a la del año pasado: $370.000 millones. Ya se ejecutaron el 65% de los fondos que maneja Desarrollo Social.
A pesar de la escalada en la cantidad de personas alcanzadas, el programa Potenciar Trabajo solo llega a cubrir el 10% de la población que tiene actualmente dificultades de acceso al mercado laboral, según un informe conocido en mayo del Instituto IERAL, de la Fundación Mediterránea que preside Carlos Melconian. “Considerando la existencia de alrededor de 10 millones de personas en condiciones de dificultad laboral, es decir, desocupadas, empleadas de manera informal o trabajadores sin remuneración, este programa solo cubre al 10,6% de este universo”, estableció ese centro de estudios con sede en Córdoba, en base a datos oficiales.
“Es decir, alcanza a 1 de cada 10 personas en esta situación. En la misma línea, existen importantes disparidades a nivel provincial: mientras Jujuy y la Provincia de Buenos Aires cubren un 22,2% y un 14,6% respectivamente de las personas en dificultad laboral con este programa, otras jurisdicciones como La Pampa, Córdoba y Mendoza, cubren menos del 4%”, estimó este trabajo de la Fundación Mediterránea.
