Con octubre arranca el trimestre más temido por Cristina Kirchner en su frente judicial. De acá a diciembre tiene un juicio en curso y dos pendientes de revisión.
Uno empieza a resolverse este martes y es Hotesur-Los Sauces, donde Cristina fue sobreseída sin juicio en una decisión inédita.
Con la audiencia preliminar de este martes, Casación empieza a revisar aquel polémico fallo.
Una especie de VAR decisivo. No juzgarla será ratificar su "inocencia anticipada".
Lo contrario la expondrá al "riesgo" de fiscales que volverían a acusarla, con el trauma que eso significa en la agenda política del Gobierno, unida a la realidad judicial de Cristina por cordón umbilical.
Cristina no quiere otra carroza de pruebas y alegatos ni problemas para sus hijos: esta es la causa donde a Florencia Kirchner le encontraron casi 5 millones de dólares cash en su caja de seguridad.
Noviembre traerá más definiciones: la que dirá si Cristina debe ir a juicio por el Pacto con Irán, otra de las acusaciones en las que tuvo absolución premium de un tribunal que eligió no juzgarla aunque ya tenía definida una lista de 300 testigos para el juicio oral.
¿Cuál sería el problema de escucharlos en un debate público, en lugar de callar de antemano lo que algunos tendrían para decir?
El Pacto con Irán fue la acusación de Nisman a Cristina cuatro días antes de aparecer muerto en su departamento.
Hay allí un punto que parece superficial pero es bien profundo. La idea de que se trató de una “decisión política no judiciable”.
Pero una cosa es decidir un pacto para llevar a los iraníes a juicio y otra simular este escenario para cambiar impunidad en la AMIA por petróleo y energía.
Lo primero es una estrategia política. Lo segundo, un delito.
¿Cómo determinar de antemano lo que sucedió allí si no se escucha a las partes en la riqueza multidireccional de un juicio oral?
¿Qué razones jurídicas reales -no políticas, que son obvias- habría para no sentar a Cristina en ese banquillo?
Ahora se investiga otra causa relacionada al tema: el incendio en la Casa Rosada donde se borraron 130.000 registros de ingresos del período en que se negociaba el Pacto con Irán.
Aquel siniestro gambeteó a la Justicia por un ardid del Gobierno: la Policía hizo un sumario por “alarma de incendio”, aunque fue un incendio consumado que terminó con cuatro bomberos en emergencias médicas.
El jefe político de la Federal era Sergio Berni. El jefe de la Seguridad en la Rosada que no hizo la denuncia y luego cambió la fecha del incendio ante los medios era el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández.
La tercera definición contra Cristina será en diciembre, cuando salga la sentencia por Vialidad, donde le pidieron 12 años de prisión.
Cristina se debatirá entonces entre dos escenarios bien diferentes: si Casación ratifica sus sobreseimientos sin juicios en Hotesur-Los Sauces y en el Pacto con Irán llegará a diciembre más fortalecida para esperar el fallo por Vialidad, donde denuncia lawfare.
En ese punto, esperaba un triunfo contundente de Lula en primera vuelta -que no sucedió-, para construir un espejo: la idea del presidente “perseguido” que vuelve ungido por el pueblo.
Pero ni Lula lo consiguió hasta ahora ni ella tiene el caudal electoral del brasileño.
El peor escenario para Cristina es entrar al 2023 con los juicios pendientes en marcha y una eventual condena por Vialidad ya dictada.
Por eso avanza el viejo truco de sembrar la justicia de nuevos amigos donde apalancarse.
Podrían llamarlo lawfriend.
Un amigo de Máximo que nunca ejerció como abogado ya está en la Corte de Santa Cruz y los proyectos para licuar el poder de la Corte nacional pasan de 25 miembros a 15, o a lo que haga falta con tal de ampliar los metros cuadrados del refugio por si al final llega el diluvio.
