Los planes sociales en la Argentina comenzaron a aumentar en el año 2009, pero se multiplicaron por 200 a partir de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, y se quintuplicaro desde que Alberto Fernández delegó su manejo a los movimientos sociales. La curva en la actual administración no dejó de ascender, inclusive, después de la pandemia del nuevo coronavirus.
El plan Potenciar Trabajo -el mayor programa asistencial del Ministerio de Desarrollo Social- está en manos del secretario de la Economía Social, Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita.
El juez federal Ariel Lijo investiga supuestas irregularidades en ese programa, bajo la hipótesis de que intermediarios se quedarían con parte del dinero que el Estado destina a los más vulnerables. La Coalición Cívica denunció en la justicia presuntos desvío multimillonarios a cooperativas de organizaciones que integran el Frente de Todos.
"En Argentina, el gasto en Seguridad Social aumenta de forma progresiva y continua desde 2007, independientemente del contexto económico y de la gestión de gobierno", se afirma en una puntillosa investigación realizada por la Fundación Éforo.
El trabajo técnico, basado en información oficial, destaca que el crecimiento de los recursos públicos asignados a la Seguridad Social "es menor que el número de personas beneficiadas". Es decir que "una persona recibe más de un beneficio para compensar el escaso valor monetario real de estas transferencias". El Estado argentino gasta la mitad de su presupuesto en la Seguridad Social.
Entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner, los planes asistenciales no dejaron de caer. Su inversión llegó a ser menor al 0,1% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. En la actualidad, los planes sociales trepan al 0,6% del PBI en manos de piqueteros oficialistas y de izquierda.
Además de la decisión política del primer gobierno kirchnerista de limitar el número de planes sociales y transformarlos en empleo, se debe tener en cuenta que el país salía de la crisis social y económica del 2001 que terminó con la presidencia del radical Fernando de la Rúa dos años antes.
El gobierno interino del peronista Eduardo Duhalde estabilizó la crítica situación que derivó en saqueos, protestas masivas en las calles, represión policial y muertes.
El ex gobernador de Santa Cruz aprovechó ese envión y el viento de cola que llegó del exterior con un precio récord en la tonelada de soja. Esto posibilitó el incremento del PBI, una baja de los niveles de desocupación, pobreza e indigencia.
