La Corte Suprema resolvió que el Estado argentino no debe pagar los sueldos de los diputados del Parlasur. Así, zanjó un viejo reclamo de los diputados elegidos en comicios generales para representar al país en el parlamento del Mercosur.
El fallo complementa una decisión anterior que les desconoció a los legisladores regionales la inmunidad de arresto de que gozan, por ejemplo, los diputados nacionales. De hecho, Milagro Sala fue detenida (y aún permanece en esa condición) cuando ya había sido electa legisladora del Parlasur; distinto fue el caso de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien siguió desempeñando su cargo pese a que había sido declarado “rebelde” por un tribunal argentino que había ordenado su detención nacional e internacional.
La Corte declaró “inadmisibles” dos planteos formulados por los diputados regionales Claudia Gil Lozano, de la Coalición Cívica – ARI, y por Alberto Asseff, titular del Partido Nacionalista Constitucional y ex diputado por Juntos por el Cambio.
El máximo tribunal, por unanimidad -aunque con argumentos diferentes, pero coincidentes en la decisión de fondo-, concluyó que los reclamos debían ser desestimados. De esa manera, dejó firmes sendos fallos del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal. El Estado Nacional, en este contexto de crisis y ajuste, tendrá un “gasto” menos que afrontar. Aunque ello signifique, en los hechos, la gratuidad de la tarea de los representantes ante el parlamento regional.
Los ex legisladores del Parlasur invocaron “diversas disposiciones dictadas por órganos del Mercosur” y normas locales que “establecen una dieta equivalente a la de un Diputado nacional, que debe ser abonada por el Estado argentino”.
