Voceros de los Estados Unidos dijeron que “están al tanto” de la decisión del tribunal que condenó el martes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que utilizará “todas las herramientas disponibles para combatir la corrupción a nivel mundial”.
Sin embargo, evitaron contestar si le aplicaría posibles sanciones que los expertos estiman que el gobierno de Joe Biden podría imponer a la argentina, como ha sucedido con otros altos funcionarios implicados en administración fraudulenta en la región.
“Estamos al tanto de la decisión de un tribunal argentino de declarar culpable a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de administración pública fraudulenta, condenarla a seis años de prisión e inhabilitarla para ocupar cargos públicos”, dijo escuetamente un portavoz del Departamento de Estado ante una consulta sobre el tema y remitieron a esta corresponsal a preguntar “a las autoridades argentinas con respecto a este caso”, una diplomática manera de bajar el tono al asunto.
Más allá de la posición oficial, varios expertos en corrupción internacional consultados, afirmaron que la vicepresidenta podría ser pasible de dos tipos de sanciones por parte de Estados Unidos. En primer lugar, la orden 1318 que aplica el Tesoro que podría congelar sus bienes o cuentas que tuviera en Estados Unidos. En segundo lugar, bajo la Sección 7031c, el Departamento de Estado podría incluirla en una lista negra por corrupción y denegarle la visa de ingreso al país a ella y a sus familiares directos.
El primer caso en general se ha aplicado a funcionarios venezolanos, rusos, cubanos, iraníes o del Corea del Norte, entre otros, mientras que la más resonante y reciente aplicación de la denegación de visa fue en agosto pasado, cuando al vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, le quitaron la visa por estar involucrado en un tema de coimas. El funcionario dijo que renunciaría a su cargo cuando se enteró de las sanciones estadounidenses.
Consultado sobre si podrían aplicarle a Cristina el castigo que le infligieron al vicepresidente paraguayo, el portavoz respondió: “El Departamento de Estado continuará utilizando esta autoridad y todas las herramientas disponibles para combatir la corrupción a nivel mundial. No discutimos designaciones pendientes o futuras bajo la Sección 7031(c)”.
El debate crece. Poco después de conocerse el fallo, Marshall Billingslea, ex enviado especial y vicesecretario del Tesoro de Donald Trump para combatir el financiamiento del terrorismo, tuiteó: “Kirchner ha sido condenada. ¿Quizás ahora, Departamento del Tesoro, puedas imponer sanciones relacionadas con la corrupción?”. Agregó que “castigar a uno de los políticos más corruptos del mundo probaría que el gobierno (de Biden) es serio sobre combatir la corrupción”.
Consultado por Clarín, Javier Ruiz, abogado especialista en Derecho Penal Internacional, en anticorrupción y terrorismo, dijo que “Estados Unidos puede perfectamente sancionar a Cristina Kirchner. Cuenta con la Orden 13818, del 20 de Diciembre de 2017”. Esta ley es conocida como “Magnitsky” por el apellido de un abogado ruso que fue preso y murió en la cárcel en 2009 por investigar la corrupción en el Kremlin.
Esta normativa, señala Ruiz, autoriza a EE.UU. a "bloquear" bienes de las personas “involucradas en graves casos de corrupción" en el mundo. Sin embargo, el experto aclara que “EE.UU. tiene autorización, pero no obligación, lo cual es una norma de tipo "abierta": esto significa, que en aras de llevar adelante la política "anti corrupción", la administración Biden, puede perfectamente sancionarla”. O no.
Bloquear, explica Ruiz, implica desde “embargos” hasta “inhabilitación de bienes”.
El experto resalta un dato importante de esta ley de EE.UU.: “No distingue si puede proceder con una sentencia de Cámara, como es el caso de Cristina Kirchner, o si tiene que esperar sentencia de Casación o Corte. Pero si la ley no distingue no tenemos por qué distinguir, decimos los abogados. Entonces, puede perfectamente”.
Otros expertos señalan que EE.UU. también podría seguir los pasos del vicepresidente paraguayo y que le revocaran la visa a Cristina. Esta orden (7031c) del Departamento de Estado consigna: “Funcionarios extranjeros y sus familiares inmediatos de los que el Secretario de Estado tenga información creíble de que hayan estado involucrados, directa o indirectamente en casos significativos de corrupción, incluida corrupción relativa a la extracción de recursos naturales o una grave violación de los derechos humanos debe ser inelegible para entrar a Estados Unidos”.
¿Cuál es el criterio para aplicarla? El texto es vago y habla de que debe haber “información creíble” de corrupción ¿Cualquier funcionario acusado o debe estar condenado? Un experto ironizó: “Se habla de información creíble y entonces solo se necesita que el Secretario de Estado lo crea”, remarcaron. En definitiva, resaltan, “son herramientas de política exterior” y “decisiones ejecutivas, no judiciales” y que para que EE.UU. actúe debe tener un interés específico.
En el caso del vice paraguayo, había algunas empresas estadounidenses perjudicadas. Respecto de Argentina, la Casa Blanca ha tenido fuertes roces en el pasado con Cristina y el kirchnerismo, pero busca mantener una relación cordial con el gobierno de Alberto Fernández a quien ve como un interlocutor moderado entre su propia interna, pero también entre gobiernos regionales más extremos, aunque con Lula en el poder se perdería esa carta.
Todo es posible, pero aplicar sanciones a la vicepresidenta podría encender las posiciones antiestadounidenses más radicales y quizás no sea lo que le interese hoy a Washington.
