El gobierno insistirá con su intento de privatizar empresas públicas y para ello pedirá autorización en la nueva versión de la Ley Ómnibus que enviará en los próximos días al Congreso. Sin embargo, la lista será mucho más acotada que la del proyecto original, cuya aprobación fue rechazada el mes pasado por la Cámara de Diputados.
Los primeros borradores que comenzaron a circular por la Casa Rosada incluyen solamente 13 empresas públicas, en lugar de las 41 que se habían planteado en el proyecto original. Esa cantidad se había reducido luego a 30 para lograr que los espacios opositores acompañaran el dictamen que haría posible el debate en el recinto.
Además, se establecieron tres grupos bien diferenciados: compañías con privatización total; con un sistema mixto (el Estado retendrá una parte de las acciones) y a entregar en concesión. En el primer grupo se encuentran Aerolíneas Argentinas; Intercargo (provisión de servicios de rampa para compañías aéreas); Enarsa (energía), Radio y Televisión Argentina (comunicaciones) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
Otras tres podrán adquirir carácter mixto: Nucleoeléctrica Argentina S.A. (energía nuclear), Banco Nación (incluye todas las empresas de servicios financieros controladas por el BNA) y Arsat-Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (telecomunicaciones).
En un tercer grupo se encuentran las que ofrecen servicios públicos y que podrían ser privatizadas o bien concesionadas por un tiempo predeterminado. Allí están Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Correo Oficial; Belgrano Cargas y Logística (trenes de cargas), SOFSE-Sociedad Operadora Ferroviaria (encargada de operaciones de trenes) y Corredores Viales (encargada de mantenimiento de rutas y autopistas en todo el país).
Entre otras quedaron afuera YPF, Casa de la Moneda, la Administración General de Puertos, ADIF (infraestructura ferroviaria), Fabricaciones Militares y Fadea (Fábrica Militar de Aviones), que formaban parte del listado original y que ahora mantendrán la situación en que estaban.
Una ley más corta
La reducción de la lista original, como también la permanencia del Estado en varias de estas firmas como accionista minoritario y/o concedente, es una de las propuestas que resolvió realizar el Ejecutivo para que las provincias acepten sancionar la llamada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que en su texto original reunía 664 artículos con diferentes temas.
Luego de ásperas negociaciones, el Congreso aceptó tratar una con poco más de 380 artículos, que finalmente fue desechada. Ahora se estima que la nueva norma tendrá unos 190 artículos.
Según trascendió, el nuevo proyecto de ley ómnibus contempla nueve capítulos que incluyen la declaración de emergencia en aspectos administrativos, económicos, financieros y energéticos; blanqueo laboral; desregulación económica y adecuación del sistema previsional, entre otros ítems.
Consenso
Las diferencias con el proyecto original están destinadas a preservar los puntos que habían merecido cierta aceptación por parte de todos los bloques en la discusión que se produjo durante las sesiones extraordinarias.
“La nueva Ley Bases será la que tiene todos los consensos que ya se habían obtenido en el Congreso. Es una ley de menos artículos que, para nosotros, igual abarca los temas más importantes”, dijo el ministro del Interior, Guillermo Francos, a la salida de la reunión del viernes con los gobernadores de todas las provincias en la que se logró el visto bueno para su tratamiento parlamentario.
“En función de lo que hemos hablado hoy, trataremos de adecuar la norma para tratar de conseguir la mayor cantidad de consenso para su aprobación”, explicó el responsable del área política del gobierno nacional.
