El juez federal Sebastián Casanello resolvió dar por concluida la investigación sobre Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, y solicitó la opinión de las querellas y la fiscalía antes de decidir si la causa avanza a juicio oral.
Belliboni enfrenta graves cargos que incluyen «administración fraudulenta», «amenazas coactivas» y «extorsión», delitos por los cuales podría recibir penas de hasta 15 años de prisión. Las acusaciones apuntan al presunto desvío de fondos asignados al Polo Obrero y a la organización El Resplandor a través de convenios con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
La investigación, que involucra a Belliboni y a otros 17 acusados, ha sido ratificada recientemente por la Cámara Federal porteña, que confirmó el procesamiento de los imputados en relación con el desvío de fondos públicos del Programa Potenciar Trabajo.
Según fuentes judiciales, el juez Casanello consideró que «estimándose completa la instrucción respecto de los hechos por los que fueron procesados» Belliboni y los demás acusados, es el momento de «dar cumplimiento al mandato de celeridad» emitido por el Tribunal de Apelaciones, lo que implica consultar a las partes involucradas antes de proceder al sorteo de un tribunal oral. Esta medida podría acelerar el proceso judicial, con la posibilidad de que la causa se lleve a juicio en los próximos meses.
La fiscalía sostiene que los fondos fueron malversados en perjuicio del Estado y que se habrían utilizado para fines ajenos a los objetivos del programa.
En su resolución, el juez también destacó que es necesario «concentrar esfuerzos» en las investigaciones que aún quedan pendientes, especialmente en lo que respecta a posibles responsabilidades de ex funcionarios del gobierno de Alberto Fernández.
A juicio de la Cámara Federal, la modalidad de actuación de la organización Polo Obrero va más allá del simple desvío de fondos públicos y alcanza los delitos de «amenazas coactivas y extorsión», que habrían sido parte de una práctica institucionalizada dentro de la organización. La justicia considera que estos hechos dañaron no solo las arcas públicas, sino también la integridad de las políticas sociales implementadas por el Estado.
