El juez a cargo del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, Fernando Poviña, ordenó el jueves pasado una serie de allanamientos para detener y desarticular a una banda dedicada a secuestros extorsivos, integrada por policías de la provincia tanto exonerados y retirados como en actividad, en línea con lo requerido por el titular de la Fiscalía Federal N° 2, Agustín Chit, y el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos, Santiago Marquevich. En los procedimientos se logró la detención de cinco personas, se secuestraron armas, municiones, ropa de fajina de la Policía de Tucumán, numerosas credenciales policiales, documentos, celulares y dispositivos electrónicos. Al momento, una persona sospechada se encuentra prófuga de la justicia.
La investigación tuvo origen a partir del secuestro sufrido el 19 de febrero pasado a las 14.30 por un hombre en su lugar de trabajo. En ese hecho intervinieron por lo menos tres efectivos policiales en actividad, otros tres retirados y exonerados, junto con una persona más todavía no identificada, todos ellos vestidos con indumentaria de la Policía provincial. Simulando un procedimiento policial, los sujetos irrumpieron en el inmueble donde se encontraba la víctima portando armas y sin orden judicial. La esposaron y le dijeron a un empleado del lugar que su libertad “tenía un precio”. En el secuestro, también robaron armas y herramientas.
Los captores utilizaron el teléfono celular de la víctima para negociar con sus familiares la entrega de 200 mil pesos y de un automóvil de su propiedad. Hasta tanto se efectivizó el pago, los secuestradores fueron trasladando a la víctima en una caravana de autos particulares y pasaron por distintas zonas de la ciudad de San Miguel de Tucumán hasta su liberación. Durante todo el trayecto, mantuvieron a la víctima custodiada, pero sin taparle o impedirle la visión. Más tarde, dos de los captores regresaron al domicilio de la víctima y allí se concretó el pago del rescate. Una vez que lo recibieron, la víctima fue liberada en su domicilio particular.
La investigación permitió la identificación paulatina de los implicados a partir del análisis de cámaras de seguridad, comunicaciones, estudio de fuentes abiertas de información y de los testimonios de las víctimas, con los cuales se logró determinar el recorrido preciso que realizó el damnificado hasta su liberación. Se trató de un trabajo conjunto de la Unidad de Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional (UNIPROJUD), a cargo del 2do comandante Esteban Cayo, y el Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal, a cargo del comisario inspector Fabio Pirrone, coordinados por la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán y la UFESE.
Por una parte, el trabajo de campo y al análisis de declaraciones testimoniales de las víctimas referidas a las características fisonómicas de los secuestradores y las descripciones de los vehículos empleados para la comisión del delito -realizados por la UNIPROJUD de la Gendarmería Nacional- permitieron señalar posibles autores. A su turno, el análisis efectuado por el personal de la Policía Federal con relación a las líneas telefónicas que tuvieron un comportamiento temporo-espacial análogo a la línea de la víctima activa permitió establecer fehacientemente la identidad de los acusados. Para el Ministerio Público Fiscal, “la interacción de esas líneas telefónicas, mientras se producían los acontecimientos, obedeció a las características propias de la división de tareas que medió entre todos sus intervinientes”.
A todo ello se añadió que el hombre víctima del secuestro declaró que había reconocido a uno de sus captores entre quienes participaron al día siguiente de un robo en Famaillá, cuyos rostros se hicieron públicos. Esa circunstancia permitió tomar contacto con el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Tucumán y obtener información relevante para la investigación.
Por estos motivos, Chit, Marquevich e Ignacio Rueda -auxiliar fiscal de la UFESE- solicitaron la detención de seis personas acusadas como coautoras del delito de secuestro extorsivo agravado por la participación en el hecho de tres o más personas, asociación ilícita y robo agravado por uso de armas de fuego y por haber sido cometido en despoblado y en banda. Los procedimientos fueron autorizados por el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, y se designó a la Gendarmería Nacional y a la Policía Federal para que, bajo la dirección de la Fiscalía Federal N° 2, procediesen a la detención de los imputados.
