En medio del escándalo por el descubrimiento de la AFIP, de que varios beneficiarios del programa social “Potenciar Trabajo”, habían comprado dólares para ahorrar, tenían más de dos propiedades a su nombre y había cerca de tres mil muertos que percibían el subsidio del Estado, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, decidió suspender las auditorias encargadas a las universidades.
El convenio lo había iniciado el anterior titular de la cartera, Juan Zabaleta, tras las críticas de Cristina Kirchner, por el manejo del dinero público por parte de las organizaciones sociales.
Sin embargo, la actual encargada del área, eligió suspender el acuerdo con universidades nacionales para un relevamiento presencial de los beneficiarios para obtener información demográfica.
En su lugar, la funcionaria dispondrá un sistema de validación de identidad digital, más un formulario on-line, que se pondrá en práctica a fines de este mes y que busca acelerar el control sobre la distribución de los planes sociales, según refirió.
A criterio de la ex diputada, el sistema que se viene aplicando para el relevamiento de datos, es deficiente y tarda demasiado, por lo que con este nuevo método, pretende acceder de manera rápida a la información de cada beneficiario, sin intermediarios.
Por su parte, desde la cartera social, también indicaron que pretenden corroborar los datos presentados por AFIP, que indican que entre los 1.383.279 beneficiarios del Potenciar Trabajo, hay más de 250.000 que tienen a su nombre bienes registrables, o declararon Bienes Personales o compraron dólares.
Desde el área, sostienen que es imposible que casi un 20% del padrón del Potenciar haya “trampeado” el sistema por estar en una situación económica incompatible con la necesidad de percibir un plan social.
