Un nuevo caso de captación de una menor víctima de abuso secual dentro de un ámbito intrafamiliar, vuelve a sacudir al país. En esta ocasión fue el de una nena de 12 años, oriunda de Garibaldi (a unos 120 km de la capital santafesina) que tenía turno para ir al Hospital Iturraspe el 2 de enero para llevar a cabo la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La menor, luego de haber sido violada por su padre en reiteradas ocasiones (actualmente detenido luego de estar prófugo de la Justicia), desapareció de una clínica privada y el Gobierno provincial comenzó su búsqueda. Desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia se informó que la niña había sido captada por Grávida, una ONG católica y provida, quien captó a la menor y la mantuvo cautiva durante 24 horas en un hogar de menores para evitar que aborte.
Este caso, que se conoció en las últimas horas, tuvo como desenlace que la menor quede internada, bajo tutela del Estado, mientras su madre y los médicos evalúan practicarle finalmente el aborto. “La niña y su madre, luego de haber sido abordadas por equipos interdisciplinarios de niñez y salud, fueron derivadas inmediatamente al Hospital Iturraspe ante el pedido y consentimiento explícito de acceder a una Interrupción Legal del Embarazo”, explicó Florencia Marinaro, ministra de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe.
Según la evaluación de los profesionales, la nena estaría a tiempo ya que transita el segundo trimestre del embarazo, y por lo tanto podría ser sometida a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Un periplo tan doloroso como desafortunado
En un principio la joven debía ser sometida a la intervención el lunes pasado, pero no se presentó al hospital. Esto se debió a que ese fin de semana fue llevada a una casa de la Asociación Civil Grávida, donde fue retenida según el relato de la funcionaria santafesina. “Se pusieron a disposición todos los mecanismos estatales previstos para garantizar el cumplimiento de este derecho. En el trayecto fueron interceptadas por una ONG que buscó impedir que el procedimiento se llevara a cabo”, sostuvo la ministra.
El 19 de diciembre, madre e hija, habían ido a un control médico en el cual se comprobó que la chica estaba embarazada, por lo que manifestaron la intención de interrumpir la gestación y firmaron un consentimiento. Sin embargo, el día de la fecha acordada no concurrieron a la cita.
A raíz de la situación, sin noticias del paradero de ambas, la Justicia de Santa Fe activó la búsqueda y halló a la niña -mediante la fuerza pública- en la Casa Hermanas de Betania, una de las sedes de Grávida, para llevarla a un hospital. “En este sentido, quiero destacar que sin una intervención coordinada e inmediata esto no hubiera sido posible y que esta situación expresó un intento por parte de una organización de obstaculizar la preservación de la salud de una niña de 12 años en un alto grado de vulnerabilidad”, apuntó Marinaro.
Como consecuencia de los hechos, la Campaña Nacional del Aborto en Santa Fe apuntó contra Grávida, a la que tildó de “organización fundamentalista” y pidió que se investigue su accionar en el caso, debido a que “quiso obturar el derecho de la niña a la interrupción del embarazo”. Por su parte, la ONG no emitió ninguna declaración en sus redes sociales (ni respondió al llamado de la prensa), aunque sí limitaron los comentarios en sus publicaciones ante la cantidad de quejas y pedidos de explicaciones por parte de la gente.
Mientras tanto, la Justicia también avanzó en la investigación sobre el padre de la menor. Fue así que la fiscal Alejandra Del Río Ayala imputó al hombre, de 42 años, por el delito de abuso sexual agravado, en una audiencia desarrollada horas después de haber sido capturado en la ciudad de Recreo.
Tras la audiencia, la fiscal afirmó que existe una denuncia por violencia de género contra el padre de la niña, radicada por la ahora expareja en la localidad santafesina de San Jorge, en junio pasado.
Según relata el presidente comunal de la localidad de Garibaldi, Héctor Spada, ya se conocían las actitudes violentas del presunto agresor. “Se sabía que había violencia por parte del padre hacia la madre y hacia los chicos. Era golpeador y cuando se alcoholizaba le pegaba a la esposa y a la familia. El hombre tuvo unos cuantos problemitas y hasta estuvo detenido. La mujer se fue de la casa y un mes después la acompañó a su hija al Samco”, dijo el funcionario en diálogo con la radio Aire de Santa Fe.
El antecedente de Grávida
Esta no es la primera vez que la asociación civil se ve envuelta en un escándalo similar en Santa Fe. En 2015, María Belén Catalano, una psicóloga de Grávida, se infiltró en el hospital Iturraspe para convencer a la madre, de una menor con retraso madurativo, para que no aborte, algo que logró. Para ello, la profesional se había hecho pasar clandestinamente por una integrante de la Secretaría de Niñez para ganarse la confianza de ambas.
El caso, que recién dos años después se conoció públicamente, fue denunciado por el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos lo que derivó en un “apercibimiento” por falta de ética y le suspendió la matrícula por seis meses a Catalano. En octubre de 2017, la Cámara Penal de Santa Fe anuló la sanción pero en marzo de 2021 la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe revocó ese fallo –por unanimidad- y ordenó dictar una nueva sentencia al tribunal subrogante.
En cuanto al destino de la niña de 12 años y su madre, el bebé nació en el hospital Cullen y luego fue puesto en adopción.
