Cristina Kirchner volvió a apelar a las redes sociales para dar sus impresiones sobre el juicio en su contra por la causa Vialidad. "Luciani y Mola mintieron descaradamente", sostuvo este lunes luego de la primera jornada de alegatos de su defensa.
“Vieron lo que les dije ayer, ¿no? Que Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis”, escribió la vicepresidenta pasadas las 15.
El alegato final de la defensa de la vicepresidenta en la causa conocida como "Vialidad" comenzó este lunes ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que la juzga junto a otros 12 acusados por delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
La expresidenta enfrenta un pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por parte de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, como supuesta "jefa" de asociación ilícita y administración fraudulenta.
Este domingo la propia Cristina Kirchner había aprovechado las redes sociales para recordar el inicio del alegato de su defensa y pidió seguir "atentamente" la presentación de Beraldi desde las 8 de la mañana para mostrar "cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales (Diego) Luciani y (Sergio) Mola".
El proceso sigue su marcha normal pese a la insistencia de sectores del kirchnerismo por relacionarlo con el atentado que sufrió la Vicepresidenta el 1° de septiembre y reclamar en consecuencia su suspensión como supuesta garantía de "paz social".
El planteo del defensor Carlos Beraldi concluirá con un pedido de absolución y una posible intervención personal de Cristina Kirchner el próximo viernes con una réplica a la acusación de la Fiscalía, que pidió una condena de 12 años en su contra, y al desempeño del Tribunal que la juzga durante estos tres años de debate.
Para la posible irrupción de la vicepresidenta será necesario que se constituya en su propia defensa tal como lo estipula el Código Procesal Penal. Sólo los abogados pueden pronunciarse en esta etapa, y su título le permite ejercer la autodefensa. Hay un antecedente al respecto: Fernando De la Rúa lo hizo para hablar durante los alegatos en el juicio por las coimas del Senado.
Posiblemente, sea la primera vez en la que Cristina Kirchner haga referencia a la prueba incorporada en este caso, dejando de lado los descargos políticos que pronunció cuando fue indagada en diciembre de 2019 y la exposición que realizó, fuera de sede judicial, al día siguiente del pedido de condena de la fiscalía.
El punto de encuentro en esas dos instancias fue la tesis del lawfare, es decir, se considera víctima de una persecución política y descree del proceso judicial al que fue sometida. Asimismo, reiteró que a su entender el Tribunal -como parte de ese mecanismo-, ya cuenta con una condena escrita.
La Vicepresidenta ya había cargado duramente contra los argumentos del fiscal Luciani, rechazando las acusaciones que pesan sobre ella. Insistió que no hay ninguna prueba jurídica real y volvió a plantear que Lázaro Báez a quien definió como un simple inquilino, no fue el empresario más favorecido durante su gestión, con contratos viales en el sur.
En el juicio que comenzó en mayo de 2019 y condujo a Cristina Kirchner a estar sentada por primera vez en el banquillo de los acusados, se analizaron los 51 contratos viales que ganó el Grupo Austral por un total de 46.000 millones de pesos. Se trató del 80% de los contratos viales que se licitaron en Santa Cruz entre 2003 y 2015 y que representaron el 11% del presupuesto general de Vialidad Nacional.
Hay dos números que desentrañó la Fiscalía al respecto: el patrimonio de Báez creció entre 2004 y 2015 un 12.000%, y el de Austral Construcciones su firma insignia, un 46.000%. Dos datos rodean esas exorbitantes cifras: la empresa tuvo como único cliente al Estado, y mientras crecía como empresario de la construcción celebró dieciocho acuerdos comerciales con los ex presidentes desde el ámbito privado.
Toda la maniobra, para la fiscalía, constituyó "la matriz de corrupción más extraordinaria que existió", y los responsables de "instalar la misma fueron Néstor y Cristina Kirchner". Fueron las palabras de Diego Luciani cuando inició su alegato el 2 de agosto.
Durante nueve audiencias el Ministerio Público Fiscal buscó corroborar la acusación central. Cuando se refirió a la responsabilidad de la Vicepresidenta y al fundamentar su pedido de doce años de prisión, Luciani sostuvo: "Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad, se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país, en la cual los imputados -en una estricta división de roles- sustrajeron fondos del erario, adoptando todas las medidas para efectuarlas en total impunidad".
Su reclamo fue al considerar reprochable la conducta de los trece imputados de haber "trastocado el orden público a través de una asociación ilícita conformada por las más altas autoridades del país, dirigida por Cristina Kirchner como jefa y sus principales ministros como organizadores".
Como agravante del funcionario de la asociación ilícita, el Ministerio Público Fiscal demostró y cuantificó el perjuicio al Estado, como resultado de la administración infiel. Se determinó que por los montos erogados en las 24 obras abandonadas, las modificaciones de costos y plazos sobre 39 contratos y la cartelización en la obra pública "el daño ocasionado asciende a 5.321 millones de pesos, un equivalente 1.000 millones de dólares".
