El caso de Loan Danilo Peña, el nene de cinco años que desapareció el 13 de junio en Corrientes, instaló nuevamente en la agenda mediática una realidad cada vez más alarmante en la Argentina: la trata de personas.
Según la Ley 26.842 del Código Penal -sancionada en el 2008- este delito consiste en “el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países”, y comprende tanto a la explotación laboral y sexual como el tráfico de órganos, la adopción ilegal, entre otros.
En nuestro país, la institución que se encarga de esta problemática en materia jurídica es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que, a su vez, trabaja de cerca con el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Entre las medidas que estos organismos trabajan en conjunto, se encuentra la administración de la Línea 145, que funciona de manera gratuita los 365 días del año y las 24 horas. Allí, las personas pueden enviar información, pedir asistencia o denunciar este tipo de casos.
Según el portal de datos del programa Justicia Abierta, en 2024 se registró una denuncia por trata de personas cada cinco horas en todo el país. Además, en dicho informe, se reveló que desde que arrancó el año hasta el 31 de mayo, se realizaron 812 llamados, un promedio de 5 por día.
En cuanto a la distribución geográfica, las estadísticas indican que la mayoría de las denuncias se realizaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un 22,29% del total del porcentaje país. A este número, le sigue la provincia de Buenos Aires con 19,46% y Córdoba con el 7,51%.
Con respecto al tema de las denuncias, los datos apuntan a que los casos que más se reportan son por explotación laboral con el 48,3%, seguido por explotación sexual con el 33,5%. Por otra parte, otro de los delitos que más se registraron fueron por captación o traslado con fines de explotación que, en total, sumaron 72 llamados en lo que va del año en todo el país.
En cuanto ingresa un llamado a la Línea 145, se recepciona por un profesional capacitado del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata de Personas y se lleva a cabo un análisis del caso. Si bien en algunas circunstancias se logra identificar a las víctimas, en otras no.
En el 2024, de las 812 denuncias efectuadas, sólo se pudo identificar a 449 víctimas. De ellas, el 58,1% (261 casos) es mujer, el 41,2% (185 casos) es varón y el 0,7% (3 casos) es trans.
En otro aspecto, de las 449 identificadas, se logró determinar la edad de 327. De estas, el 34,9% corresponde a individuos de 26 a 40 años, el 24,5% a jóvenes de 18 a 25 años, el 5,8% a menores de 14 y, finalmente, el 4,3% a mayores de 60.
Con respecto al contexto judicial, según los datos aportados por la página oficial de PROTEX, desde el 2009 al 2023 se llevaron a cabo 560 sentencias por trata de personas en la Argentina. De ellas, el 70,4% (394 casos) fueron sentencias condenatorias.
En esta línea, las estadísticas indican que, en el período mencionado, 760 personas fueron condenadas por explotación sexual mientras que 203 fueron por explotación laboral.
Asimismo, según el informe “Trafficking in Persons Report (TIP Report)” que realiza el Departamento de Estado de los Estados Unidos de forma anual, en el 2023 Argentina se encontró en la categoría más alta en relación a las medidas de prevención, persecución y asistencias a las víctimas de trata de personas. Esta distinción se realiza sobre un total de 188 países y busca reunir información acerca de los esfuerzos gubernamentales para combatir este tipo de delito.
“El Gobierno de Argentina cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas. El Gobierno siguió demostrando esfuerzos serios y sostenidos durante el período que abarca el informe, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia de COVID-19, si lo hubiera, en su capacidad de lucha contra la trata de personas; por lo tanto, Argentina se mantuvo en el nivel 1″, expresa el reporte.
Sin embargo, en cuanto a las recomendaciones más relevantes que sugirió el organismo, se señaló, en primer lugar, fortalecer las investigaciones, “especialmente a los funcionarios cómplices y a los traficantes laborales”; mejorar la asistencia a las víctimas y plantear penas de prisión más significativas para los condenados.