La resolución del Gobierno de eliminar la triangulación de las obras sociales y definir el traspaso directo de los aportes de los afiliados a las empresas de medicina prepagas puso en alerta a la Confederación General del Trabajo (CGT). Pero si bien la mesa chica inició contactos de urgencia, no logró unificar una postura y ahondó las divisiones en la central obrera.
Para los sindicatos más grandes, la medida afecta solamente a los llamados “sellos de goma”, que crearon una estructura fantasma de obras sociales solamente para recibir la derivación de aportes. Además, consideran que podrían beneficiarse al no ser obligatoria la recepción de monotributistas.
Sin embargo, algunos gremios chicos, que sí cuentan con un sistema médico sindical, analizan el impacto de la medida oficial y evalúan judicializar en forma individual la decisión del Ministerio de Salud.
Según cifras oficiales, la resolución del Gobierno de Javier Milei representa para los gremios la pérdida de al menos unos $30.000 millones mensuales, que ahora llegarían de forma directa a las prepagas.
El complejo entramado del sistema argentino de Salud
Hasta la publicación de la Resolución 1/2025 del Ministerio de Salud, la mayoría de los trabajadores bajo relación de dependencia que están afiliados a una empresa de medicina prepaga derivaban sus aportes a una obra social sindical, que se quedaba con un porcentaje de entre el 3% y el 6% mensual en esa operatoria, a la que se la conoce como triangulación.
Para esas obras sociales implicaba un ingreso extra total de no menos de $30.000 millones por mes, cifra a la que se suman los aportes, contribuciones y subsidios que recibían.
La medida tiene un doble impacto. Por un lado, el Gobierno busca que con ese ingreso extra las prepagas bajen los precios a partir de marzo y los aumentos posteriores se mantengan por debajo de la inflación. Pero al mismo tiempo, busca desentramar la operatoria de triangulación, eliminar los sellos de goma y avanzar sobre la burocracia sindical.
“Esta medida pone fin a un sistema perverso diseñado para sacarle el dinero a los beneficiarios y alimentar cajas negras”, indicaron desde el Ministerio de Salud.
Si bien apenas se publicó la resolución, la CGT se puso en pie de alerta; a medida que bajaron las aguas, se conocieron los alcances y llevó tranquilidad a los gremios más grandes, que más peso tienen dentro de la central obrera.
La cúpula de la CGT, que evaluaba la convocatoria de urgencia de la mesa chica ampliada para analizar el tema, dejó correr el tiempo y los sindicatos más chicos quedaron en soledad para reclamar al Gobierno. La división está clara.
Sin embargo, el tema de la salud no es una cuestión cerrada para la central obrera. A mediados de agosto del año pasado, la CGT había advertido sobre los altos costos de sostener el Plan Médico Obligatorio (PMO) para afiliados que con sus aportes (monotributistas y empleadas domésticas, fundamentalmente) no llegan a cubrir el costo de ese servicio.
En concreto, piden al Ministerio de Salud que reemplace el PMO por una canasta de servicios de emergencia (CSE) y que aumente los aportes de monotributistas y empleadas domésticas. Además, de otras adecuaciones vinculadas con el PAMI y otros beneficiarios.
